La provincia de Santa Fe vive horas críticas. Lo que comenzó como un reclamo salarial de familiares y agentes retirados escaló a un conflicto directo dentro de la fuerza. Hubo momentos de máxima tensión en Rosario, donde efectivos que no participaban de la protesta se enfrentaron con los manifestantes frente a la Jefatura. A las 10 las autoridades darán una conferencia de prensa.
El malestar, que venía gestándose por el deterioro de los haberes y las condiciones de trabajo, terminó de estallar tras el suicidio del suboficial Oscar Valdez frente a una dependencia policial la semana pasada. Este trágico hecho puso en el centro de la escena no solo el reclamo económico, sino también la falta de contención en salud mental dentro de la institución.
A pesar de que el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunciaron un paquete de medidas de emergencia el pasado viernes, los sectores autoconvocados consideran que las soluciones son “parciales y segmentadas”.
El Gobierno de Santa Fe dispuso un plus de hasta $500.000 para personal operativo en Rosario y Santa Fe, y $250.000 para choferes y zonas de segundo nivel; duplicó el monto de la tarjeta alimentaria, alcanzando los $160.000 mensuales; y brinda transporte gratuito y programas de alojamiento para efectivos trasladados.
Sin embargo, desde agrupaciones como la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol) advierten que estos montos no impactan en el salario básico ni benefician a la totalidad de los 25.000 agentes, dejando fuera a administrativos y personal del interior.
Reclamo en Rosario
Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, la Jefatura de Rosario (Ovidio Lagos al 5200) fue el epicentro del conflicto. Hubo quema de cubiertas y un intento de desalojo por parte de unidades operativas que derivó en forcejeos y enfrentamientos entre los propios efectivos. La situación se replicó con modalidades de “brazos caídos” o acuartelamientos preventivos en localidades como Rafaela, Vera y Reconquista.
El impacto político
Para la gestión de Pullaro, el conflicto representa un golpe a su principal bandera: la seguridad. Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una gestión “pro-policía”, el arco opositor y legisladores como Carlos Del Frade han solicitado informes urgentes sobre las condiciones laborales, alertando que hay al menos 560 efectivos bajo seguimiento psicológico estricto.
Por estas horas, la tensión persiste y no se descartan nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no abre una mesa de diálogo que incluya una recomposición salarial al básico para toda la jerarquía policial.