C\u00e1mara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anul\u00f3 la condena de u$s16.000 millones<\/a> contra la Argentina por la expropiaci\u00f3n de YPF marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n tanto en lo jur\u00eddico como en lo econ\u00f3mico. Detr\u00e1s de esa victoria se destac\u00f3 la figura de Robert Giuffra Jr., el abogado que lider\u00f3 la estrategia de defensa del pa\u00eds.<\/p>\nGiuffra, copresidente del estudio Sullivan & Cromwell, es un reconocido litigante en Estados Unidos y recientemente integr\u00f3 el equipo legal que defendi\u00f3 a Donald Trump en una causa penal de alto perfil. Tras conocerse la resoluci\u00f3n, calific\u00f3 el fallo como un triunfo no solo para la Argentina, sino tambi\u00e9n para el sistema judicial frente a pr\u00e1cticas especulativas en el financiamiento de litigios.<\/p>\n
En declaraciones a medios internacionales, el abogado sostuvo que la decisi\u00f3n representa “un rev\u00e9s para el casino de los litigios<\/strong>” y remarc\u00f3 que el tribunal de primera instancia hab\u00eda aplicado de manera incorrecta el derecho argentino. En ese sentido, apunt\u00f3 contra el fondo Burford Capital, que hab\u00eda adquirido los derechos para litigar tras la quiebra del Grupo Petersen.<\/p>\nSeg\u00fan Giuffra, este tipo de inversores intentan convertir los tribunales en espacios de apuestas judiciales basadas en interpretaciones forzadas de la ley. Record\u00f3 que Burford compr\u00f3 el derecho a demandar por unos 15 millones de euros con la expectativa de obtener ganancias extraordinarias, que finalmente quedaron en nada tras el fallo de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
Los fundamentos del fallo<\/h2>\n
El eje de la decisi\u00f3n judicial estuvo en la interpretaci\u00f3n de los estatutos de YPF<\/strong>. La C\u00e1mara concluy\u00f3 que, bajo el derecho argentino, esos estatutos no constituyen contratos entre el Estado y los accionistas, sino normas internas de funcionamiento de la empresa.<\/p>\nAdem\u00e1s, el tribunal determin\u00f3 que la expropiaci\u00f3n de 2012 fue un acto de derecho p\u00fablico regido por la Ley de Expropiaciones, lo que deja sin efecto cualquier reclamo basado en obligaciones contractuales previas. De esta manera, rechaz\u00f3 el argumento de los demandantes que sosten\u00edan que el Estado deb\u00eda lanzar una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (OPA) para comprar las acciones restantes.<\/p>\n
Tambi\u00e9n fue descartada la aplicaci\u00f3n de la figura del “promissory estoppel”, utilizada por los demandantes para sostener que exist\u00eda una promesa impl\u00edcita incumplida por parte del Estado argentino.<\/p>\n
La decisi\u00f3n cont\u00f3 con los votos mayoritarios de los jueces Denny Chin y Beth Robinson.<\/strong> En disidencia, el magistrado Jos\u00e9 Cabranes consider\u00f3 que los estatutos s\u00ed implicaban obligaciones contractuales y que su incumplimiento deb\u00eda ser indemnizado.<\/p>\nCon este fallo, la Argentina evit\u00f3 un pago que, con intereses acumulados, ya superaba los 18.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Qui\u00e9n es Robert Giuffra<\/h2>\n
Robert Giuffra Jr. cuenta con una extensa trayectoria en el \u00e1mbito legal y pol\u00edtico de Estados Unidos. Antes de su rol en este caso, trabaj\u00f3 en la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan y fue asesor del Comit\u00e9 de Banca del Senado, adem\u00e1s de integrar la Comisi\u00f3n de \u00c9tica del Estado de Nueva York.<\/p>\n
Su estudio, Sullivan & Cromwell, es uno de los m\u00e1s influyentes de Wall Street y ha representado a grandes corporaciones internacionales, incluidas empresas automotrices como Volkswagen, Audi y Fiat, as\u00ed como compa\u00f1\u00edas vinculadas al grupo Techint.<\/p>\n
El v\u00ednculo con la Argentina<\/h2>\n
La relaci\u00f3n del bufete con la Argentina no es nueva. Sullivan & Cromwell ha defendido al pa\u00eds en distintos litigios en Nueva York, <\/span>especialmente en causas vinculadas al default de 2001 y a pol\u00edticas econ\u00f3micas de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\nUno de los antecedentes m\u00e1s relevantes fue el caso del Cup\u00f3n PBI. En ese litigio, la Argentina fue acusada de manipular datos del crecimiento econ\u00f3mico para evitar pagos a bonistas. En 2020, el equipo liderado por Giuffra logr\u00f3 que se desestimara la demanda, consolidando su reputaci\u00f3n como defensor del Estado argentino.<\/p>\n
A pesar de que sus honorarios \u2014que pueden alcanzar los u$s1.800 por hora\u2014 generaron debate, en el \u00e1mbito legal se consideran acordes a los valores de mercado de los estudios de \u00e9lite en Nueva York.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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