El proyecto de biocombustibles se encamina a convertirse en otra nueva iniciativa oficialista en la que voluntad de avanzar no alcanza para superar las discrepancias que se subestiman y que seguirán latentes a lo largo de su tratamiento legislativo.

Patricia Bullrich fue contundente en el último plenario que trató el tema el miércoles pasado: “La semana que viene dictaminamos, y vemos que texto tiene más firmas”.

Acuerdos sobre bioetanol y diferencias por el biodiesel

Con acuerdos sobre bioetanol, aún persisten muchos cuestionamientos sobre como implementar los cambios en el sistema de biodiesel y la idea de separar ambos combustibles fue descartada de forma tajante por la líder libertaria.



Así, posiblemente la semana que viene, en la continuidad de la reunión –paso a un cuarto intermedio-, finalmente se obtenga la firma del dictamen que reclaman a gritos las provincias productoras de caña de azúcar –Jujuy, Salta y Tucumán- y de maíz –Córdoba-, los dos principales insumos del bioetanol.

Será un gesto del oficialismo –al menos de Bullrich y alguno de sus fieles- hacía esas provincias pero, como se viene viendo reiteradamente en el procedimiento legislativo libertario, un dictamen de comisión no siempre representa que el camino esté allanado.

Ejemplos sobran: la Ley Bases en Diputados; la Reforma Laboral -modernización, según LLA- y la recientemente desguazada inviolabilidad de la Propiedad en el Senado, entre otros.



Los antecedentes que generan dudas en el Senado

Un ejemplo más reciente: a principios de junio, ávido de voluntades para blindar al entonces cuestionado Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo le puso las firmas para dictaminar a un proyecto de la chubutense Edith Terenzi sobre aumento de penas para delitos ambientales (ecocidio).

La patagónica es una de las legisladoras ‘del medio’ que puede definir el quórum o una votación para un lado u otro (LLA o PJ). El tiempo pasó y casi tres meses después –con el dictamen juntando polvo en un cajón- la senadora reclamó esta semana que se ponga en debate en la próxima sesión.

“Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones y prácticamente va a ser otro proyecto”, blanqueó días después de firmar el dictamen la senadora Bullrich. Blanqueo de una forma de trabajo que los impulsores de los proyectos energético-agropecuarios no deberían dejar pasar.



“Pero la exministra de Seguridad es la impulsora del proyecto sobre biocombustibles”, responden los más optimistas desde las usinas comunicaciones del sector agropecuario.

Respuesta: a medias, porque en realidad el proyecto sobre Biocombustibles lo presentó y lo motorizó durante todo el año pasado el grupo de senadores encabezado por la tucumana Beatriz Avila, la jujeña Carolina Moíeses y la cordobesa Alejandra Vigo. Es más: si se pone la lupa sobre el texto presentado por la excandidata presidencial, es muy similar al que se venía trabajando con algunas leves modificaciones que sirvieron para justificar la impronta propia.

El rol del Poder Ejecutivo en el proyecto

Otra cuestión que marcan en los pasillos del Senado, y en los conciliábulos previos a las reuniones de comisión, es que el proyecto fue presentado por Bullrich y no por el Poder Ejecutivo.



Lo más militantes en favor de la aprobación del proyecto minimizan el dato pero, si se mira la estadística desde que asumió LLA, el 90% de los proyectos aprobados de a instancia del oficialismo tuvieron origen en el Poder Ejecutivo, que nunca deja pasar la oportunidad de mostrar que un proyecto salió de su seno.

Es cierto que el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, cuando expuso ante la comisión dijo que “desde el Poder Ejecutivo consideramos que es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles“.

Aunque a continuación aclaró que en el caso del biodiésel, la principal preocupación del Gobierno está vinculada al costo para los consumidores. “Antes de la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el biodiesel tenía un costo aproximadamente 80% superior al fósil. Hoy esa diferencia es menor, pero sigue siendo sustancial”, explicó.



El borrador de dictamen y las diferencias dentro del oficialismo

Esta cuestión referida al corte de biodiesel parace haberse zanjado en el borrador de dictamen con el que llegó Bullrich a la última reunión de comisión, y que fue leído de forma entusiasta por el exradical y ahora libertario Pablo Cervi.

