Los productores arroceros se debaten entre seguir adelante con márgenes por el piso o tomar la dura decisión de no sembrar en la próxima campaña que se iniciará a mediados de septiembre. A esa encrucijada fueron llevados por un doble impacto: costos de los combustibles y fertilizantes en fuerte ascenso, por un lado, y precios de venta estancados, por el otro.  

“Después de una segunda campaña con márgenes por el suelo, los pequeños y medianos productores van a achicar la siembra“, dijo a El Economista Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos. “En nuestra asociación, que nuclea aproximadamente a la mitad de los productores de la provincia, el 8% ya tiene definido que no va a sembrar en la próxima campaña”, agregó. 

La combinación de una mayor superficie implantada y buenas condiciones climáticas impulsaron la producción arrocera durante la campaña 2024/2025, al punto que con más 1,7 millones de toneladas se transformó en la segunda con mayor volumen de los últimos 15 años. Sin embargo, los factores positivos se revirtieron en el último año y medio. 



Por un lado, los precios internacionales, en los que se referencia el mercado local, cayeron con fuerza. Luego de restricciones a las exportaciones con el objetivo de recomponer la oferta interna, India, el principal exportador mundial, volvió al mercado internacional, lo que, sumado a cosechas record en el resto de Asia, provocó una sobreoferta. Con eso, los precios cayeron al nivel más bajo desde 2017. 

Ese descenso llegó en el peor momento para los productores locales. La falta de acceso al crédito ante niveles de tasas de interés que se dispararon a partir del tercer trimestre del año pasado forzó a muchos arroceros a malvender su producción inmediatamente tras la cosecha entre febrero y abril pasados. Eso deprimió aún más los precios. Actualmente, a los productores locales se les paga entre 250 y 270 pesos por el kilo de arroz cáscara -el grano tal cual se lo cosecha-, un valor que es prácticamente el mismo que percibían el año pasado. Con eso, según el último “Semáforo de las Economías Regionales” elaborado por Coninagro, el productor arrocero está recibiendo apenas el 16% del precio final que paga el consumidor, 3 puntos porcentuales por debajo de su promedio histórico. 

A la debilidad de los precios se sumaron costos en alza, sobre todo el del combustible en un cultivo que requiere entre 400 y 600 litros de gasoil por hectárea. A comienzos de año, las proyecciones en el sector apuntaban a un costo de unos 1.500 pesos por litro de combustible, pero los efectos de la guerra en Medio Oriente lo terminaron impulsando hasta 2.400 pesos. Con ese salto, el combustible pasó de representar algo más del 30% de los costos a más del 50%. A eso se agrega el fuerte incremento del precio de la urea y de los fertilizantes fosforados que se utilizan para cultivar arroz. 



Esas condiciones llevaron a que el rinde necesario solo para cubrir los costos de producción se ubique entre los 11.500 y 12.000 kilos por hectárea, una cifra que está muy por encima de los cerca de 9.000 kilos en promedio que alcanzan con condiciones climáticas favorables los productores arroceros en Entre Ríos. 

“Aunque uno sea excelente produciendo, no cierran los números“, dijo a El Economista Luciano Challio, productor arrocero y presidente de la Federación Agraria filial San Salvador, Entre Ríos. “El aumento de los costos nos dejó a los pequeños y medianos productores sin capital de trabajo para afrontar esta próxima campaña; empresas grandes tienen otras espaldas, pero nosotros tuvimos que desprendernos del arroz a precios bajos para poder pagar las cuotas”, añadió.



La crisis de rentabilidad manda y muchos productores en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, las provincias donde se concentra gran parte del cultivo del arroz, prevén reducir el área de siembra. Solo en Entre Ríos se proyecta para la campaña 2026/2027 la peor retracción de siembra en 26 años con una caída del 20% en la superficie implantada. Con eso, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos proyectó una caída del 30% en la cosecha de arroz respecto a la campaña anterior. 

