Los beneficiarios del fallo judicial que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012 presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En el documento, manifestaron que no tienen intención de conservar acciones de la compañía si llegaran a recibirlas como parte del cobro, y que buscarán un mecanismo para devolverlas.
Además, solicitaron que la Argentina deposite una garantía financiera como condición para poder avanzar con su apelación, a la que se oponen en caso de que no se cumpla este requisito.
Esta presentación coincide con un importante respaldo internacional: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se pronunció en favor de la Argentina, apoyando su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, emitida por la jueza Loretta Preska el 30 de junio pasado. Este apoyo se suma al que ya había expresado el organismo en noviembre de 2024, cuando también defendió la posición argentina en contra de la entrega de las acciones.
El especialista Sebastián Maril dio a conocer los detalles del escrito presentado por los demandantes, y destacó que este nuevo planteo podría modificar el curso procesal del litigio. Según Maril, el hecho de que los beneficiarios del fallo rechacen la idea de quedarse con las acciones y exijan una garantía para permitir la apelación cambia el escenario ante la justicia estadounidense.
Cabe recordar que en septiembre de 2023, la jueza Preska falló en contra del Estado argentino, al determinar que no se había respetado el estatuto de YPF, el cual obligaba a realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios en el marco de la expropiación de 2012. El fallo estableció un resarcimiento de US$ 16.000 millones.
Argentina apeló la sentencia, y el caso se encuentra ahora en revisión por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con el proceso y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país necesita ofrecer una garantía financiera, algo que los demandantes insisten en que debe cumplirse.
Si la Corte no autoriza a la Argentina a seguir adelante sin garantía, quedará habilitada la posibilidad de que los beneficiarios inicien la ejecución de la sentencia y busquen activos argentinos en el extranjero.