23 junio de 2025

La reforma del Código Aeronáutico, implementada a través del Decreto 378/2025, ha generado tensiones entre el gremio de pilotos y las autoridades, con advertencias sobre posibles cancelaciones de vuelos durante las vacaciones de invierno de julio, un período de alta demanda para las aerolíneas. La normativa, publicada en junio, reduce el descanso semanal de las tripulaciones de 36 a 30 horas, eleva el límite de horas de vuelo anuales de 800 a 1.000 y unifica las vacaciones en 15 días consecutivos, eliminando los 45 días previos para nuevos pilotos. 

• Estas modificaciones, que buscan alinearse con estándares internacionales como los de Estados Unidos, donde los pilotos novatos tienen 14 días de vacaciones, han complicado la reprogramación de operaciones, según el sector.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) criticó duramente la norma, calificándola de inconsulta, ilegítima e ilegal, y anunció que la impugnará judicialmente. El gremio señaló que, a pocas semanas de julio, las aerolíneas aún no han podido ajustar sus programaciones debido a la falta de claridad en la aplicación del decreto. Esta situación, advierten, podría derivar en cientos de cancelaciones durante el período vacacional, responsabilizando directamente a las autoridades de la Subsecretaría de Transporte Aéreo por una planificación deficiente que afecta la operatividad en un momento clave para el sector.

APLA ya había intensificado sus reclamos con un paro total el 10 de junio, que paralizó las operaciones de Aerolíneas Argentinas en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, afectando a más de 6.000 pasajeros y generando pérdidas estimadas en US$ 1,1 millones. Entre los motivos del paro, el sindicato destacó incumplimientos convencionales, un retraso prolongado en la actualización salarial —con ajustes parciales por debajo de la inflación— y la ausencia de un plan claro para el desarrollo profesional y el futuro de la compañía. Además, APLA envió cartas documento a directivos de aerolíneas y organismos, exigiendo no aplicar el decreto bajo amenaza de acciones legales.

Por su parte, el Gobierno defiende la reforma, argumentando que favorece a las aerolíneas al otorgarles mayor flexibilidad operativa, lo que incrementaría la competitividad y las opciones de vuelo para los pasajeros, siempre priorizando la seguridad operacional. Sin embargo, la falta de consenso con el gremio y las dificultades para implementar los cambios han generado un clima de incertidumbre en el sector aerocomercial.

Este conflicto pone en riesgo la planificación de viajes durante las vacaciones de invierno, un momento crucial para las aerolíneas, y evidencia las tensiones entre las políticas de modernización impulsadas por el Gobierno y las demandas del gremio por condiciones laborales justas. La resolución de este enfrentamiento será determinante para evitar disrupciones en un período de alta demanda y garantizar la estabilidad del transporte aéreo en el país.