La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un procedimiento de fiscalización sobre Matías Tabar, empresario de la construcción que semanas atrás aportó información ante la Justicia en una investigación vinculada con la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El requerimiento incluye documentación relacionada con ingresos, actividad comercial, operaciones económicas y movimientos patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025. También incorpora pedidos específicos sobre trabajos realizados en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Qué documentación solicitó ARCA
Según la notificación enviada al empresario, el organismo pidió información vinculada con la actividad económica desarrollada durante los últimos dos años, incluyendo registros de facturación, operaciones comerciales, compras a proveedores y respaldo documental de distintas obras ejecutadas.
Además, requirió explicaciones sobre diversas operaciones patrimoniales, entre ellas adquisiciones de vehículos, movimientos societarios y el origen de fondos utilizados para determinadas transacciones financieras realizadas durante 2024 y 2025.
La presentación de la documentación deberá concretarse dentro del plazo fijado por el organismo, que estableció un máximo de diez días para responder al requerimiento.
La intimación llegó tras su declaración judicial
La fiscalización tomó relevancia pública debido a que se produjo después de que Tabar declarara ante la Justicia en el expediente que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
Tras conocerse la medida, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial en la que cuestionó el impacto que podría tener la actuación del organismo sobre el desarrollo de la investigación.
“La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial“, señaló Pagano en su presentación.
La legisladora también puso el foco en la dependencia administrativa del organismo respecto del Poder Ejecutivo y afirmó: “La cabeza de coordinación administrativa general la ejerce uno de los funcionarios cuya situación patrimonial se investiga en autos”.
En el mismo escrito agregó que la situación “amedrenta a quienes ya declararon y disuade a quienes podrían hacerlo, comprometiendo la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar”.
Qué información aportó Tabar sobre las remodelaciones
A comienzos de mayo, el empresario compareció ante la Justicia y brindó detalles sobre una serie de trabajos realizados en una vivienda ubicada dentro del country Indio Cuá.
Durante su exposición, describió un proceso de remodelación que se desarrolló durante varios meses y que, según declaró, implicó una inversión total de u$s245.000.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, las tareas comenzaron en septiembre de 2024 y finalizaron en julio de 2025. Las intervenciones alcanzaron diferentes sectores de la propiedad e incluyeron mejoras y reacondicionamientos en áreas interiores y exteriores de la vivienda.
Cómo se habrían realizado los pagos
En su declaración, Tabar sostuvo que el costo total de la obra fue abonado en dólares y que los pagos se realizaron en dos etapas.
Según relató, durante 2024 se efectuó una primera entrega por u$s55.000, mientras que el saldo restante, equivalente a u$s190.000, fue cancelado a lo largo de 2025.
La información aportada por el empresario forma parte del material que analiza la Justicia para reconstruir los movimientos económicos vinculados con la obra.
Alquiler temporal y entrega de pruebas
Otro de los datos incorporados al expediente refiere a la situación habitacional durante el período en que se realizaron las reformas.
Según la declaración de Tabar, mientras avanzaban los trabajos se habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country, operación que, de acuerdo con su testimonio, demandó un desembolso cercano a los u$s13.000.
Además, el empresario entregó su teléfono celular para ser incorporado a la investigación y aportó información sobre proveedores, contratistas y trabajadores que participaron en las distintas etapas de la remodelación.
La documentación presentada busca permitir a los investigadores reconstruir el desarrollo de la obra, verificar la consistencia de los pagos informados e identificar a las personas que intervinieron en los trabajos realizados en la propiedad.