![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/fallo-de-la-corte-reactiva-dnu-de-milei-y-quita-limites-a-venta-de-tierras-a-extranjeros.jpg\")
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El fallo permite que personas de otros pa\u00edses accedan a campos argentinos sin restricciones, tras la entrada en vigor del DNU 70\/23 de Milei <\/p>\n
19:04hs<\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n
![\"los](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/fallo-de-la-corte-reactiva-dnu-de-milei-y-quita-limites-a-venta-de-tierras-a-extranjeros.webp\")
<\/picture> <\/div><\/div>\nLa Corte Suprema <\/strong>dict\u00f3 un fallo que elimina restricciones a la venta de tierras a extranjeros<\/a>. El m\u00e1ximo tribunal puso nuevamente en vigencia el art\u00edculo 154 del decreto 70\/23<\/strong>, conocido como el megadecreto de Javier Milei de diciembre de 2023.<\/p>\n Ese art\u00edculo derogaba la Ley de Tierras<\/a> y, con ella, los l\u00edmites que imped\u00edan a extranjeros adquirir campos sin control. Hab\u00eda sido frenado por una presentaci\u00f3n judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).<\/strong><\/p>\n Los excombatientes alegaron que estaban legitimados para defender la soberan\u00eda nacional. La Corte rechaz\u00f3 ese argumento.<\/p>\n El constitucionalista Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez<\/strong> sostuvo en redes que, a partir del fallo, “cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin l\u00edmite alguno”<\/span>.<\/p>\n El fallo revoc\u00f3 una decisi\u00f3n previa de la C\u00e1mara Federal de La Plata. Ese tribunal hab\u00eda declarado inconstitucional el art\u00edculo 154 del DNU<\/strong>.<\/p>\n Todo empez\u00f3 con una acci\u00f3n presentada por el CECIM. La asociaci\u00f3n cuestion\u00f3 el art\u00edculo 154 del decreto mediante el cual se derog\u00f3 la Ley 26.737, m\u00e1s conocida como Ley de Tierras Rurales.<\/p>\n En primera instancia, el Juzgado Federal de La Plata N\u00b04 rechaz\u00f3 la demanda. El juez consider\u00f3 que la calidad invocada por la asociaci\u00f3n no resultaba suficiente para reconocerle legitimaci\u00f3n procesal<\/strong>.<\/p>\n Sin embargo, la Sala III de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de La Plata dio vuelta ese fallo. Declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo cuestionado y dispuso la reinscripci\u00f3n de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.<\/p>\n El Estado Nacional no se qued\u00f3 quieto. Interpuso un recurso extraordinario ante la Corte.<\/p>\n Ah\u00ed lleg\u00f3 el caso a manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los tres magistrados decidieron analizar primero si el CECIM estaba habilitado para promover la acci\u00f3n.<\/p>\n Los jueces consideraron que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”<\/span>.<\/p>\n El fallo explica que la soberan\u00eda invocada por la asociaci\u00f3n es la soberan\u00eda territorial reconocida en la cl\u00e1usula transitoria primera de la Constituci\u00f3n Nacional. Esa cl\u00e1usula se refiere a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios mar\u00edtimos e insulares correspondientes.<\/p>\n La Corte defini\u00f3 qu\u00e9 es la soberan\u00eda territorial. Se\u00f1al\u00f3 que es el conjunto de competencias<\/strong> que, con independencia de cualquier otro poder o autoridad, corresponden al Estado para el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n Consiste en la facultad de gobernar un territorio determinado con exclusi\u00f3n de cualquier otro estado.<\/p>\n “Como es obvio, dichas competencias en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo en el sentido del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional y de la jurisprudencia citada”, concluy\u00f3 la sentencia.<\/p>\n El m\u00e1ximo tribunal fue muy cr\u00edtico. Advirti\u00f3 a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad<\/strong>.<\/p>\n La Ley de Tierras en Argentina, establecida mediante la Ley 26.737, regulaba la titularidad y posesi\u00f3n de tierras para usos agropecuarios, forestales, tur\u00edsticos, entre otros.<\/p>\n Se centraba en limitar la propiedad de tierras por parte de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras. Defin\u00eda criterios y excepciones.<\/p>\n Adem\u00e1s, establec\u00eda un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley buscaba preservar la soberan\u00eda territorial y evitar la extranjerizaci\u00f3n desmedida de las tierras<\/a><\/span>.<\/p>\n Con el fallo de la Corte Suprema, esas restricciones dejaron de tener vigencia<\/strong>. El art\u00edculo 154 del megadecreto de Milei volvi\u00f3 a regir y elimin\u00f3 los l\u00edmites para la compra de campos por parte de extranjeros en todo el territorio argentino.<\/p>\nEl recorrido judicial del caso hasta la Corte Suprema<\/h2>\n
Por qu\u00e9 la Corte rechaz\u00f3 el argumento de los excombatientes<\/h2>\n
Qu\u00e9 establec\u00eda la Ley de Tierras que qued\u00f3 derogada<\/h2>\n
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