Este viernes, desde el Ejecutivo, avanzaron con decretos para modificar el sistema de compras y contrataciones de las instituciones educativas, específicamente de las universidades.
Así, la medida dispone que se eliminarán todas las contrataciones directas. Antes de estas modificaciones, todos los ministerios, organismos y secretarías del Estado debían publicar sus licitaciones en la página web oficial habilitada para ello, excepto las universidades públicas.
Esto último fue modificado mediante el Decreto (número/2024) publicado este viernes. Según funcionarios cercanos a la cartera liderada por Federico Sturzenegger, el cambio responde a que la administración de fondos en las universidades no contaba con controles suficientes. Esto generaba escenarios poco transparentes que, en muchas ocasiones, fueron aprovechados para realizar contrataciones discrecionales o a precios inflados.
En los últimos meses, los estudiantes universitarios salieron a calles en contra de las medidas de Javier Milei
El objetivo de las modificaciones es “garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante normas y sistemas unificados. Se busca fomentar la neutralidad y minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas”, detallaron las mismas fuentes. Los decretos establecen la obligatoriedad del uso de sistemas de contratación pública como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF. Asimismo, se elimina la posibilidad de realizar contrataciones directas con universidades o con personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Actualmente, varias universidades ya utilizan sistemas electrónicos como COMPR.AR y CONTRAT.AR, pero la mayoría se mantiene al margen argumentando que son entes autárquicos. Esto, según el gobierno de Javier Milei, “atenta contra la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos”. Para evitar estas vulneraciones, también se requerirá el uso del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la administración de recursos, promoviendo la digitalización, seguridad y rapidez en los procesos.
Qué restricciones directas habrá para las universidades
La medida dispuso que se eliminarán todas las contrataciones directas que, por su naturaleza, impidan la libre competencia de otros oferentes. Salvo que se acredite que el proveedor es el único disponible, en cuyo caso no se considerará una irregularidad o discrecionalidad. Esta medida busca terminar con un “privilegio irrazonable que atenta contra el interés público y la transparencia en las compras públicas”, el cual, además, dificulta el desarrollo de empresas privadas. Este problema era especialmente frecuente en los convenios interadministrativos entre Nación y algunas universidades.
Entre 2022 y 2023, se celebraron más de 2000 convenios entre jurisdicciones y universidades nacionales y/o facultades. Estos convenios tenían objetivos diversos, como servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría.
Dichos servicios podrían haber sido ofrecidos a un mejor precio por otras empresas u oferentes independientes, quienes directamente no tuvieron la oportunidad de competir. “La utilización del procedimiento de selección por contratación directa con las universidades nacionales se ha proliferado de manera irrazonable, lo que contradice su naturaleza excepcional”, explicaron. Además, el manejo fuera de los sistemas utilizados por otros organismos estatales en materia presupuestaria contradice la aplicación de procedimientos licitatorios transparentes, necesarios para que el Estado obtenga las ofertas más convenientes.
Con la publicación de estos decretos, las universidades públicas quedarán formalmente incluidas en las normativas que regulan la administración financiera y las contrataciones electrónicas del Estado. La adaptación a los sistemas electrónicos mencionados será gradual y se realizará conforme a las fechas estipuladas. Una vez cumplidos esos plazos, se avanzará con sanciones en caso de incumplimiento.
Por último, los representantes de los organismos clave que participaron en estas modificaciones (Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Transformación del Estado, Secretaría de Hacienda y Oficina Nacional de Contrataciones) ratificaron que la finalidad de estos decretos no es interferir en las decisiones autónomas de las universidades, sino garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas.