![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/indexacion-de-deudas-crece-expectativa-por-decision-clave-de-la-justicia-en-juicio-ganado-a-edesur.jpg\")
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![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/indexacion-de-deudas-crece-expectativa-por-decision-clave-de-la-justicia-en-juicio-ganado-a-edesur.webp\")
<\/div>\nLa ley 23.928 es un recuerdo de los tiempos idos de la convertibilidad. El art\u00edculo 7\u00ba de dicha ley, que prohib\u00eda la indexaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n monetaria de las deudas, fue modificado por la Ley 25.561. Originalmente, establec\u00eda que una deuda dineraria se cumpl\u00eda con la cantidad nominalmente expresada y vedaba la actualizaci\u00f3n monetaria, la indexaci\u00f3n por precios o la repotenciaci\u00f3n. Con la modificaci\u00f3n, se declar\u00f3 inconstitucional la prohibici\u00f3n de indexar en casos espec\u00edficos debido al impacto de la devaluaci\u00f3n, y se aplican m\u00e9todos de ajuste, como el uso del IPC, para preservar el valor real del cr\u00e9dito.<\/p>\n
El contenido original del art\u00edculo 7 de la Ley 23929 expresaba: <\/p>\n
-El deudor de una obligaci\u00f3n de dar una suma de pesos cumple su obligaci\u00f3n entregando la cantidad nominal el d\u00eda del vencimiento.<\/p>\n
-No se admite actualizaci\u00f3n monetaria, indexaci\u00f3n por precios, variaci\u00f3n de costos o repotenciaci\u00f3n de deudas, cualquiera fuera su causa. <\/p>\n
Pero lleg\u00f3 la modificaci\u00f3n de la ley 25.561 que declar\u00f3 la emergencia p\u00fablica y modific\u00f3 la Ley de Convertibilidad, derogando la prohibici\u00f3n de indexar (repotenciar) deudas y la ley que la establec\u00eda<\/span>. <\/p>\n Esto gener\u00f3 que la indexaci\u00f3n de deudas, precios y tarifas vuelva a ser posible<\/strong>, y que desde 2024 algunos fallos judiciales declaren la inconstitucionalidad del art\u00edculo 7 de la ley 23.928 (modificada por la 25.561) para permitir la actualizaci\u00f3n de cr\u00e9ditos por inflaci\u00f3n.<\/p>\n Esto es lo que reclama la empresa Nizza Davidson en su querella comercial contra Edesur y que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA deber\u00e1 fallar en breve.<\/p>\n En sectores del empresariado coinciden que la decisi\u00f3n judicial ser\u00e1 importante porque si se declara inconstitucional el art\u00edculo 7\u00aa que proh\u00edbe indexar se enviar\u00e1 un mensaje positivo a los inversores y emprendedores<\/strong> y se aumentar\u00e1n la previsibilidad en cuanto a las indemnizaciones. <\/p>\n Si, por el contrario, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad de dicho art\u00edculo, “la se\u00f1al ser\u00e1 muy mala y lo extra\u00f1o es que quedar\u00eda en desventaja con la jurisprudencia que aplica la provincia de Buenos Aires, cuya Corte ya declar\u00f3 inconstitucional el art\u00edculo 7\u00aa en el caso Barrios<\/span>“, afirm\u00f3 el administrador de empresas y profesor de la facultad de ciencias econ\u00f3micas de la UBA, Alejandro Gonz\u00e1lez Escudero.<\/p>\n El fallo “Barrios” de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA) declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 7 de la ley 23.928 (modificado por la ley 25.561), que prohib\u00eda la indexaci\u00f3n de deudas, en el caso concreto analizado.<\/p>\n El abogado Tom\u00e1s Marino, especialista en Derecho Procesal Civil por la UBA, afirm\u00f3 en medios period\u00edsticos que “el fallo Barrios tiene dos partes relevantes. La primera, dedicada a argumentar por qu\u00e9 la prohibici\u00f3n legal de indexaci\u00f3n es \u2014o ha devenido\u2014 inconstitucional y por qu\u00e9 la doctrina legal sobre intereses moratorios debe ser revisada y, la segunda, pensada en clave prescriptiva y regulatoria<\/strong>, propone dos cosas: por un lado, una serie de directrices mediante las cuales la Corte fija criterios para que los jueces escojan el mecanismo de protecci\u00f3n del cr\u00e9dito o, en su caso, eval\u00faen si se justifica una soluci\u00f3n constitucional; por el otro, un importante conjunto de pautas jurisprudenciales con las que se prescribe el modo en que debe realizarse el procedimiento de indexaci\u00f3n”.<\/p>\n Desde entonces, en la provincia de Buenos Aires se produjeron varios fallos<\/strong> en tribunales laborales que siguen las directrices del fallo Barrios<\/strong>.<\/p>\n Para Tom\u00e1s Marino, en una columna publicada en el sitio Palabras del Derecho, “lo decidido por la Suprema Corte en Barrios cambia por completo el panorama descrito dado que brinda un margen de decisi\u00f3n mucho m\u00e1s amplio para que los jueces de primera y segunda instancia definan el mecanismo de protecci\u00f3n al cr\u00e9dito <\/span>(el cual, excepcionalmente y de darse un conjunto de recaudos procesales y sustanciales, puede incluir la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la prohibici\u00f3n de indexar y el reajuste por \u00edndice del cr\u00e9dito)”.<\/p>\n En s\u00edntesis, les da m\u00e1s herramientas a los jueces para indexar sin caer en reclamos absurdos <\/strong>que se acerquen a la usura en el caso de cr\u00e9ditos impagos. <\/p>\n Por esos motivos, no solo es inminente sino perentorio que el Tribunal de Justicia de la CABA defina el caso Nizzan Davidson contra Edesur<\/strong>. <\/p>\n La decisi\u00f3n que adopten los jueces ser\u00e1 muy importante para una cantidad enorme de causas comerciales que se encuentran en litigio. Depende de cu\u00e1l sea la decisi\u00f3n de los magistrados, en sectores empresariales se especula con la posibilidad de intervenci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, para unificar criterios y salvar las diferencias<\/strong> que persisten del marco legal del viejo y, en ocasiones, a\u00f1orado, 1 a 1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La ley 23.928 es un recuerdo de los tiempos idos de la convertibilidad. El art\u00edculo 7\u00ba de dicha ley, que prohib\u00eda la indexaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n monetaria de las deudas, fue modificado por la Ley 25.561. 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