El texto era un borrador que contenía supuestos acuerdos con otros actores legislativos, pero que, curiosamente, el saliente presidente de la comisión, el radical Flavio Fama (UCR) y la flamante designada en ese cargo, Flavia Royón (Por los salteños), desconocían.

En otra cuestión que sumó más confusión al tratamiento, ambas autoridades se mostraron sorprendidos porque apenas empezada la reunión del miércoles pasado, el libertario chaqueño Juan Godoy pidió un pase a cuarto intermedio para seguir estudiando el tema.



Minutos después llegó Bullrich y planteó la necesidad de avanzar y de cerrar el tema con la redacción del dictamen, ante los reclamos de norteños y cordobeses.

Diferencias en la estrategia oficialista que, al parecer, no habían sido coordinada previamente.

Erróneamente, muchos de los que bregan por el avance del proyecto interpretaron que ese pedido de postergación lo había impulsado el peronista puntano Fernando Salino, quien sólo expreso a posteriori que coincidía con la solicitud de Godoy.



Ganadores y perdedores del nuevo esquema

En este contexto, posiblemente la próxima semana esté el dictamen con “ganadores y perdedores”, según lo anticipado por Bullrich.

Las perdedoras serán las provincias con plantas de biodiesel de pequeña y mediana escala, como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, además de Santa Fe, que también tiene a las de las grandes exportadoras.

Provincias perdedoras que no tienen mayor peso en el Senado, donde las 24 jurisdicciones tienen la misma representación, pero que serán claves en Diputados, donde tienen un número mucho más fuerte y determinante.



Ese dato también es mirado con atención por referentes de La Libertad Avanza porque no es un buen momento para perder aliados de cara a otros debates como reforma política, Presupuesto 2027, Super Rigi o Zonas Frías.

Qué se vota

La propuesta oficialista con más posibilidades de convertirse en dictamen de mayoría contempla que el corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasa de 7,5% a 10%, y el de bioetanol en las naftas, de 12% a 15%.



En ambos casos, la suba regirá a los doce meses de sancionada la ley; y para bioetanol se mantienen 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz; el porcentaje restante queda sin restricción de materia prima.

El texto también establece el cumplimiento mensual del corte obligatorio se canaliza a través de un sistema de subastas en un mercado electrónico único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. Elaboradores y mezcladores ofertan precio y volumen, y también pueden acordar contratos a término de libre negociación.

En cuanto a los precios, se reemplaza el esquema de ‘máximos’ por ‘de referencia’ calculados según la paridad de importación; es decir, el costo de reemplazar la oferta local por un producto importado equivalente.



El precio de mercado es libre: si supera esa referencia, puede activarse el mecanismo de excepción previsto en la ley, que habilita autorizar importaciones.

Sobre la política para evitar la concentración, en bioetanol, ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del volumen anual comercializado en el corte obligatorio.



En biodiesel, el tope por empresa y por grupo económico es del 14% dentro del segmento de empresas no integradas.

Además, la autoridad de aplicación podrá pedir la intervención del organismo de defensa de la competencia ante indicios de prácticas prohibidas.



En relación a los volúmenes que excedan la mezcla obligatoria son de libre comercialización y consumo, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden crear regímenes propios de fomento para bocas de expendio con cortes más altos.

Según las últimas modificaciones introducidas al texto, el combustible sostenible de aviación quedará como de comercialización libre y exceptuado de los cortes obligatorios.

Por último, el proyecto fija un período de transición para el mercado de biodiesel que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2031 y durante los próximos cinco años se reordena, año a año, cómo se reparte el corte obligatorio.



El volumen reservado al segmento de empresas no integradas -que hoy equivale a la totalidad del corte del 7,5%- baja de manera gradual: 6,5% cuando entre en vigencia el corte del 10%, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031.

En paralelo crece la porción de negociación libre, abierta a todo el mercado, que va del 3,5% al 7% en el mismo período.

El co-procesamiento de materias primas no fósiles en refinerías se incorpora con topes anuales que van del 0,5% al 2%, y puede computarse a cuenta del corte obligatorio hasta un máximo del 3%.



Las provincias que mantienen la resistencia a este texto son las que poseen productoras de biodiesel no integradas: San Luis, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.

Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos.

+ Agregar