El reconocido constitucionalista Antonio María Hernández argumentó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría, en un hipotético caso, recibir el indulto presidencial, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena en la causa Vialidad.
Hernández, quien fue convencional constituyente en la reforma de 1994, detalló que la segunda parte del artículo 36 de la Constitución Nacional “eleva también a rango constitucional como delito el enriquecimiento en la función pública”. De esta forma, no sería posible el indulto según su punto de vista.
El mencionado artículo, del que Hernández fue miembro informante, marca que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos“. Al mismo tiempo, consideró que “el fallo de la Corte al concluir todo ese proceso evidentemente es una noticia fuera de lo común con un enorme impacto”. “Hay que tener presente que la lucha contra la corrupción es esencial para afirmar el sistema republicano y la democracia constitucional”, resaltó el exdiputado nacional.
Cristina Kirchner: la imposibilidad del indulto y las puertas abiertas ante un reclamo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el pedido de asilo político
Ante la imposibilidad del indulto, Hernández confirmó que la expresidenta “puede recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros formamos parte del sistema interamericano que tiene dos instituciones clave: la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana“. “Siempre el trámite tiene que ser presentado dentro de los seis meses de dictada la última sentencia por un tribunal como fue la Corte Suprema de Justicia argentina“, aclaró.
En este sentido, insistió en que “se puede presentar una denuncia porque van a aducir seguramente que hubo violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos“. “Esos artículos lo que garantizan es el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva”, resaltó.
“En definitiva, hay causas de este tipo ya en la CIDH. Todo esto lleva mucho tiempo en su tramitación y para que el tema llegue finalmente a la Corte primero es necesario que haya una decisión de la Comisión Interamericana. Esto dura varios años. El propio código de procedimientos penales de la Nación hace referencia a esta posibilidad en el artículo 366″, mencionó.
Con respecto a la posibilidad de que la expresidenta solicite asilo político en algún país, Hernández fue claro: “Yo creo que esa hipótesis no se va a producir. Acá lo que tiene que hacerse es cumplirse la sentencia, ejecutarse de inmediato. No hay ninguna posibilidad de que no se cumpla la sentencia, sería realmente muy grave”.
En Casa Rosada anticipan una detención “respetuosa” de Cristina Kirchner
Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, desde Casa Rosada aseguraron que la detención será “respetuosa” y se evitará hacer “un show”. La líder del PJ tiene cinco días hábiles para presentarse ante la Justicia desde el momento en que fue notificada sobre su condena, es decir, hasta el miércoles que viene. “La foto humillante no va a estar”, indicó una fuente de Gobierno.
La situación recuerda a la imagen del exvicepresidente Amado Boudou esposado, en pijama y descalzo, detenido por Prefectura Naval en su departamento de Madero Center. “Eso lo hacía el macrismo”, dijeron desde Rosada.
Si bien el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo de Jorge Gorini, deberá definir el lugar en el que deberá comparecer la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto.
Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y en caso de que la justicia no de lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales.