La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso planteado por la defensa del exsubsecretario de Planificación Federal. El proceso busca determinar el origen de su patrimonio entre 2003 y 2015
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la continuidad de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante las gestiones kirchneristas.
La decisión frena el intento de la defensa por dar por cerrado el caso y mantiene habilitado el trámite en la justicia federal.
La resolución, dictada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, declaró inadmisible la presentación del exfuncionario.
De esta manera, el expediente retornará al juzgado de primera instancia para proseguir con el desarrollo de las medidas de prueba pendientes.Inmuebles, vehículos y divisas bajo la lupaLa investigación se puso en marcha en 2017 con el objetivo de auditar la evolución económica de Baratta durante su paso por la función pública, abarcando el período 2003-2015.
Los investigadores analizan el origen de diversos activos, entre los que figuran:Propiedades inmuebles registradas a su nombre o de terceros que habrían actuado como prestanombres.Vehículos de alta gama.
Tenencia de dinero en efectivo en moneda extranjera.
Pese a que el juez federal Ariel Lijo dispuso su citación a indagatoria a fines de 2021, la declaración aún no se concretó a la espera de los resultados de un peritaje contable integral sobre el patrimonio del imputado.
El rechazo al pedido de prescripción
Frente a la solicitud de los abogados defensores, quienes reclamaron la prescripción de la causa invocando el agotamiento de los plazos razonables de juzgamiento, el tribunal ratificó la validez del proceso.
Los magistrados sostuvieron que las causas ligadas a presunta corrupción estatal revisten una elevada complejidad técnica, lo que exige el análisis riguroso de documentación financiera y la realización de peritajes especializados.
Asimismo, al rechazar el recurso extraordinario con el que la defensa pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia, la Casación remarcó que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva ni demuestra una afectación a garantías constitucionales, encuadrando el reclamo en una mera discrepancia con la interpretación de los jueces.