Con el pronunciamiento “Autodeterminación y soberanía para Nicaragua”, más de 200 dirigentes políticos, parlamentarios, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos, artistas y activistas encabezados por el expresidente chileno Gabriel Boric llamaron a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina a rechazar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y exigir la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades en el país.

El documento reza: “No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro”, señala.

Entre los firmantes figuran Mario Bergara, intendente de Montevideo y dirigente del Frente Amplio de Uruguay; los exdiputados costarricenses Ariel Robles y Jonathan Acuña, del Frente Amplio; la diputada costarricense Claudia Dobles; la ex relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Antonia Urrejola; el exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão; el presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Breno Bringel; el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta; el exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala Jordán Rodas; la expresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica Carolina Hidalgo y el escritor peruano Santiago Roncagliolo.

Los suscriptores apuntaron a las protestas de abril de 2018 como un punto de ruptura y le atribuyeron a la respuesta del régimen 355 muertes, miles de heridos y el inicio de un nuevo ciclo de encarcelamiento, persecución y exilio.

Mencionaron la cancelación de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, el cierre o confiscación de universidades y medios de comunicación, la persecución contra movimientos sociales y la eliminación de partidos políticos.

Además, plantearon una discusión dirigida particularmente hacia los sectores de la izquierda latinoamericana que continúan asociando al actual gobierno nicaragüense con la Revolución Sandinista. En ese marco, dijeron que “las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista” no pueden utilizarse para justificar la concentración del poder en una familia, la subordinación de las instituciones y la persecución política.

Para los firmantes, la solidaridad con una revolución no puede convertirse en “lealtad incondicional” hacia quienes alguna vez participaron en ella.