28/02/2023
Desde 2020 son incesantes y numerosas las gestiones que la entidad viene realizando a los fines de propiciar una resolución definitiva al tema del uso de la vía pública durante las manifestaciones en el área central. La Cámara de Comercio de Córdoba ha sostenido que el derecho a protestar debe ser protegido, pero sin dejar de considerar que no es absoluto, por lo que puede regularse con la limitación del tiempo, lugar y forma, en beneficio del espacio público; sin intervenir en el contenido de la protesta. La custodia del “orden público” implica tanto la seguridad de quienes protestan como de quienes no lo hacen. La propuesta se ajusta al dictamen del Observatorio de Derechos Humanos del H. Senado de la Nación, respecto del derecho a protestar, adhiriendo a la directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002, a la que cita textualmente.
Con tales fines las autoridades de la Cámara se han reunido en numerosas y reiteradas oportunidades con el Ministerio de Seguridad de la Provincia; con la Policía de la Provincia, Fiscal General, Ministerio Público Fiscal, referentes de la Legislatura Provincial y el Concejo Deliberante; entre otros Dante Rossi (UCR), Juan Manuel Cid (Hacemos por Córdoba), Juan Negri (UCR), María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal). Asimismo, la entidad acompañó el habeas corpus presentado por el Centro Vecinal.
El objetivo de estos encuentros y gestiones siempre fue el mismo: la necesidad de encontrar herramientas para la regulación de la libre circulación, defender el derecho de trabajar y en definitiva, de mantener el orden público, propiciando el armónico ejercicio de todos los derechos, ya que la ausencia de dicha regulación genera un impacto muy negativo en el sector comercial y de servicios.
El presidente de la Cámara de Comercio, José Viale, junto a la directora general, Nadia Villegas, se reunieron hoy con la jefa de Policía de la Provincia, Liliana Zárate Belletti, para continuar trabajando de manera mancomunada con respecto a esta problemática. La entidad reconoce y aprecia los esfuerzos de la autoridad policial actuando en cumplimiento de la normativa vigente, propiciando una modificación de la misma.