El Senado debate uno de los capítulos más sensibles de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: una reforma integral del régimen de tierras rurales. El proyecto habilita la compra de campos por parte de extranjeros, pero impone restricciones especiales a estados y empresas bajo control público, en medio de la preocupación por el avance de capitales chinos sobre recursos estratégicos en Argentina.
Quiénes podrán comprar tierras rurales
La iniciativa reconoce a personas físicas y jurídicas extranjeras el derecho a adquirir inmuebles rurales, aunque establece límites y controles específicos. Las provincias conservarán la jurisdicción sobre sus territorios, mientras que el Poder Ejecutivo nacional intervendrá en determinadas operaciones.
Los principales puntos del proyecto son:
- Los estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales.
- Las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización nacional y provincial.
- Se mantendrán controles especiales en zonas de frontera.
- Los derechos adquiridos antes de la sanción de la ley no serán afectados.
El límite a empresas vinculadas con otros gobiernos
La prohibición alcanza no solo a los estados extranjeros, sino también a compañías controladas directa o indirectamente por ellos. Estas empresas únicamente podrán avanzar con una compra si cuentan con la autorización expresa de la provincia donde se ubique el campo y del Gobierno nacional.
El proyecto incorpora además el mecanismo de silencio administrativo: si las autoridades no responden dentro de los plazos establecidos, la operación se considerará aprobada una vez transcurridos 180 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Controles para evitar maniobras y compras encubiertas
El texto busca impedir que se utilicen personas o sociedades como pantalla para ocultar al verdadero comprador y eludir las restricciones. En esos casos, la maniobra será considerada fraudulenta y podrá recibir las sanciones previstas por la nueva normativa.
Para las tierras ubicadas en zonas de seguridad fronteriza, los requisitos serán todavía más estrictos. Los compradores extranjeros deberán obtener el aval tanto de la provincia involucrada como del Poder Ejecutivo nacional, aunque también regirá la aprobación automática si no existe una respuesta dentro del plazo correspondiente.
El temor al avance de capitales chinos
Aunque el dictamen no menciona expresamente a China, el trasfondo geopolítico atraviesa toda la discusión. La preocupación creció después de que Beijing ordenara a sus empresas en el exterior priorizar la legislación china por encima de las normas locales, una directiva que generó inquietud ante posibles compras de tierras estratégicas por compañías con respaldo estatal.
Los defensores de la reforma sostienen que permitirá atraer inversiones privadas sin resignar soberanía, mientras que sus críticos advierten que las nuevas trabas podrían desalentar proyectos productivos legítimos. El capítulo promete convertirse en uno de los puntos más disputados del debate parlamentario por su impacto económico, territorial y diplomático.
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