{"id":55375,"date":"2026-08-25T21:59:00","date_gmt":"2026-08-25T21:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/legales\/463043-reforma-laboral-fallo-declara-inconstitucional-un-articulo-vinculado-a-despidos"},"modified":"2026-08-25T21:59:00","modified_gmt":"2026-08-25T21:59:00","slug":"otro-fallo-declara-inconstitucional-un-articulo-de-la-reforma-laboral-vinculado-a-despidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=55375","title":{"rendered":"Otro fallo declara inconstitucional un art\u00edculo de la reforma laboral vinculado a despidos"},"content":{"rendered":"

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La Sala I de la C\u00e1mara de Apelaciones del Trabajo <\/strong>declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 55 de la Ley de Modernizaci\u00f3n Laboral (27.802)<\/a>, al considerar que la norma castiga a los trabajadores que iniciaron juicios tras ser despedidos <\/strong>y viola al menos tres art\u00edculos de la Carta Magna.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n fue dictada por los jueces Enrique Catani y Gabriela V\u00e1zquez,<\/strong> quienes aclararon un aspecto trascendental: esta medida no provoca un vac\u00edo legal con respecto a los cr\u00e9ditos laborales sino que se debe aplicar lo que estipula el art\u00edculo 54 de la misma norma, sancionada por el Congreso en febrero pasado.<\/p>\n

Una resoluci\u00f3n similar hab\u00eda dictado en mayo la sala VI de la misma C\u00e1mara, mientras que las salas II y VIII consideraron constitucional y<\/strong> de aplicaci\u00f3n obligatoria el art\u00edculo cuestionado y desestimaron los planteos promovidos por los trabajadores.<\/p>\n

Para los especialistas, las diferentes posturas de los jueces generan incertidumbre tanto en las empresas como en los empleados y urge una decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia <\/strong>sobre la validez de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.<\/a><\/p>\n

El caso: empleo no registrado, rebeld\u00eda y extensi\u00f3n de responsabilidad<\/h2>\n

El caso se inici\u00f3 tras el reclamo judicial de una trabajadora despedida (G.J.) contra la empresa Bourbon Caf\u00e9 SRL y su socio gerente, F. V.. <\/strong>La firma fue declarada en rebeld\u00eda por no presentarse en el expediente, por lo que se dio por acreditada la irregularidad o deficiencia registral del v\u00ednculo de trabajo.<\/p>\n

En primera instancia, el juzgado laboral N\u00b0 70 hizo lugar a la demanda y extendi\u00f3 la responsabilidad de manera solidaria al socio gerente<\/strong>, al considerar que la contrataci\u00f3n irregular constituye una maniobra para frustrar derechos de terceros y evadir obligaciones contractuales y previsionales. En total, orden\u00f3 pagar a la trabajadora $ 349.713.<\/p>\n

No obstante, el tribunal matiz\u00f3 esa condena delimitando su alcance exclusivamente a las indemnizaciones y rubros que guardan un nexo causal directo con la falta de registro y redujo el monto a abonar por el socio.<\/p>\n

El eje central: la inconstitucionalidad del art\u00edculo 55 de la reforma laboral<\/h2>\n

El punto de mayor importancia del fallo reside en el an\u00e1lisis de la actualizaci\u00f3n monetaria e intereses de los cr\u00e9ditos laborales.<\/strong><\/p>\n

La norma sancionada, que rige desde marzo, sustituy\u00f3 el art\u00edculo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y fij\u00f3 en su art\u00edculo 54 la regla general de actualizaci\u00f3n de cr\u00e9ditos laborales por el \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con m\u00e1s una tasa de inter\u00e9s pura del 3% anual.<\/p>\n

Sin embargo, el art\u00edculo 55 de dicha ley fija un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n exclusivamente para los cr\u00e9ditos en procesos judiciales en tr\u00e1mite pendientes de sentencia definitiva: impone un “piso m\u00ednimo” equivalente al 67% de la actualizaci\u00f3n por IPC + 3%<\/span>, generando en la pr\u00e1ctica una p\u00e9rdida del 33% del valor actualizado.<\/p>\n

