El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho iraníes y un libanés como autores del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 que provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos.

El magistrado determinó además un embargo de 500 millones de dólares para cada uno.

El avance en la investigación se concretó mediante la aplicación de la Ley N° 27.784, que regula el régimen de juicio en ausencia.

En base a las pruebas recopiladas por la UFI AMIA, a cargo de Sebastián Basso, Rafecas determinó que la planificación del atentado comenzó en agosto de 1993, cuando la cúpula del régimen de Irán tomó la decisión de ejecutar la agresión y le delegó la parte operativa en Hezbollah, la organización armada proiraní asentada en el Líbano.

Indicó que para llevar a cabo el ataque la agrupación terrorista estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera.

El juez encuadró las conductas de los encratados bajo las figuras de homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, sumado al delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

Asimismo, encuadró el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

Procesó como autores mediatos a cuatro ex funcionarios que, desde sus posiciones de poder en el Estado iraní, tomaron las decisiones y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno. Son Alí Fallahijan (ex ministro de Inteligencia de Irán); Alí Velayati (ex ministro de Relaciones Exteriores); Mohsen Rezai (ex comandante de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (ex líder la fuerza Al Quds).

Como cómplices necesarios ubicó a tres individuos que aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local. Son Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en territorio argentino; Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista instalado en Buenos Aires desde 1983, quien ejercía como consejero cultural de la embajada iraní, y Ahmad Asghari, sindicado como agente de inteligencia perteneciente a la Guardia Revolucionaria.

En tanto, a Salman Raouf Salman (conocido también como Samuel El Reda), libanés de Hezbollah, le atribuyó la coordinación operativa de la fase final del atentado en Buenos Aires.

La resolución también dio por probado que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá. En ese hecho, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó el fallecimiento de tres tripulantes y 17 pasajeros, entre los cuales se encontraban 12 integrantes de la comunidad judía panameña.