La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de potenciar la certificación en triple impacto para pymes.
La rubrica del acuerdo se llevó a cabo en la sede de la secretaria en el marco de una reunión en la que estuvieron presentes el titular de la cartera, Juan José Bahillo, el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; el director de Agregado de Valor y Gestión de la Subsecretaría, Pablo Morón; y el presidente de CAME, Alfredo González, entre otros.
“Para nosotros están en una misma línea la producción de alimentos y el cuidado ambiental. Hay que validar de manera científica los procesos con los que producimos”, dijo Bahillo al finalizar el encuentro.
Por su parte, González señaló que “reafirmamos el compromiso de trabajar en la diferenciación de las cadenas de valor y el desarrollo sostenible de las pymes. El triple impacto llega a las empresas de manera directa”.
La certificación está orientada a pymes que deseen legitimar un modelo de negocios con mayor conciencia económica, social y ambiental, de ahí el término englobador de triple impacto.
El sello es una herramienta única en su tipo en latinoamérica, y se encuentra disponible para todas las empresas nacionales, independientemente de su tamaño y actividad.
Durante el encuentro también dialogaron sobre un proyecto de ley para las economías regionales.
“Vamos a presentar en el Senado este proyecto que estamos desarrollando en conjunto entre privados y públicos. De aprobarse se convertirá en la primera normativa en 40 años de democracia que estará dirigida de manera específica a este sector productivo”, explicó González.
El proyecto de ley “Régimen de promoción de agregado de valor de las economías regionales” tienen por objetivo promover el desarrollo con agregado de valor y sostenible al sistema agroindustrial y las cadenas de valor pyme.
Adelantaron que los principales puntos del proyecto son: la reducción de contribuciones patronales a través del Mínimo no Imponible (MNI), creación de una Cuenta Única Tributaria, reducción del costo energético (energía eléctrica y gas), a través de una baja en la carga tributaria, compatibilidad de planes y/o programas sociales con el trabajo rural registrado, promoción de certificaciones de triple impacto.