Pablo Carlos Molina deberá cumplir cuatro años de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica. Utilizó una causa por narcotráfico para pinchar los teléfonos de su pareja y del hombre con quien sospechaba que lo engañaba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó de forma definitiva la condena a cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos contra Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal de Corrientes, tras confirmarse que utilizó una causa por narcotráfico para espiar de manera ilegal a su esposa y a un hombre con quien creía que ella tenía un vínculo afectivo.​

Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible el recurso de queja impulsado por la defensa del exfuncionario.

De este modo, la sentencia por abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público quedó firme.​Los hechos se remontan a 2014, cuando Molina estaba a cargo de la Secretaría Penal N° 2.

Para llevar a cabo el espionaje, el exfuncionario elaboró un documento formal con membrete del juzgado, logró la firma del entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila e intervino la Gendarmería Nacional para ordenar las escuchas sobre los teléfonos de su pareja, Carolina Etel Codutti, y de un prestamista llamado Norberto Sucatzky.

La maniobra se justificó falsamente dentro de un expediente de tráfico de drogas.​Las directivas del exsecretario exigían un monitoreo las 24 horas durante un mes, con la indicación expresa de que las grabaciones no debían ser transcriptas ni abiertas, sino entregadas directamente en sobres cerrados a su propia oficina. Las intervenciones se ejecutaron entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.

​El procedimiento irregular se descubrió en marzo de 2019, durante una auditoría e inventario en la sede judicial que permitió hallar 28 discos compactos con las conversaciones captadas.

Al analizar el material, los investigadores comprobaron que las líneas telefónicas no tenían relación alguna con el caso de narcotráfico al que se las había vinculado.​Asimismo, dentro de los archivos encontrados se detectaron llamadas en las que Molina agredía verbalmente y amenazaba a su esposa, motivo por el cual ese tramo de las actuaciones fue derivado a los tribunales del Chaco, jurisdicción de residencia de los involucrados.​

Al momento del hallazgo, Molina ya había sido desplazado de sus funciones e investigado en una causa paralela de mayor magnitud, en la cual fue condenado junto al exjuez Soto Dávila por el cobro de sobornos a cambio de resoluciones favorables a redes delictivas.

Tras haber sido sentenciado por las escuchas ilegales en 2025 y ver confirmada la pena por la Cámara Federal de Casación Penal en abril pasado, el rechazo final de la Corte Suprema dejó agotadas todas las instancias de apelación.