{"id":38046,"date":"2025-04-30T00:34:00","date_gmt":"2025-04-30T00:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=38046"},"modified":"2025-04-30T00:34:00","modified_gmt":"2025-04-30T00:34:00","slug":"regularizan-con-arca-sin-saber-que-estan-a-un-paso-del-proceso-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=38046","title":{"rendered":"Regularizan con ARCA sin saber que est\u00e1n a un paso del proceso penal"},"content":{"rendered":"

En Argentina<\/strong>, aceptar un ajuste impositivo de buena fe puede ser el inicio de una pesadilla penal.<\/mark>  <\/p>\n

Con umbrales de punibilidad totalmente desactualizados<\/strong>, el r\u00e9gimen penal tributario arrastra a miles de contribuyentes a juicios penales por montos que, en t\u00e9rminos reales, son insignificantes. <\/p>\n

Lo m\u00e1s alarmante es que muchos no lo saben: por ansiedad o para aprovechar ciertos beneficios de los planes de regularizaci\u00f3n, presentan declaraciones juradas rectificativas, cierran el ajuste…<\/strong>y terminan imputados penalmente.<\/strong><\/mark> <\/p>\n

Una ley congelada frente a una explosiva inflaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

La Ley 27.430, sancionada a fines de 2017, fij\u00f3 los actuales montos m\u00ednimos del r\u00e9gimen penal tributario: $1.500.000 para la evasi\u00f3n simple y $15.000.000 para la evasi\u00f3n agravada. <\/p>\n

Desde entonces, esos valores, con otros del r\u00e9gimen, quedaron congelados, pese a la violenta depreciaci\u00f3n del peso que afect\u00f3 al pa\u00eds en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/mark> <\/p>\n

En 2017, $1.500.000 equival\u00edan a unos US$ 86.700 al tipo de cambio promedio de la \u00e9poca.<\/strong><\/mark> Hoy, ese mismo monto representa apenas una fracci\u00f3n de lo que significaba entonces, no solo en d\u00f3lares sino en poder adquisitivo interno: con $1.500.000 hoy apenas alcanza para comprar un televisor LED<\/strong>, un celular de alta gama o pagar algunos meses de alquiler en CABA. <\/p>\n

La desactualizaci\u00f3n arras\u00f3 con cualquier noci\u00f3n de razonabilidad.<\/strong> Situaciones que deber\u00edan resolverse administrativamente quedaron atrapadas en el r\u00e9gimen penal, activando procesos judiciales en casos de inexistente entidad econ\u00f3mica. <\/p>\n

\n

En Argentina, aceptar un ajuste impositivo de buena fe puede ser el inicio de una pesadilla penal. <\/p>\n<\/blockquote>\n

De la regularizaci\u00f3n impositiva al proceso penal<\/strong><\/h2>\n

Muchos contribuyentes, nerviosos <\/strong>por poner un punto final a sus problemas impositivos, aprovechan los mecanismos de regularizaci\u00f3n disponibles, como el plan de pagos de ARCA<\/mark>, previsto en la Resoluci\u00f3n General 5629\/2025, que vence el 30 de abril de 2025 (reci\u00e9n se anunci\u00f3 que ser\u00e1 prorrogado hasta el 30 de mayo de 2025). <\/p>\n

En general, empujados por los inspectores de ARCA, los contribuyentes presentan declaraciones juradas rectificativas, abonan diferencias (o las incluyen en planes de pago) y creen que el problema ha quedado en el pasado.<\/strong> <\/p>\n

Pero esto no es as\u00ed: si el ajuste supera el umbral de $1.500.000 (salvo excepciones bastante acotadas), quedan expuestos a una denuncia penal tributaria.<\/mark> <\/p>\n

Poco tiempo despu\u00e9s, el contribuyente recibe una c\u00e9dula de citaci\u00f3n a prestar declaraci\u00f3n indagatoria, notific\u00e1ndole formalmente que se lo investiga penalmente como imputado. <\/p>\n

All\u00ed comienza un proceso largo, costoso y angustiante<\/strong>, acompa\u00f1ado por abogados defensores ante el riesgo de la sanci\u00f3n penal. <\/p>\n

Todo, reiteramos, por haber intentado regularizar su situaci\u00f3n fiscal. <\/p>\n

