![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/detenciones-en-flagrancia-el-alcance-del-nuevo-rol-de-la-side.png\")
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<\/div>\nEl Decreto 941\/2025 el cual reforma la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 contempla el art\u00edculo 10 nonies en donde se autoriza a la SIDE a realizar aprehensiones moment\u00e1neas en caso de flagrancia estrictamente vinculados a su funci\u00f3n espec\u00edfica<\/strong>, bajo la obligaci\u00f3n inmediata de dar intervenci\u00f3n a las fuerzas de seguridad y al control judicial<\/span>, sin alterar el reparto tradicional de competencias.<\/p>\n Esta modificaci\u00f3n normativa representa un avance sustancial al permitir que, frente a situaciones de flagrancia o riesgo inminente para la seguridad de instalaciones sensibles, bienes, personal, operaciones y\/o informaci\u00f3n, los agentes de inteligencia puedan realizar una aprehensi\u00f3n moment\u00e1nea, siempre bajo la exigencia de notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.<\/p>\n No se trata de otorgarles funciones policiales, ni de cruzar l\u00edmites institucionales.<\/span><\/p>\n Se trata, precisamente, de evitar el vac\u00edo operativo que puede surgir en contextos de emergencia, <\/strong>donde esperar la intervenci\u00f3n de otros organismos podr\u00eda significar la p\u00e9rdida de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica, la exposici\u00f3n del personal o el agravamiento de una amenaza.<\/p>\n Este tipo de medidas demuestra una lectura l\u00facida y actualizada de las necesidades <\/span>del sistema de seguridad nacional.<\/p>\n Fortalece a los organismos de inteligencia<\/strong> en el marco de la legalidad, sin invadir las competencias de las fuerzas del orden, reafirmando el principio de coordinaci\u00f3n interinstitucional.<\/p>\n A la vez, establece l\u00edmites claros y mecanismos de control: la intervenci\u00f3n debe ser moment\u00e1nea, justificada por la urgencia, y notificada de forma inmediata.<\/p>\n En un escenario nacional e internacional donde las amenazas a la seguridad se vuelven cada vez m\u00e1s sofisticadas \u2014desde el sabotaje f\u00edsico hasta la intrusi\u00f3n cibern\u00e9tica<\/strong>\u2014, resulta imprescindible que los organismos de inteligencia cuenten con herramientas operativas eficaces para actuar en tiempo real.<\/p>\n En definitiva, esta reforma no vulnera derechos ni debilita garant\u00edas, sino que, por el contrario, contribuye a construir un sistema m\u00e1s robusto, \u00e1gil y preparado a los requerimientos actuales.<\/p>\n Si el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n faculta expresamente a cualquier particular a practicar una detenci\u00f3n provisional en casos de flagrancia, resulta a\u00fan m\u00e1s leg\u00edtimo \u2014y hasta l\u00f3gico\u2014 que un agente de inteligencia, con formaci\u00f3n espec\u00edfica y responsabilidad institucional, pueda actuar del mismo modo cuando se enfrenta a una situaci\u00f3n de riesgo inminente.<\/p>\n Esta figura, conocida como “arresto ciudadano”<\/span>, est\u00e1 ampliamente aceptada en el derecho argentino como una herramienta excepcional -pero v\u00e1lida- para impedir la continuidad de un delito o la fuga de su autor, siempre con la obligaci\u00f3n de poner al detenido de inmediato a disposici\u00f3n de la autoridad competente.<\/p>\n En este contexto, la reforma del art\u00edculo 10 nonies de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 no introduce un privilegio indebido, sino que incorpora de forma controlada y justificada<\/span> una herramienta operativa que ya reconoce el ordenamiento jur\u00eddico para la aplicaci\u00f3n de los ciudadanos comunes.<\/p>\n Si se admite que un particular pueda intervenir ante un delito flagrante, con mayor raz\u00f3n debe admitirse que lo haga un agente del Estado encargado de proteger instalaciones estrat\u00e9gicas<\/strong> y resguardar informaci\u00f3n sensible.<\/p>\n Lejos de ser una extralimitaci\u00f3n<\/strong><\/span>, esta facultad complementa el accionar del sistema de seguridad, reforzando la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas urgentes.<\/p>\n Esta reforma marca un punto de inflexi\u00f3n en la arquitectura operativa del Sistema de Inteligencia Nacional<\/span>: no es solo una modificaci\u00f3n legal, es una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica que fortalece la capacidad real del Estado para responder con eficacia, inmediatez y legitimidad frente a amenazas complejas.