La Fiscalía ordenó la detención de Nicolás Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos, e Inti Smith, titular del Colegio de Ingenieros Especialistas. Según la resolución, la medida responde a indicios de posibles actos de entorpecimiento de la investigación. También ordenó la detención de otras tres personas y una nueva imputación por presunto encubrimiento

La investigación penal por la presunta administración fraudulenta de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de Córdoba (Ley 8.470) tuvo un nuevo capítulo con la detención de Nicolás Paulín e Inti Smith, presidentes de los colegios de Arquitectos e Ingenieros Especialistas (Ciec), respectivamente.

La Fiscalía del Distrito I Turno 1, de casos complejos, a cargo del fiscal Enrique Gavier, ordenó también las detenciones de Luis Calderón y Carmen Rodríguez -autoridades del Ciec- y Liliana Rosa Scaglia, vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión.

En la causa en cuestión se investiga si la Caja Previsional profesional fue defraudada a través del tributo de menores aportes por obras privadas y públicas.

La Fiscalía señaló que la decisión de la órden de detención tuvo en consideración elementos que darían cuenta de actos de entorpecimiento de la investigación, así como posible incumplimiento de las condiciones impuestas para el mantenimiento de la libertad de algunos de los imputados.

Según la resolución, esas circunstancias fueron consideradas indicadores de riesgo para el desarrollo de la causa y justificaron la adopción de medidas destinadas a resguardar el proceso penal.

En la misma resolución, se ordenó la imputación de Pablo Antonio Calapiña, por el presunto delito de encubrimiento.

Medidas de control

En una resolución complementaria, la Fiscalía dispuso intimar a los colegios profesionales vinculados con la entidad y al Consejo de Control de Gestión de la Caja para que proporcionen la información requerida por el interventor judicial y se abstengan de efectuar convocatorias a asambleas destinadas a modificar o revocar decisiones del órgano de administración mientras se mantengan la intervención judicial y la investigación penal, bajo apercibimiento de ley.

Asimismo, se autorizó al contador Pablo Artino a concurrir y participar en las sesiones del Consejo de Control de Gestión, requerir los informes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y  acceder de manera continua a las sedes de los colegios profesionales vinculados con la Caja.

Las facultades conferidas comprenden el acceso, en soporte papel o digital, a los registros de obras que hayan determinado honorarios o constituyan fuentes de información para su determinación, incluidas las nuevas obras ingresadas y los trámites relacionados con ellas. También se autorizó al interventor a entrevistar al personal de los colegios que participa en la tramitación de esos expedientes.

Según la resolución, las medidas buscan asegurar la disponibilidad de la información relevante para la investigación, facilitar el examen de los registros vinculados con la actividad profesional y previsional y garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas al interventor judicial.

Investigación

Asimismo, la Fiscalía informó que continúa desarrollando las medidas investigativas necesarias para esclarecer los hechos, determinar las eventuales responsabilidades individuales y reunir los elementos probatorios pertinentes para la adopción de las decisiones que correspondan conforme a derecho.

El comunicado, también agregó que las imputaciones y medidas procesales dispuestas no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de las personas involucradas, la que deberá establecerse con arreglo a las garantías constitucionales y las reglas del debido proceso.

Y concluyó que las decisiones adoptadas se orientan a asegurar el esclarecimiento de los hechos investigados, la preservación de la prueba y el normal desarrollo del proceso penal, en el marco de la intervención judicial de la Caja Profesional.