En el juicio por el caso de Solange Musse, el fiscal Julio Rivero solicitó una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para Eduardo Andrada y Anahí Morales, los exfuncionarios imputados por impedir el paso de Pablo Musse a la provincia de Córdoba para visitar a su hija, quien padecía cáncer terminal. 

El fiscal se basó en el concepto de violencia institucional, un concepto que podría ser clave para el desarrollo del caso.

Además de la pena de prisión, Rivero pidió la inhabilitación de los acusados por el doble de la condena, con lo que se espera sentar un precedente importante en causas que involucran a funcionarios públicos en la pandemia.

Rivero también solicitó que se declare a la familia Musse, incluyendo a Pablo Musse, Teresa Oviedo, Soledad Musse, y Lorena Oviedo, como víctimas de violencia institucional. 

Esta solicitud tiene implicaciones significativas, ya que podría abrir la puerta a un nuevo juicio contra exministros y otras autoridades que actuaron durante la pandemia.

El fiscal pidió que el Dr. Eduardo Javier Andrada sea declarado coautor de abuso de autoridad por acción. En sus propias palabras, “Se declare al Sr. Andrada, Eduardo Javier Andrada, coautor de abuso de autoridad por acción y se le imponga la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional”. Además, solicitó una inhabilitación por el doble de la condena.

En tanto que para la licenciada Anahí Isabel Morales pidió que sea declarada coautora de abuso de autoridad por omisión impropia (comisión por omisión). En su exposición, dijo: “Se declare a Anahí Isabel Morales, coautora de abuso de autoridad por omisión impropia, comisión por omisión, y se le imponga la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional”. También pidió una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

El resultado del juicio, que se dirime en Río Cuarto, será definido por el jurado popular, y su veredicto podría ser crucial para determinar la responsabilidad de otros funcionarios en el caso.