GMA Capital, una boutique financiera de la City porteña, desplegó lo que serán los principales desafíos para la gestión de Javier Milei en este año que comienza. “Tras un bienio de estabilización, este será año en que la economía argentina ponga a prueba la sostenibilidad de su nuevo marco macroeconómico. El foco se desplaza: ya no alcanza con bajar la inflación; ahora se trata de consolidar reservas, sostener el orden fiscal, y validar las reformas ante el mercado y la sociedad“, advierte.

Y dice que en este escenario, siete desafíos se destacan como clave para el futuro inmediato. Desde el frente externo y monetario, pasando por la política fiscal, el empleo y la gobernabilidad, hasta el termómetro que resume todos los avances: el riesgo país.

“Cada uno de estos frentes representa una pieza crítica del nuevo equilibrio. De su evolución dependerá no solo la dinámica de corto plazo, sino la viabilidad del programa económico en el mediano plazo”, afirma. Y explica detalladamente: 

1. Sumar reservas, cueste lo que cueste

Después de 2 años de estabilización, un nuevo norte emerge: la acumulación de reservas. Esta estrategia pasa a ocupar el centro de la escena, aun cuando eso implique resignar algo de velocidad en el proceso de desinflación. De esta manera, el ancla mutó desde un enfoque nominal (vital en un comienzo cuando la inflación viajaba en diciembre de 2023 al 13.500% anualizado) hacia uno de mayor consistencia macro en el frente externo.

Aunque las reservas netas están lejos de aquel rojo de US$ 11.000 millones heredado a inicios de la gestión, siguen en estado crítico: suman US$ 2.000 millones a valor de mercado, y están prácticamente en cero al sustraer las amortizaciones de Bopreal a 1 año. Pero muestran un saldo negativo de US$ 7.600 millones una vez descontadas las posiciones en oro y DEGs.

Si bien el Central apunta a sumar hasta US$ 10.000 millones con compras de hasta el 5% del volumen diario operado en el MULC, la acumulación sigue dependiendo de la disponibilidad de dólares. Condicionado por una cuenta corriente cambiaria deficitaria en US$ 1.163 millones (-0,3% del PIB), se suma un calendario exigente con vencimientos por US$ 12.633 millones y un contexto estacionalmente desafiante: menor demanda de pesos durante el verano y una oferta de dólares acotada que, hasta la llegada de la cosecha, pondría a prueba la capacidad de compra en los albores de 2026.

Con estas restricciones, la cuenta financiera está llamada a ganar protagonismo. En un escenario de tipo de cambio real multilateral estable, la acumulación de reservas requerirá un repunte de la inversión extranjera directa o una mejora en la capacidad de financiamiento. El desafío del BCRA será, entonces, múltiple: sostener el ritmo de compras en el mercado mientras consolida un marco macroeconómico que haga viables esas fuentes de dólares.

2. El testeo de un nuevo andamiaje monetario

El esquema cambiario también se adapta a la nueva lógica de sostenibilidad de externa. A partir de enero, el régimen de bandas se actualiza en función al último dato de inflación disponible (2,5% para enero), con un rezago de dos meses. Este ajuste reduce los incentivos a la apreciación real y alinea el tipo de cambio con la dinámica de precios. Si bien habilita un dólar más alto, también refuerza la credibilidad del programa al anclar expectativas y disminuir el riesgo de un salto discreto.

En paralelo, el Central también buscará avanzar con un proceso de remonetización que permita expandir la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PIB. La clave será que esa emisión encuentre contrapartida en una mayor demanda de dinero, permitiéndole al BCRA sumar dólares con la ayuda del aire del nuevo régimen cambiario y sin trasladar presiones sobre los precios.

Por su parte, esta dinámica también resultará relevante para la evolución de las tasas reales de interés y para el canal crediticio, aunque hoy el punto de partida es bajo. Los préstamos al sector privado representan apenas 12% del PIB, muy lejos de los máximos de los años 90 (24%) y de los registros regionales (60% en promedio). Esa brecha reduce la potencia del crédito como motor de crecimiento, aun en un escenario de mayor liquidez.

