{"id":43950,"date":"2025-10-21T21:01:00","date_gmt":"2025-10-21T21:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/legales\/440071-contundente-fallo-judicial-a-favor-de-libertad-expresion"},"modified":"2025-10-21T21:01:00","modified_gmt":"2025-10-21T21:01:00","slug":"contundente-fallo-judicial-a-favor-de-la-libertad-de-expresion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=43950","title":{"rendered":"Contundente fallo judicial a favor de la libertad de expresi\u00f3n"},"content":{"rendered":"

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No solo los pol\u00edticos o aquellos famosos que se alimentan del escrutinio p\u00fablico concurren en ocasiones a los tribunales de justicia para intentar frenar publicaciones, se trate de notas period\u00edsticas o posteos en redes sociales, para que no se difundan opiniones y coberturas alrededor de supuestos hechos escandalosos en los que son protagonistas. <\/p>\n

Hay miembros del Poder Judicial que tambi\u00e9n intentan imponer un bozal informativo.<\/strong> Una mordaza a la libertad de expresi\u00f3n, a trav\u00e9s de medidas cautelares que alg\u00fan juzgado puede otorgar.<\/p>\n

La Justicia, contundente: fall\u00f3 a favor de la libertad de expresi\u00f3n <\/h2>\n

Pues bien, la C\u00e1mara Civil Sala D, integrada por los magistrados, Gabriel G. Rolleri; Maximiliano L. Caia y Juan Manuel Converset, fallaron de manera contundente en contra de la pretensi\u00f3n de un pol\u00e9mico juez que intent\u00f3 censurar toda difusi\u00f3n de contenido considerado injurioso en su contra<\/strong>, priorizando el derecho al honor y la imagen personal.<\/span><\/p>\n

El tribunal, que ratific\u00f3 lo fallado por otro juez en primera instancia, sostuvo que si bien los panfletos conten\u00edan acusaciones severas, no correspond\u00eda restringir su difusi\u00f3n, en tanto los funcionarios p\u00fablicos y magistrados se encuentran sujetos al escrutinio social, protegido por la libertad de expresi\u00f3n.<\/a><\/strong><\/p>\n

Y se\u00f1alaron: “Cuando lo publicado se relaciona con funcionarios p\u00fablicos, las pretensiones como la que se encuentra sujeta a tratamiento, cede ante los dem\u00e1s derechos antes aludidos. <\/strong>Si bien las manifestaciones vertidas resultar\u00edan acusaciones severas, no pueden prohibirse ese tipo de difusi\u00f3n como la exposici\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos y los magistrados, sujeta al escrutinio p\u00fablico”.<\/p>\n

El fallo emitido el 1.\u00ba de octubre ratifica la vigencia y la importancia del derecho a la libertad de expresi\u00f3n que, en una sociedad democr\u00e1tica, se convierte en uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema republicano que se precie de tal.<\/p>\n

A criterio de los tres jueces que analizaron el planteo, “no se encuentran reunidos los requisitos para acceder a la medida peticionada, puesto que una soluci\u00f3n como la adoptada dentro de este \u00e1mbito provisional importar\u00eda una limitaci\u00f3n al derecho a la informaci\u00f3n<\/strong> y a la libertad de expresi\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, si se tiene en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/a> ha se\u00f1alado que el “abuso de la libertad de expresi\u00f3n no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad”.<\/span><\/p>\n

Un juez se\u00f1alado que intent\u00f3 imponer un bozal legal<\/strong><\/h2>\n

<\/strong>Si bien en los vistos y considerandos del fallo se presenta al magistrado promotor de la demanda con sus iniciales A.P.M. contra Asociaci\u00f3n de Judiciales de PJN, iProfesional<\/strong> realiz\u00f3 consultas con fuentes judiciales y sindicales que determinan que las iniciales corresponder\u00edan al juez Alejandro Patricio Marianello que, a su vez, habr\u00eda prohibido difundir supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que iban a ser pasados en un canal de streaming durante los primeros d\u00edas de septiembre.<\/p>\n

