La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) su más reciente informe, en el que confirmó la detención de 158 niños en el marco de las protestas contra el fraude electoral perpetrado por el régimen que encabeza Nicolás Maduro.
Marta Valiñas, presidenta del grupo creado en 2019 con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014 en el país caribeño, indicó que 158 niños fueron detenidos e imputados por terrorismo e incitación al odio.
“En el período que va desde el 1 septiembre de 2023 hasta agosto de este año se produjo un agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado continúa provocando violaciones a los derechos humanos y el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho es muy alto”, sostuvo Valiñas.
“La represión y persecución política ha ido en aumento. Constatamos 25 muertos en las protestas postelectorales y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada, tratos crueles, violentos y degradantes, torturas y violencia sexual. Las violaciones que se han documentado solo representan una muestra de un universo mucho más amplio”, sumó.
En tanto, subrayó que todo se enmarca en un “plan diseñado para silenciar a la oposición política de Maduro” y que algunos hechos son crímenes de lesa humanidad.
“Continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño”, enumeró la experta.
Violencia de género
Además, denunció “actos de violencia sexual y basados en género”, normalmente cometidos en centros de detención, que se incrementaron a partir de julio pasado.
El reporte también indicó que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el régimen describió como “conspiraciones en su contra“ y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo durante el mes de julio documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron privadas de su libertad; entre ellas, niños.
El grupo denunció que las medidas fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso “alcanzando niveles sin precedentes en el país”.