3. Desinflación: “que no se corte”

Durante 2024 y 2025, el desplome de la nominalidad fue el objetivo central del programa económico. La desaceleración inflacionaria respondió a un proceso más amplio de ordenamiento macroeconómico: la reversión de una dinámica fiscal históricamente deficitaria, el fin de la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro (tras un período en el que, entre 2020 y 2023, la emisión superó el 25% del PIB) y un esquema cambiario que operó como ancla nominal, con una apreciación real de 41% desde diciembre de 2023. Esto permitió llevar la inflación a la zona del 2% mensual.

Hacia 2026, sin embargo, el foco se desplazaría en favor de la acumulación de reservas, demandando ahora otro tipo de sintonía fina para sostener la desaceleración de la inflación. El cambio de prioridades no es neutro. Implica resignar una de las principales anclas nominales del esquema: el tipo de cambio.

En este nuevo marco, el anclaje de precios debe apoyarse en otros canales. Por un lado, la corrección de precios relativos a lo largo de los últimos dos años y la contención salarial reducen las presiones de costos. Por otro, una estrategia creíble de acumulación de reservas puede funcionar como ancla alternativa vía expectativas: un mayor nivel de reservas fortalece la capacidad de intervención del BCRA y reduce el riesgo percibido de un salto discreto del tipo de cambio y contribuye a sostener la estabilidad de precios.

Con todo, 2026 aparece como un año más exigente en materia inflacionaria. La discusión ya no pasa sólo por la velocidad de la desaceleración, sino por su compatibilidad con un programa que permita recomponer reservas y, al mismo tiempo, convencer al mercado de que el nuevo equilibrio macroeconómico es sostenible.

4. El “poroteo” de la gobernabilidad y las reformas

Con 107 bancas en Diputados (incluyendo al PRO y quedando a 22 votos de la mayoría simple) y un tercio de la Cámara en el Senado, el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto, incluyendo la autorización para emitir deuda extranjera sin pasar por el Congreso. Además, se sancionó la Ley de Inocencia Fiscal. Así, el gobierno arranca 2026 con el camino relativamente allanado para la introducción de paquetes de reformas en los frentes impositivo, previsional y laboral.

La imagen del oficialismo cierra además el 2025 de forma positiva: el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) marca un nivel 4,3% mayor que el de diciembre de 2017 (Mauricio Macri), y 73,2% mayor que el de diciembre de 2021 (Alberto Fernández).

La experiencia, sin embargo, obliga a matizar el optimismo. No solo el nivel no garantiza éxito, sino que el viento puede cambiar muy rápidamente de dirección. Conviene recordar que, a fines de 2017, con la misma cantidad de bancas en Diputados, la reforma previsional le costaron a Cambiemos 14 toneladas de piedras. Este hecho, sumado al fatídico “28-D”, cuando la credibilidad en la independencia del BCRA había quedado pulverizada, fueron el puntapié inicial para un cambio en la percepción del mercado y de los argentinos.

Si bien la perspectiva es positiva y el sentimiento general hacia “el ajuste” parece haber cambiado, la capacidad de negociación del gobierno (tanto para con los propios como con los ajenos) y de convencer a la sociedad sobre la importancia de las reformas va a ser clave de cara a 2026.

5. Las cuentas públicas no estarán exentas de tensiones

Así como esta gestión tuvo que ceder parcialmente en su objetivo desinflacionario, algo similar podría ocurrir en el frente fiscal.

Aunque todavía no hubo avances concretos en una reforma tributaria integral, el compromiso de profundizar la baja de retenciones (sumada a las reducciones ya aplicadas y a la eliminación transitoria de septiembre que afectará los flujos de enero y febrero) presiona sobre los ingresos.

