Desde la sanción de la Ley 26.364 (reformada en 2012 por la Ley 26.842), en Argentina se dictaron hasta 410 sentencias condenatorias por el delito de explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el último año fueron 35. Estas cifras surgen de las estadísticas elaboradas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, difundida en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas.

El relevamiento indicó que en el caso específico de la explotación sexual desde 2008 un total 814 individuos fueron condenados. Más del 80% son de nacionalidad argentina y hombres.

En tanto, reportó que en el mismo período se identificaron 1.715 víctimas de trata con fines de explotación sexual. La gran mayoría son mujeres y cerca del 9% eran menores de edad al momento de los hechos.

La PROTEX volvió a advertir acerca de las nuevas formas de captación y explotación que complejizan el abordaje del delito. Entre ellas, el reclutamiento de personas como “correos humanos” para el transporte de sustancias estupefacientes; la explotación reproductiva mediante subrogación de vientres con fines comerciales, donde mujeres en situación de vulnerabilidad son instrumentalizadas en circuitos transnacionales, y la explotación sexual facilitada por plataformas virtuales, que operan de forma anónima, profesionalizada y con uso intensivo de tecnologías digitales y cripto activos.

Indicó que estas estás prácticas, potenciadas por el entorno digital, presentan “desafíos inéditos para la detección temprana y el seguimiento judicial”.

El 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una jornada propuestas en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, receptada durante la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

El 23 de septiembre fue elegido debido a que en esa fecha de 1913 el Senado sancionó la Ley 9.143, un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, que se convirtió en la primera norma en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a la infancia.

Ariel Lijo
El miércoles, referentes judiciales, legislativos y de ONGs expusieron en la Cámara Alta.

El juez federal Ariel Lijo fue uno de los oradores: repasó los cambios desde la sanción, en 2008, de la primera gran normativa contra la trata en el país, y estimó que el principal obstáculo en los inicios fue de índole cultural y legal. “El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, dijo.

En esa línea, afirmó que la transformación conceptual fue fundamental para alcanzar la lectura actual. Sostuvo que el desafío cultural “ya fue zanjado” y que la Justicia pudo catalogar a la trata como un delito organizado, vinculado centralmente a la vulneración de la dignidad y los derechos humanos, dejando atrás “la visión restringida a la explotación sexual o laboral”.

Lijo insistió en que el verdadero impacto sobre las redes dedicadas a la explotación y trata está en atacar su poder económico. El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”, enfatizó.