Efectos sociales y la pared del gobierno

La caída de la siembra y de la producción impacta con fuerza sobre el movimiento económico y el empleo en departamentos como San Salvador, Villaguay y Concordia, en Entre Ríos; Mercedes, Curuzú Cuatiá y Berón de Astrada, en Corrientes; y San Javier y Garay, en Santa Fe. “El cultivo del arroz ocupa cuatro veces más personal en comparación con la siembra de maíz o soja“, dijo Challio. 

La cadena arrocera se inicia con los productores, pasa a las plantas de secado para reducir la humedad del grano y de ahí va a los molinos, donde se procesa y envasa para su comercialización. En ese proceso intervienen, por ejemplo, los aguadores, quienes se encargan de administrar y conducir el agua de riego. A eso se agregan los bombistas, trabajadores que operan, supervisan y mantienen los sistemas de bombeo de agua, una tarea clave dado que el riego constante determina el rendimiento del cultivo. Ese tipo de labores se transmite de generación en generación, por lo que la pérdida de ese personal se vuelve difícil de recuperar. 



Sin embargo, los recortes ya comenzaron. “Si se dejaran de sembrar 8.000 hectáreas, se perderían 100 empleos directos solo de aguadores“, dijo García. “A eso hay que sumarle los talleres, el transporte y todo el empleo indirecto: si por cada 100 hectáreas se necesitan más o menos 4 personas, la pérdida de empleo será grande”, agregó.

Aunque con un impacto menor, los recortes también amenazan con llegar al sector industrial. “Algunos molinos, al ver que en la próxima campaña no van a tener el mismo volumen de materia prima para seguir produciendo, también empezarán a despedir personal”, señaló Challio.   



Para completar un panorama sombrío, a la muy desfavorable ecuación de precios y costos se suman malas perspectivas climáticas. Durante la campaña pasada, el clima jugó a favor: el fenómeno de La Niña trajo cielos despejados y altos niveles de radiación solar. Con eso, los rendimientos alcanzaron niveles históricos. 

Sin embargo, para el ciclo actual, el panorama meteorológico es el inverso a partir de la llegada de El Niño. Los pronósticos de precipitaciones por encima de lo normal entre noviembre y marzo se suman a la mayor presencia de nubes, lo que reduce la radiación solar, un elemento clave para el arroz durante su etapa de floración y llenado de granos. De acuerdo con los registros históricos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en las últimas campañas influenciadas por El Niño (2015/16, 2018/19 y 2023/24), el rendimiento promedio cayó a unos 7.000 kilos por hectárea, una baja del 13% frente a ciclos óptimos.

Ante este escenario complejo, los productores arroceros vienen buscando sin suerte una respuesta del gobierno nacional. “Estamos pidiendo financiamiento a tasas razonables: hoy estamos accediendo a crédito a una tasa del 38% anual, que es un salvavidas de plomo”, dijo Challio, de la Federación Agraria. “Pedimos que la tasa se acerque a un 25% con un plazo de dos o tres campañas para tener algo de oxígeno y poder pagar, pero si bien hemos tenido reuniones, no hubo respuesta ni del gobierno nacional ni del Banco Nación: si no hay una decisión política, no pasa nada, vamos a Buenos Aires y nos chocamos contra una pared”, agregó. 



Sin una visión estratégica por parte de las autoridades, el sector arrocero podría desaprovechar una nueva oportunidad que asoma en el horizonte. La escasez de oferta en países clave como Tailandia y el temor a daños en las próximas cosechas debido a El Niño viene impulsando el precio internacional del arroz. 

“La expectativa es que la campaña que viene va a ser muy buena en término de precios: el arroz cáscara ya está empezando a aumentar y el que tenga espaldas para aguantar quizás pueda recibir en un mes 400 pesos por kilo”, dijo Challio. “Pero sin una respuesta del gobierno, lamentablemente los pequeños y medianos productores nos quedamos sin capital de trabajo para afrontar la próxima campaña y no podremos aprovechar esa oportunidad”, concluyó.

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