La Inspección General de Justicia (IGJ) sustituyó íntegramente el Libro XI de su normativa general para adecuar el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) a las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las evaluaciones del GAFILAT.

La medida busca eliminar la acumulación masiva e indiferenciada de documentación en papel y reemplazarla por un sistema de verificación enfocado en el nivel de riesgo de cada entidad, cruzando datos con registros públicos y listas oficiales.

Uno de los cambios más significativos impacta en la constitución de sociedades y aumentos de capital. La declaración jurada sobre el origen de los fondos para montos que superen el equivalente a 120 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) quedará exceptuada cuando los aportes en efectivo se integren mediante depósito o transferencia bancaria desde una cuenta a nombre del aportante, concentrando las exigencias en los ingresos de dinero en efectivo no bancarizados.

Por su parte, las asociaciones civiles y fundaciones que reciban donaciones o aportes superiores a 40 SMVM (en un solo acto o acumulados en 30 días) deberán presentar la declaración jurada sobre la licitud de los fondos al solicitar la autorización para funcionar y con cada balance anual.

La norma consolida la identificación obligatoria de las personas humanas que ejercen el control efectivo de sociedades nacionales, extranjeras, fideicomisos y contratos asociativos:

Beneficiario Final: la declaración jurada debe presentarse al inscribir la entidad, actualizarse dentro de los 30 días corridos de cualquier cambio y ratificarse anualmente. No se admiten presentaciones que no identifiquen al menos a una persona humana (debiendo declarar al órgano de administración en caso de no haber un control directo).

Personas Expuestas Políticamente (PEP): se mantiene la obligación de presentar la declaración al asumir en órganos de administración, fiscalización o representación legal, debiendo comunicar cualquier cambio dentro de los 30 días.

Fideicomisos: los fiduciarios locales y los trustees de fideicomisos del exterior que operen en el país deberán informar su condición ante las entidades financieras con las que operen e identificar a fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios.

Vencimiento común para la declaración jurada anual

La norma unifica en una sola fecha la presentación de la declaración jurada anual de cumplimiento antilavado para los sujetos supervisados por la IGJ (sociedades del artículo 299 de la Ley 19.550 no reguladas por BCRA, CNV o SSN, fiduciarios, clubes de fútbol de Primera División y Primera Nacional, y empresas de ahorro previo). La nueva fecha límite de presentación será el último día hábil de abril de cada año, correspondiente al ejercicio del año calendario anterior.

Resguardo confidencial y plazo de adecuación

La IGJ mantendrá el carácter de reservado y confidencial para las declaraciones juradas de origen de fondos, beneficiario final y cumplimiento anual, las cuales no integrarán el legajo público de la sociedad. La documentación respaldatoria deberá ser conservada por las entidades durante un plazo de 10 años.

Las entidades y fiduciarios inscriptos contarán con un plazo de adecuación de 180 días desde la entrada en vigencia de la norma para poner al día la información requerida, período durante el cual la falta de actualización no generará sanciones económicamente punibles.