La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente tras la destitución del fiscal general Karim Khan, removido de manera inmediata luego de que una funcionaria del tribunal presentara una denuncia formal por agresión sexual.
La información detalló que el caso derivó en la intervención del Comité de Ética y en una decisión urgente de la Asamblea de Estados Parte, responsable de supervisar la conducta de los altos funcionarios del organismo.
De acuerdo a la denuncia, el episodio ocurrió en un contexto laboral dentro de la CPI y fue elevada a las autoridades internas del tribunal, que consideraron que existían elementos suficientes para activar un procedimiento disciplinario.
La gravedad del caso llevó a los Estados parte a optar por la remoción inmediata, en lugar de una suspensión temporal, para evitar que el fiscal continuara en funciones mientras avanzaba la investigación.
Medios europeos como Le Monde y Der Spiegel ampliaron el cuadro y señalaron que la decisión fue precedida por intensas consultas diplomáticas entre varias cancillerías preocupadas por el impacto institucional del escándalo.
Según esas publicaciones, algunos países defendían la necesidad de preservar la presunción de inocencia, mientras otros advertían que mantener a Khan en el cargo habría dañado la credibilidad de la Corte en momentos en que tramita causas de alto perfil, como las órdenes de arresto contra dirigentes de Rusia, Israel y Hamas.
La BBC y The Guardian recordaron que Khan, elegido en 2021 para un mandato de nueve años, había impulsado investigaciones de fuerte impacto político, entre ellas las relacionadas con Ucrania y Palestina. Su salida obliga ahora a activar un mecanismo de sucesión extraordinario, que podría incluir la designación de un fiscal interino mientras la Asamblea de Estados Parte inicia un proceso acelerado para cubrir la vacante.
En América Latina, diarios como El País de Uruguay y El Tiempo de Colombia destacaron que la destitución ocurre en un momento clave para la región, donde varios países siguen con atención las actuaciones de la CPI en investigaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos. La salida de Khan podría reconfigurar prioridades internas y afectar el ritmo de expedientes abiertos sobre Venezuela, Colombia y Centroamérica, dependiendo del perfil del sucesor.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional celebraron la rapidez del procedimiento y remarcaron que la CPI debe aplicar sus estándares éticos sin excepciones. Sin embargo, advirtieron que el caso no debe ser utilizado por gobiernos críticos del tribunal para desacreditar su labor ni para justificar intentos de recortar su independencia.