<\/p>\n Garantiza que ni los activos cr\u00edticos de la Naci\u00f3n ni el personal altamente especializado queden expuestos a la vulnerabilidad operativa.<\/p>\n La inteligencia argentina no puede estar atada de manos cuando est\u00e1 en juego la seguridad nacional.<\/p>\n Es fundamental subrayarlo con claridad: esta facultad no convierte a los agentes de inteligencia en una fuerza policial paralela ni les otorga un poder discrecional.<\/p>\n Muy por el contrario, las aprehensiones est\u00e1n expresamente limitadas a contextos excepcionales y bien definidos, como situaciones de flagrancia o amenazas directas vinculadas al ejercicio espec\u00edfico de la funci\u00f3n de inteligencia.<\/p>\n Lejos de habilitar abusos, la norma exige el traslado inmediato de la persona retenida a las fuerzas de seguridad competentes,<\/span> estableciendo un l\u00edmite institucional preciso que impide cualquier tipo de actuaci\u00f3n arbitraria o extrajudicial.<\/p>\n Esta reforma no rompe el equilibrio democr\u00e1tico, sino que, contrariamente, lo refuerza.<\/strong><\/span><\/p>\n Garantiza que los servicios de inteligencia, al enfrentarse a amenazas concretas \u2014en territorio, en instalaciones sensibles o frente a filtraciones cr\u00edticas\u2014 puedan actuar con respaldo legal, sin quedar paralizados ante situaciones que requieren respuesta inmediata.<\/p>\n No se trata de avanzar sobre otras jurisdicciones, sino de cerrar un vac\u00edo operativo que, hasta hoy, dejaba desprotegidos<\/span> tanto al personal como a los activos estrat\u00e9gicos del Estado.<\/p>\n Desde una perspectiva constitucional, esta reforma no vulnera derechos fundamentales<\/strong>, sino que se alinea con los principios del Estado de Derecho cuando se aplica bajo estrictos criterios de legalidad, proporcionalidad y sujeci\u00f3n al debido proceso.<\/p>\n La facultad incorporada no es un cheque en blanco, sino que opera en un marco de excepcionalidad claramente delimitado y exige el inmediato traslado del aprehendido a las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad competentes.<\/p>\n No suplanta la investigaci\u00f3n penal ni interfiere en las funciones tradicionales de las fuerzas de seguridad;<\/span> simplemente cierra un vac\u00edo operativo que, en el siglo XXI, ya no puede permitirse.<\/p>\n Quien desconozca esto, o bien no comprende la din\u00e1mica contempor\u00e1nea de la seguridad nacional, o prefiere aferrarse a un formalismo est\u00e9ril que deja expuesto lo que justamente debe ser protegido.<\/p>\n Esta reforma no improvisa, sino que ordena, regula y fortalece.<\/strong><\/p>\n Es el resultado de una mirada estrat\u00e9gica que entiende que la inteligencia nacional no puede quedar al margen de la evoluci\u00f3n normativa ni del control democr\u00e1tico.<\/p>\n En un Estado de Derecho, no hay excepciones fuera del marco legal:<\/strong> incluso las acciones m\u00e1s sensibles del aparato de inteligencia deben inscribirse en la legalidad, con responsabilidad institucional y con garant\u00edas republicanas.<\/p>\n Porque no se trata solo de proteger al Estado, sino de hacerlo desde el Estado y bajo sus propias normas que la regulan.<\/p>\n Esta reforma no debilita el sistema: lo blinda.<\/strong><\/span><\/p>\n Y quienes sirven en los organismos de inteligencia \u2014con compromiso, discreci\u00f3n y vocaci\u00f3n de servicio\u2014 saben que su mejor escudo es una norma clara y moderna.<\/p>\n Esta reforma establece l\u00edmites claros, mecanismos de control efectivos y principios acordes con una democracia constitucional moderna.<\/span><\/p>\n No se trata de conceder poderes, sino de consolidar un marco normativo que garantice el funcionamiento responsable, profesional y respetuoso de los derechos fundamentales.<\/p>\n Marcelo Echevarr\u00eda<\/strong><\/p>\n Abogado (UBA)- Especialista en Derecho Penal (UB)- Autor e Investigador de Derecho Penal en Argentina y en Espa\u00f1a- Socio de la Fundaci\u00f3n Internacional de Ciencias Penales (Espa\u00f1a)- Consultor de Empresas.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Decreto 941\/2025 el cual reforma la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 contempla el art\u00edculo 10 nonies en donde se autoriza a la SIDE a realizar aprehensiones moment\u00e1neas en caso de flagrancia estrictamente vinculados a su funci\u00f3n espec\u00edfica, bajo la obligaci\u00f3n inmediata de dar intervenci\u00f3n a las fuerzas de seguridad y al control judicial, sin alterar 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