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<\/div>\nLa figura del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) sigue en la mira de la fiscal general de la C\u00e1mara Comercial<\/strong>, Alejandra Gils Carb\u00f3. En noviembre \u00faltimo, la c\u00e1mara comercial rechaz\u00f3 el planteo de inconstitucionalidad del acuerdo de la firma Romi SRL que hizo la funcionaria.\n<\/p>\n Ahora, Gils Carb\u00f3 subi\u00f3 la apuesta y acaba de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que sea \u00e9sta quien declare que el APE afecta disposiciones de la Carta Magna. Se trata del primer cuestionamiento legal a la figura que llega al m\u00e1ximo tribunal.<\/strong>\n<\/p>\n En el escrito, al que accedi\u00f3 infobaeprofesional.com, Gils Carb\u00f3 sostiene que en “Romi” la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 la c\u00e1mara de los articulos 69 a 76 de la Ley de Concursos y Quiebras vulnera la Constituci\u00f3n Nacional y, por lo tanto, debe ser declarada su inconstitucionalidad, ya que “otorga evidentes beneficios a los deudores sin prever una protecci\u00f3n suficiente de los derechos de los acreedores”.<\/strong>\n<\/p>\n La funcionaria asegura adem\u00e1s que la reforma introducida en 2002 por la ley 25.589 sobre el r\u00e9gimen de los acuerdos preventivos extrajudiciales dej\u00f3 grandes vac\u00ed\u00ados legales, como los relativos a la notificaci\u00f3n del acuerdo y al control de la legitimidad de los cr\u00e9ditos denunciados por los acuerdistas y que “estos vac\u00ed\u00ados deben ser completados por los jueces <\/strong>de modo tal que respeten los derechos constitucionales de los acreedores”.\n<\/p>\n El caso Romi, en primera y segunda instancia <\/strong>El juez de primera instancia hab\u00ed\u00ada homologado el APE presentado por Romi SRL, Romi Pack SA, Roberto Pedro Guerrieri, Gonzalo Jos\u00e9 Guerrieri y Mirta Galv\u00e1n. El juez rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la oposici\u00f3n deducida por Elof Hanson AB. Este acreedor hab\u00ed\u00ada formulado dos objeciones: \n<\/p>\n En octubre \u00faltimo, la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechaz\u00f3 el recurso presentado por Elof Hanson AS y el planteo de inconstitucionalidad y la oposici\u00f3n presentadas por la fiscal\u00ed\u00ada. La sala B del tribunal de alzada consider\u00f3 que el APE no violenta el derecho de propiedad, de defensa en juicio y la garant\u00ed\u00ada del debido proceso <\/strong>de quienes no han consentido el acuerdo contractual, argumentos que hab\u00ed\u00adan sido esgrimidos por Gils Carb\u00f3 en su dictamen.\n<\/p>\n Adem\u00e1s, el tribunal resalt\u00f3 la naturaleza contractual inicial del instituto, la autonom\u00ed\u00ada de las partes para definir el contenido del acuerdo y valor\u00f3 la facultad de la Justicia “a la hora de evaluar la forma y alcances de la homologaci\u00f3n”.\n<\/p>\n Los cuestionamientos de la Fiscal\u00ed\u00ada<\/strong>En cambio, para Gils Carb\u00f3, la c\u00e1mara se apart\u00f3 de las normas constitucionales -derecho de propiedad, debido proceso, derecho de defensa en juicio y derecho de igualdad- porque no le dio una oportunidad cierta a los acreedores a oponerse a la quita<\/strong> del 66% de sus cr\u00e9ditos y permiti\u00f3 que acreedores presuntamente ileg\u00ed\u00adtimos aprobaran el acuerdo.Seg\u00fan la funcionaria, los acreedores no pudieron ejercer su derecho de defensa ni contaron con una tutela judicial efectiva porque:\n<\/p>\n La funcionaria concluye su escrito sosteniendo que “el art. 17 de la Constituci\u00f3n nacional, que establece que nadie puede ser privado de su propiedad sin sentencia fundada en ley, el art. 18, que consagra el derecho de la defensa en juicio y el debido proceso, y el art. 16, que consagra el derecho de igualdad, indican que es inconstitucional la homologaci\u00f3n de un acuerdo preventivo de autos. El juez de primera instancia, y la C\u00e1mara, han aplicado la normativa concursal relativa al acuerdo preventivo extrajudicial (arts. 72 a 76, LC) de modo incompatible con la Constituci\u00f3n”.<\/strong>\n<\/p>\n Una figura controvertida<\/strong>Aunque naci\u00f3 en los ’90, cuando se sancion\u00f3 la ley 24.522, de Concursos y Quiebras, el APE puede definirse como un “producto de la crisis”. Es que cobr\u00f3 impulso en 2002, cuando la reforma al r\u00e9gimen concursal termin\u00f3 de darle forma y las empresas vieron en la figura una herramienta eficaz para superar el ahogo financiero en el que quedaron tras la crisis del 2001<\/strong>.Desde ese momento, algunas de las compa\u00f1\u00ed\u00adas m\u00e1s importantes del pa\u00ed\u00ads eligieron el APE para reestructurar sus pasivos sin tener que acudir al concurso preventivo<\/strong>.Los abogados corporativos se adaptaron al nuevo escenario y el APE pas\u00f3 a ser la figura elegida a la hora de asesorar a empresas de la talla de Telecom, Multicanal, CableVisi\u00f3n, Banco Hipotecario, CTI, AUSOL, TGS, Transener o Acindar<\/strong>, entre otras, aunque su uso tambi\u00e9n se extendi\u00f3 a empresas de menor magnitud, como las Pyme y hasta a comerciantes individuales.Quiz\u00e1s el caso m\u00e1s paradigm\u00e1tico fue el de Telecom, que por su cuant\u00ed\u00ada es el proceso de reestructuraci\u00f3n de deuda privada m\u00e1s importante en los \u00faltimos tiempos. Recientemente, la Justicia le dio el visto bueno final y dio por cumplidos los t\u00e9rminos del APE que celebr\u00f3 la empresa con sus acreedores<\/strong>. Tras la homologaci\u00f3n de su APE, Telecom complet\u00f3 en agosto \u00faltimo un canje de deuda <\/strong>que le permiti\u00f3 reducir su pasivo de unos u$s3.200 millones a u$s1.800 millones. La compa\u00f1\u00ed\u00ada emiti\u00f3 nuevas obligaciones negociables (t\u00ed\u00adtulos de deuda con vencimientos en 2014 y 2011) y acord\u00f3 pagos con los acreedores que aceptaron su propuesta.\n<\/p>\n\n
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