El proyecto, que obtuvo 237 votos a favor en Diputados, se giró al Senado. Se mantiene, de la ley de emergencia, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) y tener un empleo formal o monotributo
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró como “un paso importantísimo” la aprobación del proyecto en Diputados y destacó que el resultado fue producto de la movilización y la organización del colectivo. Sin embargo, advirtió que todavía resta la aprobación del Senado y que persisten problemas que requieren respuestas urgentes.
Organizaciones sociales, colegios profesionales, prestadores de servicios terapéuticos y educativos, transportistas y agrupaciones de familias que asisten y defienden a personas con discapacidad, señalaron que, en la previa de la sesión, el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo no contemplaba todas las medidas necesarias para equiparar los derechos que había otorgado la Ley de Emergencia.
“No obstante, durante el tratamiento parlamentario, el trabajo de las organizaciones y el diálogo entre distintos bloques permitieron incorporar demandas consideradas fundamentales por el sector”, detalló el Foro en un comunicado.
Remarcó que el avance legislativo “es fundamental”, aunque aclaró que “la emergencia no está superada”. En ese sentido, planteó la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos, asegurar el financiamiento adecuado del sistema y saldar las deudas con los prestadores.
Entre los reclamos que permanecen vigentes también mencionaron el acceso a medicamentos y la implementación de políticas y programas de atención para las personas con discapacidad que continúan sin cobertura en distintas provincias.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado.
Media sanción al proyecto: ¿qué dice?
El proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, aprobado con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, logró el apoyo mayoritario de todos los bloques, con la excepción de un sector de cordobeses y la abstención del Frente de Izquierda.
Los legisladores en votar en contra fueron Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Carolina Basualdo y Juan Brügge -los seis cordobeses de Provincias Unidas; la camporista Gabriela Estévez; la monobloquista Natalia de la Sota; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.
Basualdo explicó: “Los diputados de Córdoba de Provincias Unidas llevamos el expreso pedido y la voz de las organizaciones, las familias y los prestadores de Córdoba, quienes nos solicitaron algo concreto: prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027”, explicó Basualdo.
Y explicó: “¿Por qué la prórroga? Porque la palabra del Gobierno nacional está devaluada. Después del veto, la suspensión y los incumplimientos, la prórroga es lo único que garantiza el pago de las deudas y la protección de cada prestación”.
Cabe señalar, que La Libertad Avanza concedió la incorporación de ratificar la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y la coexistencia de esa mensualidad con otros programas sociales como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Asimismo, el proyecto de ley garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud. También incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes y habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Además, establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas. Del mismo modo, incorpora un mecanismo de notificación fehaciente ante eventuales suspensiones de beneficios, asegurando un plazo de 60 días para que el beneficiario pueda efectuar su descargo y una posterior revisión por parte de la autoridad competente.
Pagos adeudados
A pedido de los bloques aliados y de la oposición dialoguista, el proyecto fija un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores. En ese sentido, establece que dicho esquema deberá ser informado dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y que la cancelación de las deudas no podrá exceder los 90 días desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad.
También la iniciativa incorpora al marco normativo la obligación de otorgar una pensión inembargable a toda persona mayor de 70 años que no se encuentre comprendida en un régimen previsional y cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, establece que el beneficio tendrá un valor equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
Por otra parte, la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad encomienda al Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Discapacidad y del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), el seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas al sector.
La aprobación en Diputados llegó tras intensas reuniones entre organizaciones del sector y representantes de la Iglesia Católica con el oficialismo, y a tan solo dos semanas de la visita prevista del papa León XIV a la Argentina, quien durante su paso por el país visitará el Cottolengo de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.