Por Carlos Emanuel Cafure 

Abogado laboralista

​En la administración pública de la provincia de Córdoba, se manifiesta una contradicción estructural que compromete la viabilidad de sus propias instituciones. 

Por un lado, el Ejecutivo provincial recurre de forma sistemática a la precarización laboral en diversas reparticiones gubernamentales, cubriendo puestos con pasantes, monotributistas y becarios en lugar de implementar concursos públicos o acudir a las bolsas de trabajo convencionales. 

Por otro lado, argumenta una situación de gravedad extrema en la Caja de Jubilaciones para justificar el incremento de las alícuotas de aportes a los trabajadores de planta permanente.

​Esta encrucijada plantea un interrogante elemental: si el sistema previsional atraviesa un déficit crítico, la respuesta institucional lógica no debería ser el recorte, sino el fortalecimiento de la base de aportantes. 

Al eludir los ingresos formales a la planta permanente, el propio Estado reduce progresivamente el número de activos que tributan al sistema. 

La ecuación resulta insostenible a mediano y largo plazo: con una nómina de aportantes regulares en retroceso y un número creciente de beneficios pasivos que liquidar, el financiamiento se torna inviable. 

Es el propio Gobierno el que, mediante sus prácticas de contratación atípicas, contribuye al desfinanciamiento de la entidad previsional.

​Ante este panorama, cobra relevancia el papel de las instituciones de contralor y del Poder Legislativo. 

La Legislatura Unicameral, el Tribunal de Cuentas y los organismos de supervisión provincial, tienen la responsabilidad constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las normativas de empleo. 

La inacción o la falta de dictámenes concluyentes frente al uso extendido de figuras contractuales no aportantes, plantea interrogantes sobre la efectividad de las salvaguardas institucionales destinadas a velar por la transparencia y la sustentabilidad fiscal.

​En este marco, la decisión de incrementar el descuento sobre los salarios de los empleados públicos activos -que en la práctica representa un recorte de hasta ocho por ciento de sus ingresos netos- adquiere un cariz de inequidad. 

Los trabajadores de planta soportan un esfuerzo contributivo adicional para sostener la Caja, mientras la administración central continúa incorporando personal bajo esquemas que no efectúan contribuciones al régimen previsional provincial. 

La falta de alineación entre la política de contratación pública y la política de sustentabilidad previsional, genera un desequilibrio que erosiona tanto la previsibilidad financiera de la provincia como la calidad de las relaciones laborales dentro del aparato estatal.

Ante este pésimo escenario, los trabajadores aportantes al sistema previsional provincial se preguntan si podrán jubilarse a futuro por el régimen actual o si se terminará avanzando -de seguir esta alarmante situación- hacia la definitiva destrucción de la Caja Jubilatoria cordobesa, para pasar a cobrar en el futuro una jubilación de indigencia nacional, y todo eso, después de haber realizado elevados aportes previsionales durante tantos años cuando estaban en actividad, para así tener una jubilación digna el dia de mañana.

Parece ser que nadie está en condiciones por estos días, de responder con absoluta certeza esa pregunta.