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<\/div>\nLa Justicia Federal de San Mart\u00edn orden\u00f3 a una empresa de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos aplicados a uno de sus afiliados <\/strong>al amparo de las disposiciones que estableci\u00f3 al respecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del 20 de diciembre del a\u00f1o pasado, al que cuestiona por su \u00ababsoluta inconstitucionalidad\u00bb.<\/p>\n El fallo hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Luis Alberto Millet, un jubilado atendido por la prepaga Galeno Argentina S.A.<\/strong>, que deber\u00e1 limitarse a \u00abefectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art. 17 (no sustituido) de la Ley 26.682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva\u00bb.<\/p>\n La decisi\u00f3n del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto se suma a la conocida d\u00edas atr\u00e1s por parte de la jueza federal de San Mart\u00edn Martina Forns, quien tambi\u00e9n dict\u00f3 una medida cautelar a trav\u00e9s de la cual orden\u00f3 a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecuar las cuotas de su plan de salud, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicaci\u00f3n del DNU.<\/p>\n Portocarrero se\u00f1al\u00f3 en su fallo que el demandante pas\u00f3 de pagar una factura de $ 81.403,22 en diciembre de 2023 a una de $ 151.405,23 en enero de este a\u00f1o, \u00ablo que signific\u00f3 un aumento mayor al 85% de un mes al otro, sin aviso alguno\u00bb.<\/p>\n \u00abPor otra parte, el pasado 4 de enero del corriente, recibi\u00f3 una nueva comunicaci\u00f3n, informando otro aumento para el mes de febrero de 28,5%\u00bb, prosigui\u00f3, de lo que se desprende que \u00abdurante el \u00faltimo mes, se aplic\u00f3 un aumento que supera el 100%, siendo que conforme a las constancias adjuntadas sus haberes previsionales resultan por un total de $240.511,67, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago\u00bb.<\/p>\n Asimismo, se hace saber que el demandante \u00abpadece diabetes tipo 1 desde los 11 a\u00f1os y adem\u00e1s comenz\u00f3 a usar una bomba de insulina hace 35 a\u00f1os\u00bb.<\/p>\n Da\u00f1o al derecho a la salud<\/strong><\/p>\n El juez consider\u00f3 que los aumentos basados en el DNU colocan a Millet \u00aben un completo estado de incertidumbre caus\u00e1ndole, adem\u00e1s, como consumidora, un da\u00f1o actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada <\/strong>garantizados por los art\u00edculos 17, 42 y 75 inc. 22 y 23 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb.<\/p>\n En ese sentido, cuestion\u00f3 \u00abla absoluta inconstitucionalidad del DNU 70\/2023 que modific\u00f3 el marco regulatorio de la medicina prepaga y de las obras sociales, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el mecanismo constitucional propio de la excepci\u00f3n y trasgredi\u00f3, por tanto, lo dispuesto en el art\u00edculo 99 inciso 3\u00bb de la Carta Magna.<\/p>\n Al respecto, sostuvo que el decreto \u00abresulta una norma que ha modificado el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales (Ley 26.682) derogando mediante el art\u00edculo 267 los art\u00edculos 5 incisos G y M y sustituyendo mediante el art\u00edculo 269 la redacci\u00f3n del art\u00edculo 17\u00bb.<\/p>\n \u00abDe este modo, se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicaci\u00f3n quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del PMO, los contratos y planes y fundamentalmente en el art\u00edculo 17 (sustituido) deb\u00eda fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales\u00bb, abund\u00f3.<\/p>\n Adem\u00e1s, el juez advirti\u00f3 que la Autoridad de Aplicaci\u00f3n \u00abdeb\u00eda autorizar el aumento \u2018cuando el mismo este fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable c\u00e1lculo actuarial de riesgos’\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Justicia Federal de San Mart\u00edn orden\u00f3 a una empresa de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos aplicados a uno de sus afiliados al amparo de las disposiciones que estableci\u00f3 al respecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del 20 de diciembre del a\u00f1o pasado, al que cuestiona por su \u00ababsoluta inconstitucionalidad\u00bb. 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