Cada siete años, la Unión Europea prepara su presupuesto plurianual. Como casi todo lo que sale de Bruselas, es un proceso largo, burocrático y áspero. Pero el presupuesto de la UE es también la mejor brújula para saber hacia dónde se mueve Europa. Esta vez se discute el marco financiero para 2028-2034.

La política fiscal de la eurozona sigue siendo competencia nacional, pero la idea de un presupuesto europeo se remonta a los primeros años de la Comunidad Europea, cuando nació la necesidad de coordinar algunas políticas sociales, industriales y agrícolas. El mecanismo actual, sin embargo, nació en 1988 y fue, como tantas cosas en Europa, el resultado de una pelea.

Durante los años ’70 y ’80, el presupuesto se discutía año a año y la Política Agrícola Común llegó a absorber casi el 70% del gasto. Margaret Thatcher, cuyo país aportaba mucho más de lo que recibía, exigió que le devolvieran su dinero y en 1984 consiguió un reembolso permanente de parte de las contribuciones británicas. 



• Jacques Delors, entonces presidente de la Comisión, respondió con una reforma que fijó techos de gasto para varios años, limitó el crecimiento del gasto agrícola y aumentó los fondos de cohesión para acompañar la incorporación de España y Portugal. La pelea presupuestaria dejó así de repetirse cada otoño y pasó a concentrarse una vez por ciclo.

El cheque británico murió con el Brexit y el presupuesto para 2021-2027 fue el primero negociado sin Reino Unido. Para entonces, el centro de atención ya empezaba a desplazarse hacia la transición verde.

En siete años, sin embargo, el mundo cambió de arriba a abajo. 

Hubo una pandemia, una guerra en suelo europeo y dos crisis energéticas. El Reino Unido se fue y se llevó a uno de los grandes aportantes. La defensa pasó de la nota al pie al primer renglón y sobre las cuentas públicas europeas flota una crisis de deuda que todavía no estalló, pero que ya condiciona cada decisión. 



• Y, como siempre, el populismo amenaza a Francia y, esta vez, a Alemania, el país que sostiene buena parte de la UE. Con Italia, España y Francia camino a las urnas en 2027, la Comisión tiene prisa por cerrar el acuerdo. La idea es alcanzar un pacto este año. Pero se necesita la unanimidad de los veintisiete.

La Comisión propuso en julio de 2025 un presupuesto común de casi dos billones de euros: el equivalente al 1,26% del ingreso nacional bruto del bloque y un 60% más que el anterior en términos nominales. El problema empieza por la cuenta, porque el presupuesto europeo no se financia con impuestos europeos sino, en su mayor parte, con aportes de los Estados.

Algunos países ponen mucho más de lo que reciben. En promedio anual, Alemania aporta en términos netos unos 20.000 millones de euros, Francia 9.000, Países Bajos e Italia alrededor de 6.000 cada uno y los países nórdicos entre 1.000 y 2.000. Del otro lado, Polonia recibe casi 7.000 millones, Rumania 6.000, Hungría 4.500 y Grecia 4.000.

Con los déficits bajo presión, las tasas de interés más altas y las elecciones a la vuelta de la esquina, los contribuyentes netos no quieren saber nada con los dos billones. Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria y Finlandia piden un recorte de varios cientos de miles de millones y se oponen a nueva deuda común. Los seis recordaron que financian casi el 40% del total y amenazan que sin recortes, este año no habrá acuerdo.



Entre los firmantes está Alemania que, en el presupuesto anterior, estaba entre los países más dispuestos a gastar. Merkel, que durante la crisis del euro había rechazado cualquier forma de deuda común, acordó con Macron en 2020 un fondo de recuperación financiado con deuda de la Unión. Fue un giro de 180 grados que abrió el camino a los 750.000 millones de euros de NextGenerationEU.

Ahora Alemania vuelve a mirar el presupuesto europeo con otros ojos. A nivel nacional reformó su freno constitucional a la deuda, liberó recursos para defensa e infraestructura. Pero en Bruselas la posición alemana es otra: la UE debe arreglarse con el dinero que tiene.



Más allá del monto, importa qué quiere financiar Europa. Y, como siempre, el principal destino sigue siendo el campo. Los planes nacionales y regionales que absorben tanto la política agrícola como la de cohesión representan el 43% del total del presupuesto. Dentro de ese fondo hay 300.000 millones blindados para el ingreso de los agricultores. Es menos que antes, pero el agro sigue siendo el sector más subsidiado y uno de los grupos de presión mejor organizados de Bruselas.

También es el sector que más se opuso, y todavía se opone, al acuerdo con el Mercosur, que desde el 1 de mayo se aplica de manera provisional, a la espera del dictamen de la Justicia europea. Quien haya vivido en Bruselas sabe qué ocurre cuando los agricultores quieren hacerse oír: llegan con los tractores y bloquean la ciudad. Si en Argentina los productores viven a pesar del estado, en Europa viven gracias a los subsidios.

Como han cambiado los tiempos en tan solo 7 años se nota también en las nuevas prioridades. El gasto en migración y fronteras se triplica hasta 34.000 millones de euros, mientras que los fondos para defensa y espacio se multiplican por cinco, hasta 131.000 millones. El rearme europeo, sin embargo, no pasa principalmente por la Unión. Son unos 19.000 millones de euros al año frente a los más de 300.000 millones que los Estados gastan por su cuenta, cada uno comprando, en buena medida, en industrias nacionales.



Para financiar todo esto, además de las contribuciones nacionales, la comisión propone cinco nuevos recursos propios: cargos sobre el mercado de emisiones, el ajuste de carbono en frontera, la basura electrónica no recolectada, el tabaco y las grandes empresas con ventas superiores a 100 millones de euros en el bloque. En conjunto aportarían unos 58.000 millones de euros al año: una cifra relevante, pero insuficiente para sostener el presupuesto por sí sola.

Y tampoco será fácil conseguirlos. Cada recurso necesita unanimidad y la ratificación de los parlamentos nacionales. Los gobiernos, naturalmente, prefieren recaudar ellos antes que dejar que recaude Bruselas. Merz sostuvo que la Unión no tiene base legal para gravar directamente a las empresas y que Alemania no avanzará en esa dirección. Berlín y La Haya también rechazan la tasa a las grandes empresas por considerar que puede afectar la competitividad.

Al final, serán los presupuestos nacionales los que financiarán al comunitario y lo más probable es que los Estados terminen poniéndose de acuerdo, con un número más bajo y más excepciones que en la propuesta original. Pero la discusión deja algo más importante a la vista: el límite de la ambición europea. Europa quiere pesar más en el mundo, gastar más en defensa, proteger sus fronteras, financiar la transición energética, sostener al campo y responder a una guerra en su propio continente. Pero para decidir cuánto puede gastar necesita más de un año y superar veintisiete posibles vetos.



Sin capacidad para crear impuestos por sí misma y con un presupuesto que depende de la negociación entre veintisiete gobiernos, Europa difícilmente pueda ser tan rápida y flexible como el mundo que tiene delante le exige.

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