\"AFIP\"
AFIP<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Comparaciones que duelen<\/strong><\/h2>\n

Hoy, seg\u00fan el r\u00e9gimen penal tributario: <\/p>\n

    \n
  • La figura de evasi\u00f3n simple, con un umbral m\u00ednimo de $1.500.000, contempla una pena de 2 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/mark><\/li>\n
  • El delito de evasi\u00f3n agravada, con un piso de $15.000.000, prev\u00e9 una pena de 3 a\u00f1os y 6 meses a 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    Mientras tanto, en el C\u00f3digo Penal: <\/p>\n

      \n
    • El hurto simple (art. 162) prev\u00e9 una pena de 1 mes a 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n
    • Las lesiones leves (art. 89) conllevan una pena de 1 mes a 1 a\u00f1o de prisi\u00f3n.<\/li>\n
    • El incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico (art. 248) contempla una pena de 1 mes a 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n, m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial.<\/li>\n
    • La malversaci\u00f3n culposa de caudales p\u00fablicos (art. 260) prev\u00e9 \u00fanicamente una inhabilitaci\u00f3n especial de 1 mes a 3 a\u00f1os.<\/li>\n
    • El peculado (art. 261) contempla una pena de 2 a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua.<\/li>\n
    • La defraudaci\u00f3n contra la administraci\u00f3n p\u00fablica (art. 174, inciso 5\u00b0) conlleva una pena de 2 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n

      En t\u00e9rminos simples: un contribuyente que regulariza un peque\u00f1o ajuste puede recibir penas similares o incluso superiores a las de un funcionario que se apropia de bienes del Estado.<\/strong> <\/p>\n

      \n

      Un contribuyente que regulariza un peque\u00f1o ajuste puede recibir penas similares o incluso superiores a las de un funcionario que se apropia de bienes del Estado.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      Un obst\u00e1culo para la propia recaudaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

      El sistema, adem\u00e1s, se vuelve autoboicoteador. <\/p>\n

      La amenaza penal desalienta la regularizaci\u00f3n: contribuyentes que podr\u00edan cerrar un ajuste menor prefieren ingresar en un proceso contencioso, litigar, resistir todo lo posible y demorar el ingreso de fondos al Estado, por lo menos hasta que se apruebe una moratoria que condone las sanciones penales, las multas y gran parte de los intereses adeudados. <\/p>\n

      El r\u00e9gimen, que naci\u00f3 para sancionar grandes evasiones, hoy entorpece los procesos de cobro y congestiona la justicia penal federal.<\/strong> <\/p>\n

      Parad\u00f3jicamente, su dureza extrema termina siendo un freno para los propios objetivos fiscales. <\/p>\n

      El proyecto olvidado<\/strong><\/h2>\n

      En julio de 2024, los diputados Ricardo L\u00f3pez Murphy y Oscar Agost Carre\u00f1o presentaron un proyecto de ley para actualizar los montos m\u00ednimos del r\u00e9gimen penal tributario.<\/mark> <\/p>\n

      Obtuvo dictamen en la Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n Penal, pero permanece trabado en la Comisi\u00f3n de Presupuesto. <\/p>\n

      Con el Congreso paralizado por las elecciones, todo indica que no se tratar\u00e1 este a\u00f1o. <\/p>\n

      Una reforma que no puede esperar<\/strong><\/h2>\n

      Actualizar los umbrales es urgente, sencillo y razonable. Puede hacerse mediante un \u00edndice objetivo, como el IPC o el salario m\u00ednimo, o previendo una revisi\u00f3n peri\u00f3dica.<\/mark> <\/p>\n

      M\u00e1s a\u00fan: una actualizaci\u00f3n beneficiar\u00eda incluso al propio Gobierno<\/strong>, porque facilitar\u00eda los procesos de cierre, acelerar\u00eda cobros administrativos y fortalecer\u00eda la recaudaci\u00f3n, pilar central del programa econ\u00f3mico que busca consolidar el super\u00e1vit fiscal. <\/p>\n

      Hoy, mantener montos congelados no castiga a los grandes evasores: castiga al contribuyente de buena fe que quiere regularizar. <\/p>\n

      Y en un pa\u00eds que necesita reconstruir la confianza en su sistema tributario, seguir castigando a quienes cumplen no es solo injusto: <\/strong>es autodestructivo.<\/strong><\/mark> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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