La jueza del Principado de Andorra Stephanie García congeló 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, por 51 millones de dólares.
La información la difundió el medio español El País.
Los fondos pertenecen a ex dirigentes, ex funcionarios públicos y testaferros sobornados por Odebrecht a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Cerca de tres millones de dólares se vinculan con empresarios y altos funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del fallecido ex presidente peruano Alan García (2006-2011).
En tanto, hay más de 30 millones de dólares conectados con gente de confianza de ex jefe de Gobierno de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014).
El embargo también impacta en fondos de Alecksey Mosquera, ex ministro de Electricidad durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), por 279.393 dólares, en 1,3 de dólares de dos ex directivos de Odebrecht.
El saldo retenido representa una cuarta parte de los 200 millones de dólares que la constructora brasileña desembolsó en Andorra para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.