{"id":57670,"date":"2026-10-20T21:43:38","date_gmt":"2026-10-20T21:43:38","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=542791"},"modified":"2026-10-20T21:43:38","modified_gmt":"2026-10-20T21:43:38","slug":"la-prorroga-de-la-ley-de-emergencia-en-discapacidad-un-imperativo-de-derechos-y-dignidad-humana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=57670","title":{"rendered":"La pr\u00f3rroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad: un imperativo de derechos y dignidad humana"},"content":{"rendered":"
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Dejar caducar la ley 27793 o reemplazarla por iniciativas regresivas no s\u00f3lo desmantela el sistema prestacional b\u00e1sico y asfixia a los centros de atenci\u00f3n,sino que tambi\u00e9n vulnera el principio de no regresividad consagrado por la Constituci\u00f3n Nacional y la Corte Suprema<\/strong><\/em><\/p>\n

Por Marta Lastra (*)<\/strong><\/p>\n

Dejar caducar la ley 27793 o reemplazarla por iniciativas regresivas no s\u00f3lo desmantela el sistema prestacional b\u00e1sico y asfixia a los centros de atenci\u00f3n,sino que tambi\u00e9n vulnera el principio de no regresividad consagrado por la Constituci\u00f3n Nacional y la Corte Suprema<\/p>\n

La encrucijada entre la contenci\u00f3n social y el abismo institucional<\/strong><\/p>\n

La sanci\u00f3n de la ley 27793 no fue un acto legislativo gracioso ni una concesi\u00f3n coyuntural; constituy\u00f3 una medida de extrema necesidad institucional para frenar el colapso sistem\u00e1tico del esquema prestacional, de salud y asistencial que sostiene a miles de personas con discapacidad en la Rep\u00fablica Argentina. Al declarar la emergencia nacional en la materia con vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, el Congreso de la Naci\u00f3n adecu\u00f3 las herramientas del Estado al modelo social de la discapacidad consagrado en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional dotado de jerarqu\u00eda constitucional superior por el art\u00edculo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.<\/p>\n

Hoy el pa\u00eds se encuentra ante una encrucijada cr\u00edtica: prorrogar la efectividad de este paraguas protector o permitir su caducidad para sustituirlo por proyectos como el denominado dictamen de mayor\u00eda (EXPTE. N\u00ba 4018-D-2026). Bajo la promesa enga\u00f1osa de \u201csuperar la emergencia\u201d, dicho proyecto pretende instaurar un marco regulatorio permanente que, en los hechos, introduce retrocesos grav\u00edsimos en las garant\u00edas de subsistencia y en la cobertura integral del colectivo.<\/p>\n

Los efectos devastadores de permitir la caducidad de la ley 27793<\/strong><\/p>\n

Prescindir de la pr\u00f3rroga de la ley 27793 ocasionar\u00eda la ca\u00edda inmediata de los mecanismos de rescate financiero e institucional que evitan el cierre de centros de d\u00eda, institutos de rehabilitaci\u00f3n, escuelas especiales y transporte adaptado en todo el territorio nacional:<\/p>\n

\u2013 Aniquilaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n arancelaria y la movilidad (ley 24901):<\/strong> la ley 27793 incorpor\u00f3 el art\u00edculo 7\u00b0 bis a la ley 24901, instituyendo el arancel \u00fanico universal con actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica por movilidad jubilatoria y la obligaci\u00f3n estatal de compensar la brecha inflacionaria acumulada (IPC). Dejar vencer esta norma extingue la liquidaci\u00f3n de acreencias y elimina la posibilidad de acceder a moratorias o facilidades fiscales de excepci\u00f3n para los prestadores.<\/p>\n

\u2013 Desfinanciamiento de programas de salud y empleo protegido:<\/strong> sin la ley de emergencia, quedan en riesgo inminente las partidas que financian la operatividad de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el programa m\u00e9dico Incluir Salud y los incentivos para talleres protegidos e inserci\u00f3n laboral bajo la ley 26816.<\/p>\n

\u2013 Eliminaci\u00f3n del blindaje presupuestario:<\/strong> la ley 27793 estableci\u00f3 de forma taxativa que el presupuesto destinado a la atenci\u00f3n de la discapacidad no puede ser inferior en t\u00e9rminos reales al del ejercicio anterior. Al vencer la ley, el Poder Ejecutivo recupera la libre disponibilidad para ajustar, subejecutar o reasignar dichos fondos.<\/p>\n

El dictamen de mayor\u00eda: una reforma regresiva bajo el disfraz de \u201csuperaci\u00f3n\u201d<\/strong><\/p>\n

Frente a la solicitud de pr\u00f3rroga, el proyecto articulado en el mencionado dictamen de mayor\u00eda pretende erigirse como una soluci\u00f3n definitiva. Sin embargo, como bien lo ha se\u00f1alado la Defensor\u00eda del Pueblo, este dictamen representa un claro retroceso en materia de derechos humanos<\/strong> al introducir modificaciones sustanciales que precarizan la situaci\u00f3n de los beneficiarios:<\/p>\n

