
**Una picadora de carne no pregunta qué le ponen. Gira. Lo que entra sale molido, y la máquina queda igual de limpia que antes, lista para el próximo turno.
Hace unos meses escribí en esta columna sobre “el otro robo”. Sostuve que las excepciones nunca se quedan en el caso que les dio origen. Primero alcanzan al imputado, después a quienes investigan y a quienes juzgan. Más de uno lo habrá leído como una advertencia exagerada. Ahora llegó una prueba que viene desde Costa Rica y con fecha de agosto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el caso Moliné O’Connor. El damnificado no fue un justiciable anónimo. Fue un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hombre que había llegado a la cima del sistema necesitó que un tribunal internacional le diera la razón contra ese mismo sistema.
En 2003 la Cámara de Diputados lo acusó por mal desempeño. Los cargos por los que lo destituyeron no le reprochaban coimas ni favores, sino el criterio jurídico de sus votos en una causa. Así lo dijo la Corte Interamericana, que revisó la acusación y concluyó que lo determinante fue la discrepancia de los legisladores con el contenido de sus fallos, en un contexto de motivaciones políticas. La acusación le cuestionó, además, haber convalidado un laudo “so pretexto de ritualismos extremos”. Ritualismos extremos.
Mientras duró el juicio político, el Senado lo suspendió sin goce de haberes. Rechazó sus recusaciones sin dar razones y lo destituyó. Cuando quiso interponer recurso extraordinario, el propio Senado se lo denegó porque sus decisiones no se revisan. Fue en queja a la Corte Suprema, el tribunal que había integrado, y le contestaron que no podían mirar el fondo y que, de todos modos, nadie lo había echado por sus fallos.
Después vino la pensión. Un ministerio se la revocó en 2004. Reconsideración rechazada. Recurso jerárquico rechazado por el Presidente. Demanda contencioso administrativa en 2006. En 2011 la Cámara suspendió el trámite hasta que se pronunciara la Comisión Interamericana, como si un organismo internacional fuera una cuestión prejudicial. Hizo falta que la Corte Suprema revocara esa suspensión en 2013. En febrero de 2014 la Cámara le dio la razón, pero en 2024, más de diez años después, la Corte Suprema resolvió los recursos y rechazó la demanda. Ahí está el ritualismo extremo. No el que le imputaron, sino el que le aplicaron.
La Corte Interamericana condenó al Estado por la destitución fundada en sus sentencias, por suspenderlo sin sueldo y sin fundamento, por la sentencia de la Corte Suprema que convalidó la destitución, por la pensión y por el plazo. Dejó una doctrina clara en cuanto a que un juez puede ser removido si viola la ley a sabiendas, si un delito es el móvil de su decisión o si incurre en negligencia inexcusable. Pero lo que no se puede es removerlo por cómo interpretó el derecho, porque eso es admitir que los jueces duran lo que duran sus fallos en el agrado del poder de turno.
La reparación la van a cobrar su viuda y sus hijos. Porque él no está. Murió el 20 de agosto de 2014. La sentencia que le da la razón lleva fecha del 20 de agosto de 2026, el día en que se cumplían doce años de su muerte y casi veintitrés de su destitución.
Siempre se dijo que la justicia es lenta. Este caso permite precisar cuánto. La demora no es un riesgo del proceso, es una certeza, tan segura como la muerte misma. En este caso llegaron las dos, y en ese orden. Y la paradoja tiene una vuelta más. El sistema que hoy condena a la Argentina por no respetar el plazo razonable tampoco anduvo rápido. La propia Corte Interamericana dejó constancia de que pasaron más de veinte años entre la petición y la llegada del caso a su mesa. El remedio contra la demora también se demoró.
Ahora, el caso obliga a una pregunta. Si un ministro de la Corte, que conocía la casa por dentro y tenía un apellido que abría puertas, obtuvo justicia doce años después de muerto, ¿qué le queda al empleado sumariado? ¿Qué garantía siente que tiene el fiscal que duda antes de molestar a quien no debe? ¿O el juez de primera instancia que lo piensa dos veces antes de fallar contra el poder? ¿Y al justiciable común, que no conoce a nadie?
Quienes operan el sistema suelen ver la demora, el formalismo y la falta de revisión como problemas de otros, y se acostumbran a que la máquina gire. Algunos la alimentan. Y en 2003 muchos aplaudieron.
Pero más dañino que aplaudir es callar por cálculo o especulación. Un juez no necesita que lo amenacen. Basta con haber visto lo que le pasó a otro. La propia sentencia recoge la advertencia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial. Las sanciones con motivación política producen en los jueces un efecto disuasorio que puede influir en el contenido de sus decisiones. El daño no empieza cuando el poder echa a un juez. Empieza cuando los demás aprenden a fallar para no ser el próximo. Nadie les pide que protejan a un colega. Les toca aplicar la ley, que vale lo mismo para un ministro que para un trabajador. Y cuando a ellos les llega el turno, descubren que aquella prudencia no les garantiza ninguna protección. La picadora sigue ahí. Limpia, lista, esperando el próximo turno. Nadie sabe de quién.
(*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
