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El fallo declar\u00f3 inconstitucional dos de los art\u00edculos incluidos en el DNU 70\/2023. El fallo fue por la demanda de una afiliada <\/p>\n
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![\"Frente](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/la-justicia-freno-los-aumentos-de-osde-que-ahora-deberan-ser-autorizados-por-el-estado.webp\")
<\/picture> <\/div><\/div>\nLa C\u00e1mara Civil y Comercial Federal<\/strong>, Sala III, declar\u00f3 la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 267 y 269 del DNU 70\/2023<\/a>. La decisi\u00f3n lleg\u00f3 en el marco de una demanda contra OSDE por los aumentos aplicados a las cuotas de medicina prepaga.<\/p>\n El tribunal revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia, que hab\u00eda rechazado el planteo. Ahora admiti\u00f3 la demanda y fij\u00f3 nuevas reglas de juego para la empresa.<\/p>\n El fallo obliga a OSDE <\/strong>a retomar el camino que reg\u00eda antes del DNU. Para ese contrato, la Superintendencia de Servicios de Salud<\/a> deber\u00e1 fiscalizar y autorizar cada aumento que la prepaga pretenda aplicar, seg\u00fan los criterios que contemplaban los art\u00edculos 5, inciso g), y 17 de la normativa anterior al DNU 70\/2023.<\/strong><\/p>\n La C\u00e1mara fue clara en sus t\u00e9rminos. OSDE deber\u00e1 realizar los tr\u00e1mites correspondientes<\/strong> ante el organismo de control para obtener la aprobaci\u00f3n del porcentaje de aumento.<\/p>\n Hasta que esa autorizaci\u00f3n no se produzca, la empresa no podr\u00e1 incrementar la cuota en ese contrato. La prohibici\u00f3n alcanza a aumentos vinculados con la variaci\u00f3n de su estructura de costos o con los c\u00e1lculos actuariales de riesgo.<\/p>\n El DNU 70\/2023<\/strong> hab\u00eda desregulado el sector. Las prepagas pod\u00edan subir sus cuotas<\/strong> sin pasar por el filtro de la Superintendencia. Ese escenario ahora qued\u00f3 sin efecto para este caso.<\/p>\n Los jueces determinaron que el Estado debe volver a ejercer el control previo sobre los valores. La desregulaci\u00f3n impuesta por el DNU choc\u00f3 con los derechos de los usuarios y con el marco constitucional que protege el acceso a la salud, seg\u00fan el razonamiento del tribunal.<\/span><\/p>\n La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n se refiere a los pagos efectuados durante la vigencia de la medida cautelar<\/strong> dictada en el expediente. Los importes abonados bajo esos par\u00e1metros, ajustados de acuerdo con el \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC), deber\u00e1n ser considerados pagos definitivos y cancelatorios.<\/p>\n Ninguna de las partes podr\u00e1 reclamar diferencias por ese per\u00edodo. El punto zanja una discusi\u00f3n que podr\u00eda haber generado nuevos conflictos entre usuarios y empresas.<\/p>\n Pero la C\u00e1mara reconoci\u00f3 el derecho de la parte actora a percibir las eventuales diferencias que surjan<\/strong> entre los valores determinados por la medida cautelar y los montos que la empresa hubiera establecido de manera ileg\u00edtima.<\/p>\n Esas diferencias deber\u00e1n ser contempladas en la pr\u00f3xima cuota que corresponda facturar<\/strong>. La empresa tendr\u00e1 que hacer el c\u00e1lculo y devolverle al usuario lo que cobr\u00f3 de m\u00e1s.<\/p>\n La decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en un antecedente de la propia C\u00e1mara. La causa “Mugica”, resuelta en mayo de 2025, fue considerada sustancialmente an\u00e1loga al caso analizado.<\/p>\n Los jueces se\u00f1alaron que, por esa similitud, correspond\u00eda remitirse a los fundamentos y conclusiones de aquel precedente<\/strong>. El criterio ya hab\u00eda sido fijado meses atr\u00e1s.<\/p>\n El expediente hab\u00eda llegado a la C\u00e1mara luego de que la primera instancia rechazara la demanda. Ese juzgado hab\u00eda considerado que desde el inicio del proceso se hab\u00edan producido modificaciones en el escenario normativo.<\/p>\n Tambi\u00e9n sostuvo que la intervenci\u00f3n de los organismos de control hab\u00eda alterado las circunstancias existentes al momento de promoverse la acci\u00f3n. Esos argumentos no convencieron a los jueces de segunda instancia.<\/p>\n En el an\u00e1lisis de primera instancia se hab\u00eda tenido en cuenta una medida cautelar dictada en otra causa<\/strong>. All\u00ed se hab\u00eda ordenado a distintas empresas de medicina prepaga retrotraer los valores de las cuotas a diciembre de 2023.<\/p>\n Posteriormente, deb\u00edan actualizarlos de acuerdo con el IPC. Ese criterio tambi\u00e9n hab\u00eda generado tensi\u00f3n en el sector.<\/p>\n La Sala III, sin embargo, consider\u00f3 que los argumentos planteados en la apelaci\u00f3n justificaban revocar la decisi\u00f3n de primera instancia. Por eso, adem\u00e1s de declarar la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 267 y 269 del DNU 70\/2023<\/a>, impuso las costas de ambas instancias a la empresa demandada, en su condici\u00f3n de parte vencida.<\/span><\/p>\n El fallo sienta un precedente relevante. Otras causas similares podr\u00edan seguir el mismo camino en los pr\u00f3ximos meses. La Superintendencia de Servicios de Salud<\/a><\/strong> vuelve a tener un rol protag\u00f3nico en el control de aumentos de prepagas.<\/p>\nQu\u00e9 deber\u00e1 hacer ahora OSDE para aumentar las cuotas<\/h2>\n
Qu\u00e9 pasa con los pagos que ya se hicieron durante el juicio<\/h2>\n
El precedente que us\u00f3 la C\u00e1mara para tomar la decisi\u00f3n<\/h2>\n
Qu\u00e9 hab\u00eda ordenado otra medida cautelar a las prepagas<\/h2>\n
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