En primer lugar, el dictamen restaura la noci\u00f3n de \u201cincapacidad e invalidez laboral\u201d<\/strong> como requisito central para acceder a las pensiones no contributivas (modificando la ley 13478). Esta formulaci\u00f3n abandona la concepci\u00f3n moderna e integral de la Pensi\u00f3n por Protecci\u00f3n Social de la ley 27793 -fijada en funci\u00f3n de la tenencia del Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD)- y retorna al obsoleto modelo m\u00e9dico-biol\u00f3gico que eval\u00faa a las personas en funci\u00f3n de su supuesta inutilidad productiva.<\/p>\n

En segundo lugar, el proyecto avala un enfoque punitivo respaldado en la sospecha generalizada de \u201cfraude\u201d. Faculta a la autoridad administrativa a aplicar la suspensi\u00f3n preventiva e inmediata<\/strong> de la pensi\u00f3n mediante cruces inform\u00e1ticos autom\u00e1ticos (Anses, ARCA, Sintys, Renaper). A diferencia de las auditor\u00edas integrales y territoriales garantizadas por la ley 27793, esta potestad autoriza el corte sumario del ingreso de subsistencia sin un debido proceso previo ni evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n socioambiental del titular.<\/p>\n

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\u201cLa pr\u00f3rroga de la Ley de Emergencia no es una discusi\u00f3n abstracta de t\u00e9cnica legislativa: es la frontera que separa la sostenibilidad de las instituciones asistenciales del desamparo absoluto de las familias m\u00e1s vulnerables\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n

La jurisprudencia de la Corte Suprema y el principio de no regresividad<\/strong><\/p>\n

La decisi\u00f3n de prorrogar la ley 27793 y desechar alternativas regresivas no es una mera cuesti\u00f3n de preferencia pol\u00edtica, sino un mandato constitucional estricto. La jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) ha erigido un marco conceptual inquebrantable en torno a los derechos de los colectivos vulnerables:<\/p>\n

\u2022 Mandato de tutela preferente (Art. 75 inc. 23 CN):<\/strong> el M\u00e1ximo Tribunal ha sostenido reiteradamente que las personas con discapacidad son acreedoras de una protecci\u00f3n p\u00fablica reforzada. Tratar con id\u00e9ntico rasero formal a quienes padecen desigualdades estructurales vulnera el principio de igualdad real de oportunidades y trato.<\/p>\n

\u2022 Principio de no regresividad en derechos sociales:<\/strong> de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema, una vez alcanzado un determinado nivel de protecci\u00f3n o est\u00e1ndar de cobertura asistencial y econ\u00f3mica, el Estado tiene prohibido de forma categ\u00f3rica adoptar medidas legislativas o reglamentarias que restrinjan, condicionen o reduzcan los derechos vigentes, a menos que demuestre razones de peso superadoras que respeten el principio de proporcionalidad.<\/p>\n

\u2022 Car\u00e1cter alimentario y protecci\u00f3n de la vida digna:<\/strong> tanto los beneficios previsionales como los servicios integrales de la ley 24901 revisten naturaleza alimentaria indispensable para asegurar un nivel de vida adecuado -Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (Pidesc)-. Interrumpir su percepci\u00f3n mediante suspensiones cautelares autom\u00e1ticas hiere el n\u00facleo esencial del derecho a la salud y a la vida de las personas con discapacidad.<\/p>\n

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\u201cEl principio de no regresividad impone al Poder Legislativo una barrera insoslayable: ninguna reforma puede precarizar los derechos o el financiamiento conquistado en favor de colectivos bajo tutela constitucional preferente\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n

Un llamado a la responsabilidad legislativa y \u00e9tica<\/strong><\/p>\n

El debate en torno a la pr\u00f3rroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad prueba la calidad democr\u00e1tica e institucional de una naci\u00f3n. Extender la vigencia de la ley 27793 no implica consolidar una situaci\u00f3n an\u00f3mala de forma indefinida; significa mantener levantado el \u00fanico valladar legal que impide el desmantelamiento de las redes de apoyo y garantiza la dignidad de cientos de miles de ciudadanos.<\/p>\n

El Congreso de la Naci\u00f3n tiene la responsabilidad hist\u00f3rica de ratificar la vigencia de la emergencia en discapacidad, desechando reformas punitivas o regresivas. Proteger los aranceles de los prestadores, sostener las pensiones sin la sombra de la invalidez laboral y garantizar el debido proceso no son concesiones discrecionales: son el cumplimiento estricto de la Constituci\u00f3n Nacional y de la promesa suprema de no dejar a nadie atr\u00e1s.<\/p>\n

(*) Abogada (MP 1-36999 \u2013 MF T504 F860). Maestranda en Derecho Constitucional y directora de la Sala de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de C\u00f3rdoba<\/strong><\/p>\n

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