El juez Ernesto García Maañón quedó suspendido de su cargo en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, acusado de acoso sexual y laboral. La decisión la tomó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.

El tribunal también ordenó embargarle el 40% de su sueldo mientras avanza el proceso que podría terminar con su destitución. La medida fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre.

La denuncia la presentó una funcionaria que trabajaba bajo sus órdenes en la Cámara de San Isidro.

El jurado consideró que existen elementos suficientes para admitir formalmente las acusaciones contra el magistrado y declaró “la verosimilitud de los cargos imputados”.

La resolución judicial establece la suspensión “a partir de la fecha de notificación”. El magistrado había sido apartado preventivamente de sus funciones en agosto pasado, cuando las denuncias tomaron estado público.

La medida deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo bonaerense, la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia provincial. El embargo sobre el sueldo del juez regirá durante todo el proceso de enjuiciamiento.

Qué sigue ahora en el proceso contra el juez de San Isidro

El tribunal, presidido por Sergio Gabriel Torres, otorgó un plazo de diez días a las partes. En ese período deberán ofrecer las pruebas que pretendan utilizar durante el debate.

El siguiente paso será avanzar hacia el juicio oral y público. Allí se determinará si corresponde destituir al magistrado de manera definitiva.

La decisión también tiene consecuencias sobre la renuncia que García Maañón presentó en julio de 2025. El gobernador Axel Kicillof no aceptó esa dimisión.

El avance del proceso de enjuiciamiento impide que el juez eluda el procedimiento mediante su salida voluntaria del cargo. La renuncia queda sin efecto mientras continúe la investigación.

Quién es la denunciante y cómo empezó el caso

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por G.B.S., una secretaria letrada. La funcionaria trabajaba en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

Ella acusó al magistrado de haberla sometido a insinuaciones sexuales, situaciones intimidatorias y malos tratos laborales. Los episodios habrían comenzado en febrero de 2025.

El caso llegó al Jurado de Enjuiciamiento mediante una presentación del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand. Posteriormente se sumaron las acusaciones del Colegio de Abogados de San Isidro y de la propia denunciante.

Las imputaciones también incluyen violencia laboral, utilización indebida de recursos públicos, intimidación de testigos y delegación irregular de la firma digital del magistrado.

Los mensajes y episodios que forman parte de la acusación

En su denuncia, G.B.S. relató que los episodios comenzaron cuando García Maañón estaba por asumir la presidencia de la Cámara. Lo que inicialmente describió como una relación laboral cordial derivó en algo muy distinto.

Según su testimonio, el juez comenzó a hacerle comentarios sobre su apariencia física, le enviaba mensajes de contenido sexual y la invitaba fuera del horario de trabajo.

Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen más de 150 audios y conversaciones de WhatsApp. Los registros datan de varios meses y muestran un patrón de comportamiento sostenido.

En uno de esos intercambios, el juez le sugirió que utilizara un vestido escotado y una minifalda. En otro mensaje, enviado durante la madrugada, escribió: “La noche es deseo, la pasión, la aventura”.

La denunciante también aseguró que el magistrado intentó besarla y le tocó la cola sin su consentimiento dentro de su despacho. Según declaró ante la Justicia, García Maañón la tomó de la cintura y acercó su cuerpo al de ella.

La funcionaria logró apartarse en ese momento. El episodio quedó registrado en su testimonio como uno de los más graves dentro del expediente.

El episodio de la pistola en el despacho del juez

Otro de los episodios denunciados ocurrió en junio de 2025. Ese día, el juez habría manipulado una pistola en su oficina y pasado el cañón del arma cerca del rostro de la funcionaria.

El hecho está incluido entre las conductas intimidatorias que se le imputan al magistrado. Testigos del entorno laboral confirmaron haber visto armas en el despacho.

En el marco de la investigación penal, la Justicia ordenó un procedimiento en la vivienda del magistrado en Belén de Escobar. Allí se secuestraron varias armas de fuego, entre ellas pistolas Glock.

La resolución del jurado también recoge declaraciones de otros empleados y funcionarios judiciales. Ellos describieron un clima de tensión, malos tratos y comportamientos intimidatorios dentro de la dependencia.

Qué dice la defensa del juez acusado

Por su parte, García Maañón negó haber cometido conductas de acoso. Sostuvo que los testimonios fueron interpretados fuera de contexto.

Su defensa también cuestionó la validez de parte de las pruebas. Solicitó que se archivaran las actuaciones por considerar que no existían elementos suficientes para continuar el proceso.

Sin embargo, el jurado consideró que los argumentos de la defensa no alcanzaron para desvirtuar los cargos en esta etapa del procedimiento. La admisión de la acusación fue unánime.

La resolución aclara que la admisión de la acusación no implica todavía una decisión definitiva sobre la responsabilidad del magistrado, sino que esa evaluación deberá realizarse durante el juicio oral con la producción y el análisis de todas las pruebas.

En paralelo al proceso disciplinario, continúa la investigación penal a cargo del fiscal José Amallo. Esa causa analiza los hechos denunciados por la funcionaria desde el punto de vista del derecho penal.

El caso podría derivar en consecuencias tanto en el ámbito judicial como en el penal. La suspensión y el embargo del sueldo marcan un punto de inflexión en un proceso que viene escalando desde febrero de 2025.