La sala I de la C\u00e1mara lo declar\u00f3 inconstitucional bas\u00e1ndose en tres pilares:<\/p>\n

Lesi\u00f3n al derecho de propiedad privada (art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n Nacional)<\/h3>\n

El juez Catani remarc\u00f3 que someter el cr\u00e9dito al 67% del \u00edndice de inflaci\u00f3n no es una mera regulaci\u00f3n de c\u00e1lculo, sino una confiscaci\u00f3n o “quita legal” que beneficia indebidamente al deudor moroso.<\/p>\n

“Aun aplicando el piso m\u00ednimo contemplado en la propia disposici\u00f3n -esto es, el sesenta y siete por ciento (67%) del importe que resultar\u00eda de actualizar el capital conforme la variaci\u00f3n del IPC <\/a>con m\u00e1s una tasa del tres por ciento (3%) anual-, el r\u00e9gimen conduce necesariamente a la p\u00e9rdida de una parte sustancial del valor del cr\u00e9dito”, sostuvo el camarista en su voto.<\/p>\n

Consider\u00f3 que “no se trata, entonces, de una mera reglamentaci\u00f3n del modo de c\u00e1lculo de los accesorios, sino de una verdadera quita legal sobre el contenido econ\u00f3mico de la acreencia”.<\/span><\/p>\n

“En tales condiciones, la norma consagra en beneficio del deudor incumplidor la licuaci\u00f3n de una porci\u00f3n del cr\u00e9dito por el solo transcurso del tiempo, resultado que no encuentra amparo en ninguna cl\u00e1usula constitucional, porque nadie tiene un derecho constitucional a que su deuda se lic\u00fae mientras permanece impaga por el mero transcurso del tiempo”, agreg\u00f3.<\/p>\n

Violaci\u00f3n del principio de igualdad ante la ley<\/h3>\n

El fallo expone que la norma discrimina a trabajadores en id\u00e9ntica situaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong> (titulares de cr\u00e9ditos laborales impagos) bas\u00e1ndose en una pauta arbitraria: si recurrieron o no a la Justicia para cobrar.<\/p>\n

“La ley coloca en peor situaci\u00f3n a quienes, precisamente a causa de ese incumplimiento, se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacci\u00f3n de su derecho. La distinci\u00f3n es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del cr\u00e9dito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicializaci\u00f3n”, destac\u00f3 Catani.<\/p>\n

Violaci\u00f3n del derecho de peticionar a las autoridades y castigo al litigante<\/h3>\n

Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Cantos vs. Argentina”, 2002), la sentencia remarca que el acceso a la jurisdicci\u00f3n no puede ser “penalizado”<\/strong> ni generar sobrecostos patrimoniales a la v\u00edctima del incumplimiento.<\/p>\n

Rechazo a la doctrina del “esfuerzo compartido”<\/h2>\n

Frente a eventuales argumentos que intentan justificar la licuaci\u00f3n de deudas mediante la doctrina del “esfuerzo compartido” o situaciones de emergencia econ\u00f3mica, la C\u00e1mara desestim\u00f3 categ\u00f3ricamente su aplicaci\u00f3n en el fuero laboral.<\/p>\n

“Esa construcci\u00f3n jurisprudencial, elaborada para contextos extraordinarios de emergencia ajenos al Derecho del Trabajo, no puede trasladarse sin m\u00e1s a cr\u00e9ditos de naturaleza alimentaria cuyo titular es un sujeto de preferente tutela constitucional”, record\u00f3 el fallo, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

Tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que “el art\u00edculo 14 bis de la Constituci\u00f3n Nacional dispone que el trabajo, en todas sus formas, gozar\u00e1 de la protecci\u00f3n de las leyes. Ese mandato impide convalidar soluciones legislativas que, bajo apariencia de regulaci\u00f3n, trasladen al trabajador las consecuencias econ\u00f3micas del incumplimiento patronal o de la depreciaci\u00f3n monetaria”.<\/p>\n

En este terreno, la Constituci\u00f3n “no autoriza a distribuir la p\u00e9rdida entre acreedor y deudor; ordena proteger con especial intensidad a quien vive de su trabajo”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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