Lo cierto es que desde la Asociaci\u00f3n de Judiciales se\u00f1alaron que “este juez tiene m\u00e1s de 15 denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura de la Naci\u00f3n que ratificas las denuncias realizadas por nuestro sindicato. Fueron afectados varios empleados de su despacho por el accionar de Marianello”, afirmaron en la instituci\u00f3n gremial.<\/p>\n

Las causas que se investigan son graves. En total enfrenta nueve denuncias, de las cuales cinco son por acoso sexual, por maltrato a empleados, malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos y acoso laboral. Un dato que se desprende de la <\/span>Comisi\u00f3n de Disciplina <\/span>del <\/span>Consejo de la Magistratura de la Naci\u00f3n, el \u00f3rgano encargado de investigar los delitos denunciados contra el magistrado.<\/p>\n

Concretamente, los expedientes contra el titular del juzgado Civil y Comercial N.\u00ba. 5, son por <\/span>abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos p\u00fablicos<\/strong> e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional,<\/strong> y comenz\u00f3 a investigarse por la presentaci\u00f3n realizada por la Asociaci\u00f3n de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan public\u00f3 el diario Perfil, una vez que se conocieron estas denuncias que pesan sobre \u00e9l, en el Consejo de la Magistratura, se decidi\u00f3 dar de baja la p\u00e1gina web de la Asociaci\u00f3n Argentina de Justicia Constitucional, en d\u00f3nde tambi\u00e9n recibi\u00f3 denuncias incluso internacionales por falsificar apoyos.<\/p>\n

Entre los miembros argentinos que figuran como Miembros Adjuntos Argentinos aparecen: Eugenio Zaffaroni, Eugenio Semino, Alberto Lugones, Juan Mahiques, Julio Cordero, Alejo Ramos Padilla, Anabella Hers, Daniel Lipovetzky, Maria Eugenia Talerico, Fanny Mandelbaum, Diego Luciani, Juan Rozas, Horacio Rossatti.<\/p>\n

Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez es miembro adjunto y opin\u00f3 en contra posici\u00f3n al fallo que emiti\u00f3 el Presidente de la Asociaci\u00f3n Argentina de Justicia Constitucional en X.<\/p>\n

El fallo emitido por la C\u00e1mara Civil fue tajante en cuanto a las restricciones a la libertad de expresi\u00f3n. El actor que present\u00f3 la petici\u00f3n solicitaba incluso que se borrara lo publicado en redes sociales, “se proh\u00edba la futura publicaci\u00f3n de cualquier contenido de similares caracter\u00edsticas, a los fines de evitar la reiteraci\u00f3n de da\u00f1os a su honor, reputaci\u00f3n y funci\u00f3n judicial<\/strong> y se ordene la notificaci\u00f3n de la presente medida a las plataformas digitales correspondientes (Instagram, Facebook, Twitter, entre otras) para garantizar la efectiva eliminaci\u00f3n del contenido”.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de las causas puntuales que involucran a este juez lo importante es el fallo de los camaristas civiles que se\u00f1alaron de manera inapelable que “no puede discutirse que la libertad de expresi\u00f3n es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democr\u00e1tica,<\/strong> es por eso que tanto nuestra Carta Magna (art. 14) como la mayor\u00eda de los tratados internacionales, contempla y ampara la libertad de expresi\u00f3n y de informaci\u00f3n, condenando cualquier tipo de censura previa,<\/strong> concretamente, el art. 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (llamada com\u00fanmente Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica) cuya jerarqu\u00eda constitucional establece el art. 75 inc. 22 de la Constituci\u00f3n Nacional proh\u00edbe categ\u00f3ricamente la censura previa al establecer en su inciso 1\u00b0 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n”.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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