Ecuador le dio luz verde a la eutanasia y se convirtió en el segundo país latinoamericano en despenalizar el procedimiento después Colombia (1997).

Lo hizo la Justicia, a partir del expediente que generó Paola Roldán, de 43 años, quien desde los 40 sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa, dolorosa, incurable y mortal.

A partir del caso “Roldán”, con siete votos a favor de sus nueve magistrados, la Corte Constitucional ecuatoriana abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel.

En agosto de 2023, la mujer cuestionó la validez del artículo 144 del Código Penal de su país, que considera que la eutanasia es un homicidio y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años.

El sentenciante le dio la razón a la actora sobre la inconstitucionalidad. Por lo pronto, en un comunicado, precisó que la sanción por homicidio no podrá aplicarse a los galenos que realizan “un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente”.

La Corte de Ecuador, un país de mayoría católica, evaluó los argumentos de Roldán y concluyó que sería irrazonable imponerle “una obligación de mantenerse con vida”.

“Cada ser humano puede tomar decisiones libres e informadas cuando se afecta su desarrollo personal, lo que a criterio de esta magistratura incluye la opción de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable”, enfatizó.

Bajo esa premisa, le reclamó al Ministerio de Salud que en un plazo de dos meses elabore un reglamento para los procesos de eutanasia activa. Paralelamente, le pidió a la Defensoría del Pueblo que redacte un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso en, máximo, un año.