El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada el 26 de diciembre, y puso en marcha un nuevo esquema que busca incentivar el blanqueo de ahorros no declarados y modificar de manera profunda la relación entre el Estado y los contribuyentes. 

• La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, introduce un cambio de paradigma: el contribuyente pasa a ser considerado “inocente” y ya no sospechoso por default. El objetivo central es que salgan los dólares del colchón para reactivar la economía.

La reglamentación, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), redefine prioridades de fiscalización. El organismo concentrará sus controles en 11.000 grandes contribuyentes, que explican el 80% de la recaudación, mientras que el resto del padrón —unos 10 millones de personas— tendrá un esquema más flexible. 

• Desde Economía sintetizaron el giro con una frase: “Lo tuyo es tuyo”, en alusión a la menor presión administrativa y penal sobre los contribuyentes considerados de buena fe.

Uno de los ejes centrales es el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que se podrá adherir con un solo clic. El impuesto se calculará únicamente sobre ingresos y egresos, dejando de lado la variación patrimonial y el cómputo de gastos. Además, hasta $1.000 millones (unos US$ 689.000) podrán ser bancarizados sin pagar Ganancias, lo que en el Gobierno describen como un “blanqueo popular permanente”.

Otro cambio clave es la reforma del régimen penal tributario. A partir de ahora, los conflictos fiscales podrán resolverse pagando la deuda, los intereses y la multa, sin persecución penal. Incluso las causas ya iniciadas podrán cerrarse si el contribuyente cancela el total adeudado más un adicional del 50% dentro de los 30 días, beneficio que solo podrá usarse una vez. En paralelo, la prescripción de los delitos de evasión se reduce de cinco a tres años.

La ley también eleva de manera drástica los umbrales penales: la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. Según los considerandos oficiales, se busca dejar atrás un sistema “asfixiante” que empujó a millones de personas a la informalidad y concentrar los controles en maniobras graves y dolosas, reduciendo la presión sobre transacciones y ahorros de menor escala.