{"id":44759,"date":"2025-11-10T23:55:00","date_gmt":"2025-11-10T23:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/economia\/441592-reforma-laboral-mitad-de-juicios-son-por-art-y-aumentan-costos-de-empresas"},"modified":"2025-11-10T23:55:00","modified_gmt":"2025-11-10T23:55:00","slug":"reforma-laboral-la-mitad-de-los-juicios-son-por-art-y-aumentan-los-costos-de-las-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=44759","title":{"rendered":"Reforma laboral: la mitad de los juicios son por ART y aumentan los costos de las empresas"},"content":{"rendered":"

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Terminar con la llamada “industria del juicio”<\/strong>, junto con la necesidad urgente de reducir la informalidad, se convirti\u00f3 en uno de los pilares del plan del gobierno de Javier Milei<\/strong> para avanzar con una amplia reforma laboral <\/a>tras el triunfo legislativo de octubre.<\/p>\n

Mientras el Ejecutivo acelera las conversaciones con gobernadores, legisladores, c\u00e1maras empresarias y gremios <\/strong>para definir los lineamientos del nuevo marco legal, desde el sector privado crecen las advertencias sobre la necesidad de incorporar medidas concretas que frenen el aumento constante de la litigiosidad laboral<\/strong>, un fen\u00f3meno que, seg\u00fan se\u00f1alan, encarece significativamente los costos de las empresas.<\/p>\n

Este problema se explica, por un lado, por el incremento de reclamos vinculados a las condiciones laborales y, por otro, por la expansi\u00f3n de los juicios relacionados con los riesgos del trabajo, <\/a>que actualmente representan cerca de la mitad de los procesos judiciales laborales.<\/strong><\/p>\n

Desaf\u00edo para la reforma laboral: la mitad de los juicios son por las ART<\/h2>\n

De acuerdo con un informe elaborado por la Uni\u00f3n de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)<\/strong> a partir de datos de los tribunales laborales de todo el pa\u00eds, en 2024 se iniciaron 260.969 juicios<\/strong>, de los cuales 134.914<\/strong> correspondieron a demandas laborales generales sobre un universo de un mill\u00f3n de empleadores, mientras que los 126.055<\/strong> restantes se dirigieron contra el sistema de ART (casi la mitad del total).<\/span> Para 2025, las aseguradoras anticipan m\u00e1s de 132.400 nuevas demandas<\/strong>, que se sumar\u00e1n a un stock superior a 300.000 causas<\/strong> ya acumuladas contra el sistema.<\/p>\n

El impacto econ\u00f3mico es considerable: el costo de la litigiosidad en los juicios iniciados durante el \u00faltimo a\u00f1o equivale a casi 7 millones de salarios m\u00ednimos<\/strong> y representa algo m\u00e1s del 1,1% de la masa salarial<\/strong> cubierta por el sistema de ART, que actualmente protege a m\u00e1s de 10 millones de trabajadores<\/strong>.<\/p>\n

\"Las<\/p>\n

Las claves de la reforma laboral<\/p>\n<\/div>\n

Si se considera el costo laboral, la UART estima que financiar el incremento de demandas requerir\u00eda elevar la al\u00edcuota promedio de las empresas en un 80%<\/strong>, pasando del actual 2,85%<\/strong> al 5,15%<\/strong> de la masa salarial. Ese salto, explican, responde a la necesidad de cubrir los montos resultantes de las sentencias judiciales y las tasas de actualizaci\u00f3n aplicadas por los tribunales.<\/p>\n

Pese a la sanci\u00f3n de la Ley 27.348<\/strong> en 2017 -impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri y adoptada por 18 provincias-, la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo no se redujo como se esperaba. La norma hab\u00eda creado comisiones m\u00e9dicas administrativas, bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de ART, y dispuso la conformaci\u00f3n de cuerpos m\u00e9dicos forenses en el fuero laboral. <\/span><\/p>\n

Sin embargo, su implementaci\u00f3n fue dispar: en varias jurisdicciones las autoridades judiciales demoraron la creaci\u00f3n de esos cuerpos<\/strong>, y en los casos en que s\u00ed se constituyeron, se detectaron amplias diferencias entre las incapacidades fijadas en sede administrativa y las determinadas por la Justicia.<\/p>\n

Radiograf\u00eda de los juicios laborales, seg\u00fan el informe<\/h2>\n

El informe de la UART aporta un dato revelador: el 91% de los juicios iniciados<\/strong> corresponde a expedientes en los que las comisiones m\u00e9dicas hab\u00edan determinado la inexistencia de incapacidad<\/strong>, pero en esas mismas causas los cuerpos m\u00e9dicos judiciales establecieron un promedio del 14% de incapacidad<\/strong>. Un ejemplo ilustrativo es la comparaci\u00f3n entre Jujuy y Salta<\/strong>: con niveles similares de accidentes laborales, la judicialidad alcanza el 113,8% en Jujuy<\/strong> y apenas el 3% en Salta<\/strong>.<\/p>\n

“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, est\u00e1n haciendo colapsar al sistema de ART <\/a>y atentan contra la generaci\u00f3n de empleo formal en el pa\u00eds”, advirti\u00f3 Mara Bettiol<\/strong>, presidenta de la UART. Seg\u00fan explic\u00f3 la entidad, los peritos judiciales que determinan los grados de incapacidad act\u00faan de manera independiente, sin supervisi\u00f3n, y sus honorarios est\u00e1n relacionados con el resultado del juicio.<\/p>\n

“Estos peritos establecen porcentajes de incapacidad seg\u00fan sus propios criterios<\/span>, desv\u00edos que son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, adem\u00e1s, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de inter\u00e9s imposibles de ser financiadas”, agreg\u00f3 la c\u00e1mara.<\/p>\n

A esto se suma la falta de uniformidad en los criterios de actualizaci\u00f3n e intereses aplicados por los tribunales laborales de distintas provincias. Algunos juzgados utilizan el RIPTE<\/strong>, otros el IPC<\/strong> o la tasa activa<\/strong>, e incluso en ocasiones suman porcentajes adicionales. Esa disparidad no solo se observa entre provincias, sino tambi\u00e9n entre juzgados de una misma jurisdicci\u00f3n, lo que genera a\u00fan m\u00e1s incertidumbre jur\u00eddica y financiera.<\/p>\n

En este contexto, mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral y el presidente Javier Milei<\/strong> insiste en la necesidad de promover el empleo formal, las aseguradoras piden “incluir medidas que terminen con el flagelo de los juicios por riesgos del trabajo”. Y advierten: “Todos aquellos que tengan un rol en esta iniciativa deben tomar nota de nuestra mala experiencia: una buena ley, sin implementaci\u00f3n adecuada en la Justicia, agrava el problema<\/strong>“.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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