A eso se agrega la rebaja prevista para los tramos 2 y 3 del impuesto a las Ganancias de sociedades, con un costo fiscal estimado en 0,2% del PIB. El punto no es menor: se trata de un tributo coparticipable y el 58,2% de su recaudación corresponde a las provincias. Así, el ajuste recae de manera directa sobre las cuentas subnacionales.

Del lado del gasto, el Gobierno apuesta a sostener el sendero de recortes concentrándose en programas vinculados a la seguridad social y en subsidios económicos, particularmente en energía y transporte. El ajuste, sin embargo, no se perfila fácil: partidas que anteriormente fueron claves, como las transferencias a provincias (que se redujeron en promedio un 78,6% real si se compara 2023 con 2024-2025) y los gastos de capital (cayeron 95,8% en el mismo período), ya muestran un alto grado de agotamiento, elevando los costos políticos de profundizar los recortes.

La consistencia fiscal dependerá de la velocidad de los recortes, de la negociación con las provincias y de la dinámica social. La sostenibilidad del esquema, en última instancia, estará condicionada por la capacidad del Gobierno de transformar el ajuste en una reforma fiscal integral, que consolide el sendero superavitario en el largo plazo.

6. Potenciar el crecimiento y ¿el empleo de calidad?

Otro desafío central para 2026 será la dinámica de la actividad y su capacidad para generar empleo de calidad. Si bien se espera un crecimiento del PIB del orden del 3%-3,5% (superior al 2% promedio de los últimos 20 años), la incógnita no se resume a cuánto se expandirá la economía, sino qué sectores liderarán ese proceso. A los ganadores de 2025 (hidrocarburos, intermediación financiera y agro), podría sumarse además en 2026 la construcción, impulsado por la reactivación del crédito y la obra pública provincial.

Asociado a eso, surge la pregunta de cuántos y qué tipo de puestos de trabajo se crearán. El interrogante se potencia en un contexto de cambio estructural del mercado laboral. El monotributo gana terreno (ya representa un 17% del total registrado, versus 12,5%, diez años atrás) y, comienza a reemplazar al empleo asalariado formal, que desde diciembre del 2023 acumula una caída del 2,2%. Esa transición agrega ruido a la lectura de los indicadores tradicionales y complejiza el diseño de políticas, volviendo poco comparables los niveles actuales con los pasados.

En ese marco se inscribe la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El proyecto propone menores costos de despido, mayor flexibilidad en los acuerdos salariales, un régimen de blanqueo de trabajadores y beneficios fiscales focalizados para nuevas contrataciones. El objetivo es promover el empleo registrado.

El resultado, sin embargo, permanece abierto. La reforma laboral (cuya aprobación aún está en discusión) podría facilitar la creación de empleo formal en algunos sectores, aunque su impacto agregado dependerá del ritmo de la actividad y de la capacidad del crecimiento para absorber mano de obra.

7. Consolidar la baja en el riesgo país

A los ojos del mercado, el veredicto final sobre los éxitos y tropiezos de la gestión se leerá en una sola variable: el riesgo país. Por eso, resulta fundamental que el gobierno logre sostener la tendencia bajista de este indicador, que hoy merodea los 570 puntos básicos.

La compresión del costo financiero argentino funciona como la llave maestra para continuar colocando deuda a tasas cada vez más razonables. Esto es vital para evitar el pago “cash” y así proteger las reservas internacionales ante una agenda exigente. El desafío no es menor: en este 2026 vencen cerca de US$ 12.600 millones si sumamos el flujo neto con el FMI y la deuda privada del Tesoro y del BCRA.

Por otra parte, una mejora en la percepción de solvencia del soberano generaría un efecto derrame positivo sobre toda la economía, abaratando el crédito tanto para el sector público como para el privado. De consolidarse este escenario, empresas y provincias, que desde la elección nacional lograron emitir US$ 7.000 millones en el exterior a una tasa promedio del 8,7%, podrían seguir reduciendo el costo de su deuda, aceitando los engranajes de la inversión real y potenciando la tan necesaria competitividad sistémica.