El Gobierno avanzó con una reforma del sistema de transporte de gas natural en Argentina, eliminando distorsiones tarifarias y estableciendo un nuevo esquema de precios para las obras de infraestructura, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/26, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida se da en el marco de la emergencia energética y en plena época de exigencia del sistema ante el aumento de la demanda por las bajas temperaturas, que deriva en cortes del suministro a estaciones de servicio e industrias.

La normativa deroga el Decreto 689/02, dictado durante la crisis de 2002, que excluía a las tarifas de transporte de gas para exportación y a ciertos contratos de compraventa del régimen de pesificación, permitiendo que mantuvieran sus precios en moneda extranjera.

Al argumentar la eliminación, el Ejecutivo explicó que ese tratamiento excepcional respondió a circunstancias de emergencia ya superadas, por lo que consideró que actualmente “carece de justificación en el marco regulatorio vigente”.

En este sentido, sostuvo que “genera distorsiones en los precios y tarifas a pagar por parte de los cargadores del sistema de transporte”, ya que la infraestructura utilizada está en territorio nacional y debe remunerarse bajo criterios homogéneos respecto del resto de las capacidades de transporte.

Al puntualizar en el Gasoducto Perito Moreno (GPM), la norma establece que, una vez habilitadas las obras de ampliación, específicamente el tramo que une Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires), todos los cargadores del ducto deberán pagar un precio unificado.

Este precio se calculará como un promedio ponderado entre:

El precio de la capacidad actualmente contratada.

El nuevo precio de la capacidad incremental, derivado de la licitación pública de las obras de ampliación propuestas por Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Para evitar saltos bruscos en los costos, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) está facultado a implementar un escalonamiento entre los valores actuales y el nuevo precio unificado.

La reforma se inscribe en un proceso de reconfiguración del sistema que comenzó a aplicarse el 1 de mayo de este año, considerando que “resulta imprescindible dotar de inmediata certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas vigentes, evitando así perjuicios y una eventual parálisis de la actividad privada”.