La entidad informó a sus asociados que podrán adherir a la acción que busca una recomposición de haberes conforme la ley vigente. Según el texto al que tuvo acceso Comercio y Justicia, el miércoles una escribana estará presente en la sede para certificar las firmas. Así, la Asociación se pone al frente de las demandas de miles de magistrados y funcionarios, muchos de los cuales ya habían iniciado el trámite administrativo para reclamar por el incumplimiento. Mientras, Llaryora demora la publicación de la norma que baja dos puntos la alícuota máxima de aportes a la Caja, según la ley 11.087. ¿Recusación masiva a camaristas y al TSJ?.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba (Amfjpc) convocó a sus asociados interesados a adherir a una acción de amparo que presentarán ante la Justicia en reclamo del cumplimiento de la Ley de Equiparación Salarial con el fuero Federal.

La decisión comunicada por la entidad a los asociados de forma interna, esto es sin hacer pública la información, implica en los hechos una determinación de peso en un contexto en el que el ambiente dentro del Poder Judicial de Córdoba era cada vez más tenso, por el descontento de miles de profesionales por la falta de respuesta a las demandas, por ahora vía administrativa, de un conjunto muy representativo de magistrados y funcionarios para exigir que se cumpla con la equiparación.

El tema golpea de manera directa al gobernador Martín Llaryora quien viene demorando la publicación de una resolución que baja de ocho a seis puntos la alícuota máxima de aportes a la Caja de Jubilaciones, conforme lo dispuesto en la reglamentación de la ley 11.087 de emergencia previsional. Tras dos fallos del Tribunal Superior de Justicia, uno a favor de un pasivo y otro de un activo, que ordenan reducir la alícuota máxima a seis por ciento, el mandatario no tiene mayor margen para no modificar la normativa. Sin embargo, tal como anticipó este medio, el alto costo fiscal que supone esa decisión y la complicada situación económico financiera de la Provincia, exigen medir los tiempos para su entrada en vigencia.

La demanda

En cuanto a la presentación de Magistrados, Comercio y Justicia tuvo acceso al texto que envió la entidad a sus asociados.

Con el encabezado “Información de interés”, el escrito dirigido a los “asociados/as” indica: “El Consejo Directivo de la AMFJPC ha decidido contratar profesionales para la promoción de un amparo en reclamo del cumplimiento de la ley de equiparación asumiendo la Institución sus honorarios. Todos los asociados/as activos que han venido expresando su voluntad por la recomposición están convocados a adherir con su reclamo individual asumiendo exclusivamente un porcentaje de honorarios solo en caso de resultar gananciosos (calculado sobre el beneficio obtenido por cada uno) al final de la contienda y las eventuales costas si se decide imponerlas a los amparistas.

El miércoles 7 de octubre una escribana estará presente en la Sede social para certificar sus firmas en la Carta Poder necesaria para acreditar personerías individuales (a cargo de cada asociado/a). Deberán presentarse de 17:00 a 18:00 horas con DNI en mano y la carta poder completa pero SIN firmar, para luego certificar la firma.

Los asociados/as del interior que no pudieran asistir podrán remitir la Carta Poder certificada a nuestra sede hasta el viernes 9 de octubre”, señala el escrito.

En paralelo, también se giró un texto similar que apunta: “DE INTERÉS: Ley de Equiparación Salarial: amparo en reclamo por su cumplimiento”.

En ese escrito se explicita que el amparo será patrocinado por los abogados 

Ley de Equiparación Salarial: amparo en reclamo por su cumplimiento

Guillermo Carena y Roberto Olmedo.

¿Recusación masiva?

Un dato no menor al que accedió Comercio y Justicia es que, en la presentación, se recusarían a los camaristas que intervengan y, llegado el caso eventualmente a todos los miembros del TSJ. Esto porque, según trascendió, consideran que serían “juez y parte” por lo que exigirán a se nombren conjueces para cubrir esos cargos de manera circunstancial y extraordinaria.