El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.

Los otros cuatro acusados – Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa- recibieron una condena de cuatro años por haber sido considerados partícipes necesarios del mismo delito. 

El Tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava se expidió por unanimidad y aunque emitió un veredicto de penas de cumplimiento efectivo los ahora condenados Albatros no irán presos hasta que la misma quede firme. Las querellas anticiparon que apelarán la decisión.

«No estamos conformes con el fallo pero valoramos que hubo una condena, el tribunal consideró que los cinco cometieron delito, y hay que recordar que la autoridad política de ese momento había reivindicado su accionar” remarcó el abogado Mariano Przybylski, querellante de la secretaría de Derechos Humanos, en referencia a Patricia Bullrich.

La lectura del fallo se conoció pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.

El proceso oral y público concluyó luego de tres meses y medio, que tuvo 20 audiencias por las que pasaron 63 testigos, y con el cual se incorporó prueba, se analizaron peritajes y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.

Apelación

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, adelantó que va a apelar el fallo, «aunque mi mandato termine el 10 de diciembre”, y adelantó que “seguirá» desde el lugar que le toque «como defensor de los derechos humanos, acompañando a los organismos de derechos humanos de Bariloche”.

Por último, agregó que desde la Secretaría no llevaron adelante una política contra las fuerzas de seguridad, sino que intentaron que «recapaciten sobre el costo que significa cumplir órdenes -cualquieras sean- porque después son los miembros de las fuerzas los que tienen que rendir cuentas ante la justicia, mientras que los funcionarios van y vienen”, reflexionó.