La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó las condenas contra los principales responsables de la financiera ilegal CBI Cordubensis SA, que operó como una “cueva” en Córdoba bajo apariencia de legalidad, vinculada al lavado de activos, evasión fiscal y financiamiento ilícito.

Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Javier Carbajo, el tribunal rechazó los recursos presentados por Eduardo Rodrigo, Aldo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Altamirano y Daniel Tissera y ratificó sus penas por integrar una asociación ilícita. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia, por la absolución.

Según el fallo, los acusados lideraron una organización criminal que actuó bajo la fachada de la empresa, una financiera clandestina que funcionó en el shopping Dinosaurio Mall y en el centro. Postuló que ofrecían servicios de cajas de seguridad y consultoría financiera, pero en realidad captaban ahorros del público, realizaban préstamos, operaciones cambiarias y descontaban cheques, al margen de los controles legales y con fuertes vínculos con la política y el empresariado local.

El caso se inició tras la aparición, en 2014, del cadáver calcinado de Jorge Suau, vicepresidente de la firma, lo que destapó una trama de delitos económicos de gran escala.

Relaciones
La CFCP destacó que CBI mantenía relaciones contractuales con el municipio cordobés -en el sistema Red Bus– y con ministerios provinciales, lo que permitió su funcionamiento irregular en el corazón del establishment.

Reafirmó la responsabilidad penal de Rodrigo como jefe de la organización y del resto de los condenados como integrantes, por gestionar una entidad paralela sin habilitación del Banco Central y que operó con dinero negro de la política y la economía cordobesa.

Subrayó además el daño al orden económico y la confianza pública, debido al impacto de la caída de la firma en miles de ahorristas.