{"id":56278,"date":"2026-09-16T20:26:56","date_gmt":"2026-09-16T20:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=538344"},"modified":"2026-09-16T20:26:56","modified_gmt":"2026-09-16T20:26:56","slug":"malvinas-la-justicia-ordeno-que-rockhopper-y-navitas-frenen-el-proyecto-petrolero-sea-lion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=56278","title":{"rendered":"Malvinas: la Justicia orden\u00f3 que Rockhopper y Navitas frenen el proyecto petrolero Sea Lion"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

La jueza Federal de Garant\u00edas de R\u00edo Grande Mariel Borruto<\/strong> les orden\u00f3 a dos empresas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras como perforaciones e instalaciones submarinas.<\/p>\n

Se trata de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.<\/p>\n

La magistrada hizo lugar a la medida cautelar presentada por un grupo de ex combatientes y abogados ambientalistas.<\/p>\n

Le pidi\u00f3 a la Canciller\u00eda que informe en un plazo de 10 d\u00edas si las compa\u00f1\u00edas pesqueras que forma parte del proyecto \u201ccuentan o contaron con habilitaci\u00f3n, permiso, autorizaci\u00f3n o consentimiento de autoridad competente de la Rep\u00fablica Argentina para desarrollar actividades de exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n o cualquier otra actividad hidrocarbur\u00edfera en las Islas Malvinas y\/o en los espacios mar\u00edtimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina\u201d.<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s, le solicit\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental, que se encuentra bajo la orbita de la Subsecretar\u00eda de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Naci\u00f3n, que indique si existe en sus registros alg\u00fan aviso del proyecto presentado o procedimiento de an\u00e1lisis de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus posibles ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas relacionadas.<\/p>\n

A su vez, deber\u00e1 remitir \u201csi se ha dictado a su respecto declaraci\u00f3n de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad\u201d.<\/p>\n

La semana pasada, en l\u00ednea con el criterio de la Sede Fiscal Descentralizada R\u00edo Grande, Borruto se declar\u00f3 competente para intervenir en la acci\u00f3n preventiva por posible da\u00f1o ambiental y soberano presentada contra las petroleras extranjeras que operan aproximadamente a 220 kil\u00f3metros al norte de las Islas Malvinas.<\/strong><\/p>\n

La Asociaci\u00f3n de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)<\/strong> alegaron que las empresas demandadas habr\u00edan iniciado las fases log\u00edsticas y constructivas al amparo de \u201clicencias unilaterales e ileg\u00edtimas\u201d otorgadas por el Reino Unido de Gran Breta\u00f1a e Irlanda del Norte, lo que omitir\u00eda el procedimiento de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (EIA) y la consecuente obtenci\u00f3n del Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la Ley General del Ambiente N\u00b0 25.675 ante las autoridades soberanas de la Argentina.<\/p>\n

Adem\u00e1s de declarar la competencia, la magistrada le dio intervenci\u00f3n en el caso a la provincia de Tierra del Fuego, Ant\u00e1rtida e Islas del Atl\u00e1ntico Sur,<\/strong> ya que consider\u00f3 que, como el proyecto impugnado se ubica dentro de su jurisdicci\u00f3n, es el gobierno provincial quien tiene la titularidad sobre sus recursos naturales y la potestad para regular el medio ambiente, conforme a la Ley 23.775.
Por ello, orden\u00f3 dar traslado por diez d\u00edas a la Fiscal\u00eda de Estado provincial a fin de que ejerza la representaci\u00f3n pertinente en defensa del patrimonio y el ambiente estatal. <\/p>\n

En su dictamen, el Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) indic\u00f3 que el emprendimiento se emplaza en aguas del Atl\u00e1ntico Sur y que, por lo tanto, su din\u00e1mica oceanogr\u00e1fica, corrientes y conectividad ecosist\u00e9mica integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atl\u00e1ntico Sur, de modo que la degradaci\u00f3n denunciada recaer\u00eda sobre recursos ambientales interjurisdiccionales\u201d.<\/strong><\/p>\n

Borruto comparti\u00f3 sus argumentos y remarc\u00f3 que la infraestructura prevista para el proyecto Sea Lion \u2013pozos subsea, unidad flotante de producci\u00f3n, almacenamiento y descarga, l\u00edneas de flujo y risers\u2013 se instalar\u00eda materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicci\u00f3n mar\u00edtima de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre ello, el MPF marc\u00f3 que las accionadas pretenden ejecutar una actividad susceptible de producir graves da\u00f1os ambientales sobre recursos naturales pertenecientes a la Argentina sin que sus autoridades competentes hayan podido evaluar sus consecuencias ambientales. <\/strong><\/p>\n

En otro tramo de su dictamen, se\u00f1al\u00f3 que las autoridades argentinas se vieron imposibilitadas de acceder y fiscalizar en su totalidad la informaci\u00f3n t\u00e9cnica del proyecto, exigir estudios de impacto independientes, velar por la participaci\u00f3n ciudadana, aplicar los principios de prevenci\u00f3n y precauci\u00f3n ambiental y emitir una resoluci\u00f3n final de aprobaci\u00f3n o rechazo. <\/p>\n

En esa l\u00ednea, remarc\u00f3 que la doctrina especializada sostiene que el derecho ambiental se caracteriza por su funci\u00f3n esencialmente preventiva, en la medida en que los da\u00f1os que se pretende evitar resultan, en muchos casos, irreversibles o de muy dif\u00edcil recomposici\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

El otro fundamento que resalt\u00f3 la jueza, en l\u00ednea con lo expresado por la fiscal\u00eda, se relacion\u00f3 con el argumento de da\u00f1o soberano. En ese sentido, indic\u00f3 que la acci\u00f3n no se limita solo en un planteo t\u00e9cnico-ambiental, pues subyace en ella la defensa de la soberan\u00eda nacional, un bien colectivo indivisible que \u201creviste la calidad de inter\u00e9s federal por antonomasia\u201d. <\/p>\n

Sobre el tema, el MPP refiri\u00f3 que deb\u00edan aplicarse las normativas federales especiales, como la Ley N\u00b0 26.659 de Hidrocarburos y su modificatoria (Ley N\u00b0 26.915), que declaran ilegales las actividades hidrocarbur\u00edferas no autorizadas en la plataforma continental.<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u201cla explotaci\u00f3n unilateral de recursos naturales por el Reino Unido de Gran Breta\u00f1a e Irlanda del Norte es incompatible con el proceso de negociaci\u00f3n impulsado por la ONU\u201d.<\/p>\n

Bajo esa premisa, record\u00f3 que la comunidad internacional no solo reconoce que existe una disputa de soberan\u00eda pendiente de soluci\u00f3n, sino que pidi\u00f3 reiteradamente que las partes \u201cse abstengan de adoptar medidas unilaterales que alteren la situaci\u00f3n existente mientras dicha controversia permanezca abierta\u201d.<\/p>\n

La fiscal\u00eda concluy\u00f3 que en el caso acud\u00edan \u201cen forma simult\u00e1nea y concurrente\u201d los factores de atribuci\u00f3n en raz\u00f3n de la materia (da\u00f1o ambiental interjurisdiccional y derecho de la navegaci\u00f3n), de las personas (afectaci\u00f3n directa a un inter\u00e9s soberano del Estado Nacional y su pueblo) y del lugar (plataforma continental argentina bajo jurisdicci\u00f3n federal), lo que configura \u201cun supuesto paradigm\u00e1tico de competencia federal insustituible\u201d.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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