![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/que-dice-el-fallo-del-ciadi-a-favor-del-estado-argentino.jpg\")
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Un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) fall\u00f3 a favor del Estado argentino y rechaz\u00f3 el pago de una indemnizaci\u00f3n de u$s667 millones<\/strong> que hab\u00eda reclamado la firma espa\u00f1ola Orazul Energy, la concesionaria de la central hidroel\u00e9ctrica Cerros Colorados.\n<\/p>\n Orazul Energy -que est\u00e1 bajo el control del fondo de inversiones Inkia Energy de ejecutivos de Morgan Stanley- hab\u00eda iniciado una demanda contra el Gobierno argentino en los \u00faltimes meses de la administraci\u00f3n de Mauricio Macri, argumentando que las autoridades nacionales tomaron una serie de medidas que violaron el tratado de protecci\u00f3n rec\u00edproca de inversiones de empresas extranjeras (TBI).<\/span>\n<\/p>\n Seg\u00fan el planteo de la empresa, Argentina hab\u00eda incumplido sus obligaciones<\/strong> “al no brindar tratamiento justo y equitativo, no proteger sus expectativas leg\u00edtimas y no proporcionar un entorno legal estable y previsible”.\n<\/p>\n La solicitud de arbitraje promovida por Orazul ingres\u00f3 al CIADI el 30 de agosto de 2019 y el tribunal que llev\u00f3 adelante el caso estuvo integrado por Inka Hanefeld, David Haigh y Alain Pellet. En tanto, la defensa del Estado argentino fue llevada adelante por el cuerpo de abogados de la Procuraci\u00f3n General del Tesoro que encabez\u00f3 Carlos Zanini hasta el 10 de diciembre pasado.<\/span>\n<\/p>\n El eje central de la demanda apunt\u00f3 contra un conjunto de medidas adoptadas por Argentina desde el 2003 que modificaron el marco regulatorio el\u00e9ctrico. Seg\u00fan Orazul, esas medidas fueron concebidas para ser de car\u00e1cter temporal y deber\u00edan haber sido revertidas<\/strong> entre 2006 y 2010.\n<\/p>\n Como eso no ocurri\u00f3, la empresa denunci\u00f3 que las autoridades nacionales “redujeron de manera radical los ingresos de los generadores de energ\u00eda el\u00e9ctrica, crearon un r\u00e9gimen de precios discriminatorio, e impidieron que los generadores de energ\u00eda el\u00e9ctrica cobraran sus ingresos.<\/span>\n<\/p>\n Orazul Energy hab\u00eda iniciado una demanda contra el Gobierno argentino en la administraci\u00f3n de Mauricio Macri<\/p>\n<\/div>\n Tras plantear que “esas medidas perjudicaron su participaci\u00f3n accionaria en Argentina y violaron disposiciones m\u00faltiples del TBI Argentina-Espa\u00f1a”, Orazul reclam\u00f3 el pago de una indemnizaci\u00f3n de u$s667 millones m\u00e1s intereses y costas.\n<\/p>\n Orazul aleg\u00f3 que el Estado “actu\u00f3 de manera arbitraria e irrazonable<\/strong>, abus\u00f3 de la autoridad regulatoria y afect\u00f3 sus inversiones mediante la adopci\u00f3n de medidas injustificadas y discriminatorias que limitaron la capacidad de operar en el negocio de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica”.\n<\/p>\n En la introducci\u00f3n del laudo de m\u00e1s de 300 p\u00e1ginas, el tribunal del CIADI precis\u00f3 que “la cuesti\u00f3n relevante que se ha de determinar en este caso reside m\u00e1s bien en si la Demandante ten\u00eda una expectativa leg\u00edtima de que el marco regulatorio vigente en el a\u00f1o 2003 se modificar\u00eda y, en concreto, de que se modificar\u00eda en la forma por ella alegada a mediados 2006 o en 2010”.<\/span>\n<\/p>\n Sobre este punto, el fallo destac\u00f3 que “al momento de la inversi\u00f3n, no exist\u00eda, desde una perspectiva objetiva, ninguna base para la expectativa leg\u00edtima de que el Gobierno restaurar\u00eda el marco normativo aplicable en la d\u00e9cada de 1990 y que esto se har\u00eda dentro del plazo espec\u00edfico indicado por la Demandante”.\n<\/p>\n -La Demandante no ha logrado demostrar ninguna declaraci\u00f3n suficientemente clara <\/strong>e inequ\u00edvoca en el sentido de que la Demandada restablecer\u00eda el marco regulatorio tal como se aplicara en la d\u00e9cada de 1990 hacia 2006 o 2010.\n<\/p>\n -La Ley de la Electricidad no contemplaba una garant\u00eda de estabilidad con respecto a las condiciones aplicables en la d\u00e9cada de 1990. Por el contrario, era en y por s\u00ed misma una ley general que pod\u00eda ser pasible de modificaciones por parte de Argentina en ausencia de una garant\u00eda de estabilidad.<\/span>\n<\/p>\n -Las resoluciones adoptadas con posterioridad a la inversi\u00f3n de la Demandante no pueden constituir una base para ninguna expectativa leg\u00edtima. Los acuerdos del FONINVEMEM tampoco constitu\u00edan una base para las supuestas expectativas leg\u00edtimas en el momento de la inversi\u00f3n.\n<\/p>\n Tras rechazar la afirmaci\u00f3n de Orazul de que “Argentina no protegi\u00f3 sus expectativas leg\u00edtimas y no proporcion\u00f3 un entorno legal estable<\/strong> y previsible en violaci\u00f3n de Tratado de Protecci\u00f3n de Inversiones”, el tribunal destac\u00f3 que la empresa “no ha aportado pruebas acerca de la presunta omisi\u00f3n de Argentina de garantizar el debido proceso y no ha demostrado de qu\u00e9 manera el sistema judicial local no le habr\u00eda otorgado un tratamiento justo y equitativo”.\n<\/p>\n El fallo rechaz\u00f3 el planteo de que las autoridades “sancionaron medidas administrativas err\u00e1ticas en violaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n vigente” y puntualiz\u00f3 que “no se encuentran indicios de que la conducta de Argentina fuera arbitraria o irrazonable”.<\/span>\n<\/p>\n Al desestimar los principales argumentos de la empresa, los \u00e1rbitros del CIADI indicaron que Orazul no pudo demostrar que “recibiera un tratamiento diferente al de otros generadore y tampoco ning\u00fan tipo de hostigamiento, coerci\u00f3n, abuso de poder u otra conducta de mala fe por parte del Estado argentino”.\n<\/p>\n Tras darle la raz\u00f3n a la defensa planteada por Argentina sobre el fondo del asunto, el tribunal resolvi\u00f3 que cada parte se haga cargo de sus propios gastos y que afronten en partes iguales las costas, cargos administrativos y honorarios del arbitraje que ascendieron a un total de u$s1.486.422,0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) fall\u00f3 a favor del Estado argentino y rechaz\u00f3 el pago de una indemnizaci\u00f3n de u$s667 millones que hab\u00eda reclamado la firma espa\u00f1ola Orazul Energy, la concesionaria de la central hidroel\u00e9ctrica Cerros Colorados. 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<\/p>\nCu\u00e1les fueron las conclusiones del tribunal<\/h2>\n