![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/condena-millonaria-a-empresa-que-no-dio-de-baja-el-servicio-solicitado-por-el-cliente-de-manera-telefonica.jpg\")
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Un fallo civil orden\u00f3 a una empresa a abonar un resarcimiento por da\u00f1o moral y punitivo por seguir cobrando el servicio. Los argumentos <\/p>\n
12\/08\/2025<\/strong> – 11:15hs<\/p>\n El Juzgado Civil N\u00b0 3 de Viedma conden\u00f3 a una empresa de seguridad privada a pagar m\u00e1s de $2,2 millones a un cliente por da\u00f1o moral y punitivo<\/a>, al considerar que hab\u00eda incumplido con la baja de un servicio de alarma solicitado telef\u00f3nicamente y le segu\u00edan realizando el d\u00e9bito autom\u00e1tico.<\/p>\n El expediente “Mastr\u00e1ngelo Rodolfo Hugo c\/ ADT Security Services S.A. s\/ da\u00f1os y perjuicios (sumar\u00edsimo)”<\/strong> tuvo origen en la contrataci\u00f3n de un servicio de alarmas residenciales<\/strong> por parte del actor, con d\u00e9bito autom\u00e1tico en su tarjeta Visa Platinum del Banco Patagonia. Tras solicitar telef\u00f3nicamente la baja del servicio<\/strong>, not\u00f3 que la empresa continu\u00f3 realizando d\u00e9bitos mensuales<\/strong> por un total de cuatro per\u00edodos.<\/p>\n Ante la falta de devoluci\u00f3n inmediata, el actor remiti\u00f3 carta documento reclamando el reintegro. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 el beneficio de gratuidad bajo el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC)<\/strong> y la publicaci\u00f3n de la condena en un medio de alcance nacional.<\/p>\n La empresa neg\u00f3 la solicitud de baja y afirm\u00f3 que el contrato permaneci\u00f3 vigente en los per\u00edodos facturados. Sostuvo que el servicio fue prestado normalmente<\/strong>, que en agosto de 2019 se detect\u00f3 la desconexi\u00f3n con el domicilio y que en diciembre de ese a\u00f1o emiti\u00f3 notas de cr\u00e9dito<\/strong> y gestion\u00f3 la devoluci\u00f3n v\u00eda contracargo.<\/p>\n Tambi\u00e9n se opuso al beneficio de gratuidad, invoc\u00f3 la teor\u00eda de los actos propios<\/strong> y pidi\u00f3 el rechazo total de la demanda.<\/p>\n El magistrado encuadr\u00f3 la relaci\u00f3n bajo el r\u00e9gimen tuitivo de la LDC<\/strong><\/a>, destacando que su car\u00e1cter de orden p\u00fablico y jerarqu\u00eda constitucional impone una interpretaci\u00f3n favorable al consumidor (art. 42 CN y art. 30 de la Constituci\u00f3n de R\u00edo Negro). En este contexto, el art. 40<\/strong> de la LDC establece un sistema de responsabilidad objetiva<\/strong> que obliga al proveedor a demostrar que la causa del da\u00f1o le es ajena, configurando una inversi\u00f3n de la carga probatoria cuando el consumidor es la parte m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n.<\/p>\n El fallo aplic\u00f3 el principio de cargas din\u00e1micas de la prueba<\/strong>, derivado del art. 53 de la LDC y la jurisprudencia de la Corte Suprema, se\u00f1alando que corresponde al proveedor aportar toda la informaci\u00f3n y registros que obren en su poder para esclarecer los hechos. Esta doctrina, asentada en la idea de que el proveedor se encuentra en “mejores condiciones de probar”, flexibiliza la regla general de que quien alega debe probar, trasladando la carga cuando el acceso a la evidencia es desigual.<\/p>\n En el caso, la empresa no acredit\u00f3 la inexistencia del pedido de baja ni exhibi\u00f3 registros internos que pudieran corroborar su posici\u00f3n. Por el contrario, la posterior devoluci\u00f3n de los importes<\/strong> cobr\u00f3 especial relevancia probatoria, ya que fue interpretada como un reconocimiento impl\u00edcito de la veracidad del reclamo. El juez concluy\u00f3 que esta omisi\u00f3n configur\u00f3 un incumplimiento contractual y una conducta antijur\u00eddica en el marco de la LDC y del C\u00f3digo Civil y Comercial, habilitando la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os y la imposici\u00f3n de sanciones.<\/p>\n El juez tuvo en cuenta el informe del Banco Patagonia, que confirm\u00f3 que en mayo, junio y julio de 2019 se realizaron d\u00e9bitos por $5.123,98 y $2.561,99 en dos oportunidades. La devoluci\u00f3n posterior de esas sumas, acreditada por el mismo banco, fue interpretada como un indicio de reconocimiento del reclamo del consumidor<\/a><\/strong>.<\/p>\n El juez resolvi\u00f3 hacer lugar parcialmente a la demanda, conden\u00f3 a ADT Security Services S.A.<\/strong> a abonar a su excliente la suma de $751.500 en concepto de da\u00f1o moral<\/strong>, calculada a partir de un capital de $500.000 m\u00e1s intereses desde el primer cobro indebido, y $1.500.000 en concepto de da\u00f1o punitivo<\/strong> en los t\u00e9rminos del art. 52 bis de la LDC, tras considerar que la empresa incurri\u00f3 en un incumplimiento contractual grave al no registrar la baja solicitada y continuar facturando el servicio.<\/p>\n Ambas sumas devengar\u00e1n intereses desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un fallo civil orden\u00f3 a una empresa a abonar un resarcimiento por da\u00f1o moral y punitivo por seguir cobrando el servicio. 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