jueves, 16 julio
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El Senado debate la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y el nuevo régimen de desalojo exprés

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En una sesión que estuvo en duda hasta el último momento, el oficialismo logró el quorum necesario en la Cámara alta para tratar el proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa intenta eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y agilizar los mecanismos judiciales de desalojo. La jornada legislativa también incluye el tratamiento de 36 pliegos judiciales para cubrir vacantes en los tribunales federales.

El eje central del proyecto de tierras elimina los topes a la adquisición por parte de ciudadanos extranjeros, delegando en las provincias la potestad de autorizar las ventas. Si bien se mantiene la prohibición para que compren Estados extranjeros o empresas públicas de otros países —salvo autorización expresa provincial y nacional—, la norma introduce la figura del “silencio administrativo”: si no hay objeciones oficiales en un plazo de 180 días, la compra quedará firme. Para las zonas de frontera, se requerirá el aval del Gobierno nacional, provincial y del Congreso.

En cuanto a las usurpaciones y alquileres, el texto propone un sistema de “desalojo exprés”. Ante una ocupación ilegal o tenencia precaria, un juez podrá ordenar la restitución del inmueble en un plazo de 72 horas si el propietario acredita su titularidad. Para los inquilinos con deudas, tras una intimación de 10 días para regularizar el pago, el propietario quedará habilitado para iniciar un juicio de desalojo que deberá resolverse en un máximo de 10 días hábiles. En casos que involucren a menores o personas vulnerables, la justicia dará intervención a los organismos de protección, que tendrán 10 días para garantizar una alternativa habitacional antes de proceder.

Finalmente, el oficialismo busca dar luz verde a 36 nombramientos judiciales. Entre ellos destaca la prórroga por cinco años para el camarista Víctor Pesino —quien está próximo a cumplir la edad límite de 75 años— y la designación de Juan Rodríguez Ponte para el juzgado de Lomas de Zamora, tribunal que tiene a su cargo la causa contra Martín Insaurralde.

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